D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

Ya no queda mucho margen de maniobra para consensuar la tan ansiada reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), que debe regir desde 2014. En esta etapa del recorrido, el Gobierno de Canarias está preparando un cuestionario que repartirá entre organizaciones de diverso ámbito, como el empresarial y el sindical.

De esa puesta en común saldrá, antes del próximo junio, la propuesta que el equipo de Paulino Rivero negociará con el Ejecutivo de Mariano Rajoy -en la comisión bilateral- antes de que se vote en las Cortes Generales para su traslado a Bruselas.

Como quiera que nadie duda de las bondades del REF, el principal escollo es encontrar un marco institucional estable que garantice la aplicación de los incentivos económicos y fiscales sin depender del estado de ánimo del Gobierno de la nación reflejado en los Presupuestos Generales del Estado.

En su documento de mínimos, Comisiones Obreras plantea un anclaje institucional en el Estatuto de Autonomía mediante una formulación nítidamente constitucional. “Ha de quedar claro que no son ayudas de Estado”, subraya CC.OO.

La organización sindical más representativa en Canarias basa su argumentario en tres pilares: la solidez institucional, una cierta estabilidad en la parte económica (la que intenta corregir los inconvenientes derivados del alejamiento, la situación geográfica y la fragmentación interna) y el de la fiscalidad (vinculado a las condiciones socioeconómicas de la región).

A la espera de que la patronal CEOE concrete sus consideraciones, los sindicatos introducen el matiz de que la creación de empleo sea una condición sine qua non para la generación de inversiones. “Que no sea algo que venga de rebote añadido como efecto indirecto, sino que sea un requisito fiscal más”, ha explicado el economista de CC.OO. José Miguel González. “Ese aspecto es el que presenta más complicaciones , lo cual no significa que haya encontronazos, sino que desde el punto de vista operativo es muy complicado de llevar a cabo”.

Comisiones Obreras “comparte la filosofía del REF desde la perspectiva de la armonización de los márgenes de autonomía económica y fiscal de Canarias con los aspectos compatibles resultantes de los ámbitos nacional y comunitario”. A su juicio, el atractivo compensatorio pasa por la formulación de “un bloque de incentivos fiscales y económicos que ejerzan una menor presión fiscal que la media del resto de España y de la Unión Europea, de tal modo que responda socialmente a los beneficios que conlleva la modernización del aparato productivo y comercial”. En opinión de González, la modificación del REF no implica que se los problemas se resuelvan milagrosamente. “Las expectativas que centran en esta actuación las posibilidades de superar la crisis o de impulsar la competitividad de la economía canaria están condenadas a frustrarse, dado que cada vez es menor la capacidad de practicar una política diferenciada que realmente suponga un estimulo a la inversión en las Islas”.

En lo que respecta a la política fiscal, CC.OO. promueve “alternativas en torno a los mecanismos de deducción” para la inversión sobre el impuesto de la renta (IRPF). “No solo habrá que mantener la Reserva de Inversiones [la RIC] y las deducciones por inversión. También se tendría que articular medidas que propicien la reducción de las cargas fiscales para el ahorro particular y que se destine a la inversión productiva”. El gabinete técnico de Comisiones de Canarias recomienda “la desaparición del diferencial fiscal con la economía continental o bien la aplicación de una reducción fiscal universal que podría reducir hasta la mitad la fiscalidad de los capitales residenciados en Canarias”.

José Miguel González interpreta que la proposición no de ley, aprobada el 15 de marzo de 2011 por la unanimidad del Parlamento autonómico, es “política simbólica, con un efecto práctico nulo”.

En ese documento, la Cámara insta al Gobierno de Canarias a que impulse “en coordinación” con el central tres “medidas de carácter urgente” para el cumplimiento de la Ley 19/1994, de 6 de julio. Se trata esencialmente de la mejora del transporte, la energía y la diversificación de la economía isleña.

No hace mucho, el pasado martes, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, le presentó al ministro Luis de Guindos lo que denominó “hoja de ruta” para afrontar una revisión del REF que se traduzca en más puestos de trabajo. En la comisión correspondiente del Congreso, el ministro de Economía le respondió que será “sensible” con la tramitación de la reforma.

Al objeto de “reducir las tasas más altas de desempleo de España y atender la ultraperiferia”, Oramas recetó “la adopción de medidas para proteger la libertad económica y fomentar la competencia, además de favorecer la igualdad en el acceso a los bienes y servicios en el mercado único europeo”. El registro de aerolíneas y la concesión de la quinta libertad del aire para las aeronaves que procedan o se dirijan a África o América y aterricen en Canarias son algunas de esas iniciativas.

Precisamente, el compromiso de Mariano Rajoy a emprender una actualización del REF, junto a la prórroga de las bonificaciones de las tasas aéreas, valió la abstención de CC en la investidura del presidente.

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De la ley de puertos francos a la RIC

Los orígenes del REF se remontan a 1972, con una ley que recogió el testigo de los puertos francos, una norma promulgada en 1852 por el ministro Juan Bravo Murillo y que duró hasta la Guerra Civil. Paradójicamente, para salvaguardar el tradicional liberalismo económico de las Islas se optó por el intervencionismo.

La entrada de España en la entonces Comunidad Europea, en 1986, obligó a compatibilizar la singularidad fiscal de Canarias con el acervo comunitario en competencia y mercado interior. Así, en 1994 se aprobó la ley 19 de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Dos años después, el Real Decreto Ley 12/1996, de 29 de diciembre, cambió la Ley 19/1994 y el Real Decreto Ley 2/2000, de 23 de junio, retocó los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 19/1994, y la Zona Especial Canaria.

El 28 de diciembre de 2007, el Consejo de Ministros sacó el Real Decreto 1758/2007, del reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, consecuencia del Real Decreto 12/2006- Fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 16 de enero de 2008.

Lo más llamativo del Real Decreto 12/2006 es que establecen restricciones en la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en cuanto al suelo: “Deberá estar afecto a la promoción de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento por la sociedad promotora, a actividades industriales, a zonas comerciales y a las actividades turísticas reguladas en la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias”.

En el debate sobre el uso de la RIC, el economista y doctor en Historia Salvador Miranda aconseja “socializar” este instrumento del REF, de modo que también se beneficien los trabajadores por cuenta ajena. “Un particular no tiene opciones de invertir en negocios, pero sí en bonos de los que sacan los organismos públicos para financiar las obras”, argumentó Miranda antes de la presentación, a mediados de enero, de su libro Manual de la RIC 2007-2013 (editorial Tirant lo Blanch) en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

Eso supondría que un contribuyente solo tendría que señalar una casilla en el IRPF. “Una inversión de 3.000 euros en bonos equivaldría a una deducción importante en su IRPF. Sería una hucha de la que podrían aprovecharse la Comunidad Autónoma y los cabildos a unos tipos de interés muy inferiores a los del mercado”.

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