POR NURIA ROLDÁN-ARRAZOLA *

Las modificaciones previstas en el sistema educativo por el Partido Popular (PP) vuelven a poner de manifiesto el gusto español por el tejer y destejer, al igual que Penélope con su manto, tejiendo durante el día lo que desteje por la noche a la espera del regreso de su esposo.

El asunto aquí es algo más complejo, pues no resulta fácil dilucidar el camino para llegar a Ítaca o si Ítaca sigue estando en las mismas coordenadas geopolíticas.
Lo cierto, la verdad, es que la enseñanza requiere de un manto estructural que ordene unos procesos que son de larga duración y éstos no pueden definirse ni desarrollarse sin unas condiciones mínimas de estabilidad, sosiego y permanencia en el tiempo.

En los últimos 26 años se han promulgado cuatro leyes orgánicas (LODE, 1985; LOGSE, 1990; Lopege, 1995; LOCE, 2003, y LOE 2006), y el actual Gobierno español, presidido por el popular Mariano Rajoy, con mayoría absoluta en las Cortes, ya anunció, en boca del propio Rajoy y cuando incluso estaba en la oposición, su voluntad de derogar la actual ley de educación y así promulgar una nueva.

Las últimas declaraciones del titular del ramo, aunque no explicitan el cambio de norma, sin embargo sí parecen vislumbrar un horizonte de cambios de hondo calado, que, sin nombrarlos, antecedan a un nuevo marco normativo.

Sin entrar en la polémica de la convocatoria de oposiciones, cancelación de temarios o cuotas de reposición de jubilaciones, cuestiones que responden, desde mi punto de vista, a unos cálculos electorales y a la falta de lealtad institucional de unos y otros, quisiera poner el angular en analizar los sucesivos cambios del marco normativo, los altos niveles de fracaso escolar y las perversiones de un sistema dual de conciertos que tiene atrincherados a los agentes educativos y que hace imposible un entendimiento para salir de la situación general de desconcierto que se detecta en el sistema.

PROGRESO CUALITATIVO

Decir que nuestro sistema educativo es fruto del sistema productivo es algo reduccionista. Se hace necesario ampliar la base del análisis para la incorporación de elementos sociales y políticos de gran envergadura.

Ignorar los logros alcanzados por la LGE de los años setenta y el intento de tirar por tierra todos sus avances por el mero hecho de ser una ley franquista, que, dicho sea de paso, no lo fue en sentido estricto, fue uno de los elementos que llevo a la progresía de los ochenta a no entender que la función fundamental de un sistema educativo es promover el desarrollo neutralizando las desigualdades sociales, pero que éstas no se dinamitan, sino que se van disolviendo de forma progresiva y sostenida.

Por ello, el consenso en el sistema se hace necesario para dar estabilidad a éste. Igual que no se puede decretar la igualdad, no es recomendable promover un sistema fundamentado en principios ideológicos carentes del suficiente contraste teórico.

El progreso cuantitativo no es suficiente para las sociedades democráticas, sino que debemos perseguir un progreso cualitativo, y éste sólo se consigue aumentando la calidad y la eficacia de la enseñanza.

De hecho lo que está ocurriendo en nuestra sociedad es que en nombre del principio de comprensividad estamos creando un sistema de doble dirección en el que las familias que económicamente pueden permitírselo huyen del sistema público al sistema concertado por considerar que éste asegura un mayor rendimiento escolar y académico del alumnado.

Es decir, la pretendida igualdad del sistema produce una distorsión en sí misma, beneficiando a una parte de la población, la que, teniendo recursos económicos suficientes, opta por una red concertada que tiene la gran ventaja de que siendo centros de titularidad privada son financiados con los presupuestos generales del Estado y responden a un mecanismo de control mucho menor que los centros de titularidad pública.

O sea, que estamos subvencionando y perseverando en la desigualdad en nombre de la igualdad.

Esta contradicción in terminis está poniendo de manifiesto grandes dosis de hipocresía, no sólo del modelo, sino también de las familias.

Reafirmar la necesidad de un sistema educativo público es el marco general de este análisis, pero la necesidad de revisar el principio de comprensividad entendido como que todo el alumnado debe tener la misma educación en contenidos en la misma aula debe ser discutido.

No podemos entender la comprensividad de la misma forma en la educación Primaria que en Secundaria o en Bachillerato.

Si admitimos que ser igual no es hacer lo mismo, y que la diversidad está en diversidad de destrezas e intereses, parece razonable diversificar los itinerarios y crear pasillos lo más holgados posible entre ellos.

CARRERA PROFESIONAL DOCENTE

Definir una carrera profesional docente parece imprescindible si se quieren aumentar los niveles de eficacia y rigor en el sistema educativo. La eliminación y reaparición de las categorías profesionales docentes ha sido más el producto de las biografías de las élites políticas, de los gestores educativos, que el producto de un análisis riguroso o comparado de nuestro entorno europeo, a pesar de la declarada europeidad de nuestros políticos. No encontraremos ningún sistema educativo europeo que tenga menos gradación de los profesionales de la educación que el sistema español.

La perversidad de la teoría de la sospecha defendida por los sindicatos de la enseñanza ha hecho impracticable lo que es una realidad en cualquiera de nuestros vecinos europeos: que la equidad laboral no consiste en que todos cobren lo mismo, a pesar de que, de facto, no todos los docentes tienen las mismas capacidades, intereses, expectativas o dedicación a la enseñanza.

Lo cierto y verdad es que la administración educativa sólo valora los méritos como categorías cuantificables, lo que está provocando una proletarización del profesorado y una expulsión de los mejores del sistema educativo.

La patrimonialización del Estado por parte de las fuerzas políticas y sindicales está produciendo una dinámica en la que los cuerpos profesionales han perdido hegemonía en aras de unos sindicatos que miran más por su subsistencia que por la calidad del sistema.

Unos sindicatos educativos que no saben resolver el conflicto entre la defensa de los derechos civiles y la defensa de los derechos de los trabajadores.
Es decir, que no han asumido su condición de centrales sindicales fruto de las luchas por los derechos civiles y se han quedado en entidades meramente laboralistas fruto de situaciones históricas ya superadas.

Es imprescindible que la presencia sindical sea reequilibrada y que se potencie la presencia de cuerpos profesionales donde el mérito sea medido en términos de capacidad y competencia profesional, facilitando la movilidad y la progresión entre ellos, e integrando a los profesionales de la educación en todos sus ámbitos y facilitando el trasvase entre los ámbitos no universitarios y universitarios.

EVALUACIONES EXTERNAS

Hay que entender que nuestro sistema educativo, además de crear ciudadanos autónomos capaces de pensar por sí mismos con independencia de las hegemonías políticas, tiene también la función de certificar conocimientos y validar a los ciudadanos para el desarrollo profesional.

Se hace necesario pues unas evaluaciones externas que aseguren el rigor y la objetividad del sistema. Todo nuestro entorno europeo cuenta con sistemas de certificación por parte de un cuerpo público de profesionales especializados en la labor de evaluación, que sistematizan las pruebas y las perfeccionan continuamente asegurando la homogeneidad de los niveles, de los conocimientos y, por lo tanto, del sistema.

SELECCIÓN DEL PROFESORADO

Teniendo en cuenta nuestro sistema mixto de centros de titularidad pública sostenidos con dinero público y centros de titularidad privada sostenidos, de igual forma, por fondos públicos, habría que equipar las condiciones del ejercicio de la profesión docente en ambos casos, instalando un sistema de inspección muy rigurosa que asegure el desarrollo de los convenios educativos que estén acordes al derecho.

Teniendo en cuenta que los actuales sistema de oposición no responden a la capacidad de los profesionales, sino a confusos y dificultosos sistemas de ordenación protocolaria decididos por espurios acuerdos entre los sindicatos educativos y los gestores políticos, se haría imprescindible implantar un sistema de acreditaciones profesionales lo más riguroso posible y lo más alejado de los intereses de los territorios, y que asegure la capacitación de los profesionales y la posibilidad de movilidad de éstos dentro del sistema mixto en el que estamos inmersos.

DEFINIENDO ÍTACA

Habiendo dejado a nuestra tejedora en Ítaca, se hace necesario definir ese lugar en el que habitamos y que deseamos sea nuestra patria.

Se hace imprescindible dotarla de unos valores en los que todos nos encontremos representados y nos hagan progresar de forma confortable. No parece la mejor manera afilar nuestras navajas dejando pasar el tiempo hasta que llegue nuestro momento.

La aconfesionalidad de nuestro sistema no responde a guiños o carantoñas cortoplacistas, sino a un arduo caminar en la trayectoria histórica por la modernidad.
Un arduo y tortuoso camino que ha dado unos magníficos resultados en la medida en la que hemos disuelto el binomio entre fe y razón: otorgando un cauce al desarrollo científico que nos ha colocado en las cumbres más altas del pensamiento.

Reconocer la importancia del pensamiento cristiano en ese desarrollo es importante, aunque reconocer que desligarnos de la fe ha sido el mayor logro de la civilización occidental no es menos relevante. Por ello, definir un sistema educativo heredero de la revolución científica no puede significar la incorporación de elementos dogmáticos fruto de tradiciones pasadas.

La eliminación de la educación para la ciudadanía, sin ser muy relevante, puesto que su implantación estaba muy cuestionada, sí es significativa en la medida en que se rediscute que los valores laicos son los dominantes en una sociedad moderna y democrática.

Reconocer que no todo cambio implica progreso y que la falta de cambio no implica perfección es una tarea crítica en la que debemos insistir en estos momentos. La educación de las generaciones futuras merece mesura y generosidad de las generaciones presentes.

Igual que la transición política necesitó sacrificios, la creación de un sistema educativo estable que nos permita progresar requiere de esos sacrificios.

Se lo debemos al futuro.

*Docente