ROMÁN DELGADO | Santa Cruz de Tenerife

Debo reconocer que esto ha sido agotador, tanto para el periodista como para el interlocutor, en este caso el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, de CC. Pensándolo mejor, quizá más agotador para González Ortiz, que fue el que casi siempre habló, más de una hora… Luego, con la transcripción de lo dicho, el muerto me tocó a mí, con el resultado que a continuación se ofrece, donde hay de todo y sobresale la crisis y los problemas de financiación de lo público, más la “indefinición del Gobierno del Estado” con lo que va a hacer con su presupuesto de 2012. Y luego lo de siempre, la actualidad. La charla tuvo lugar el 15 de febrero pasado, en el despacho del consejero de Economía, en Santa Cruz de Tenerife. Hablamos tanto que ambos llegamos tarde a la cita con el almuerzo. Quizá haya merecido la pena conformarse al final con un simple bocadillo.

-Usted mostró hace pocos días, en el Parlamento de Canarias, una cierta incertidumbre acerca de cuál puede ser el panorama económico-financiero en esta Comunidad Autónoma dependiendo de lo que haga el Gobierno de Mariano Rajoy con el presupuesto del Estado para 2012. ¿Qué temores tiene?

“En primer lugar, hay que hacer referencia a las implicaciones que puede tener para Canarias la disminución del sistema de financiación de las autonomías, sobre todo que haya menores cantidades aportadas por el Estado para la financiación de servicios en Canarias, lo que, de producirse, incidiría en las dificultades actuales para la óptima prestación de servicios públicos esenciales. No debemos olvidar que el sistema de financiación atiende preferentemente los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales, y por lo tanto, la preocupación que existe hoy tiene que ver con la disminución del sistema de financiación para Canarias, o sea, de las cantidades entregadas por el Estado para atender los servicios relacionados con esas materias. Además, hoy en día desconocemos por completo las implicaciones que el nuevo presupuesto del Estado, el de 2012, puede tener en las inversiones en Canarias, y estamos hablando de los convenios firmados entre Canarias y el Estado, y de muchas otras partidas que sirven para financiar actuaciones específicas en el ámbito de esta Comunidad Autónoma. Existe un compromiso del señor Rajoy, mostrado en su discurso de investidura como presidente [en el Congreso], de atender lo que dice una ley del Estado [del REF], que es: en Canarias se debe invertir la media de lo que se invierte en el conjunto del país. Nosotros asistimos con preocupación a tal indefinición, al hecho de no saber cómo van a afectar los nuevos presupuestos del Estado a la financiación de acciones en esta Comunidad Autónoma. Tenemos que recordar que hay un presupuesto prorrogado en el ámbito del Estado [el que dejó el PSOE], y ya, por tanto, hay actuaciones que se pueden ir llevando a cabo. Pero la realidad es que hoy en día existe una absoluta indefinición por parte del Estado en relación con la financiación de esas materias. Nosotros, en su momento, hicimos un presupuesto, el de 2012, con las cautelas necesarias, porque prorrogar el anterior presupuesto de Canarias, el de 2011, era una muy mala opción, una pésima opción, y nos hemos visto con enormes dificultades presupuestarias para atender determinadas prioridades, como los incrementos destinados al ámbito de la sanidad, por poner sólo un ejemplo claro. Hoy en día estamos con mayores dificultades. Hay preocupación por la indefinición acerca de los presupuestos generales del Estado y por el dinero que llegará a la Comunidad Autónoma de Canarias, principalmente por la implicación que ello tiene en algo tan fundamental como la prestación de servicios públicos esenciales en las Islas. Y esto sin contar lo que significa ese presupuesto para la reactivación económica, que hay una necesidad mayor que nunca, más cuando esta Comunidad Autónoma posee un elevado desempleo [casi el 32% de la población activa]”.

-Muchos agentes institucionales, políticos, sindicales… han criticado que el PP espere a la celebración de las elecciones de Andalucía y Asturias para luego aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de ley de presupuestos. ¿Qué opina acerca de esto?

“Estamos en una situación de enorme incertidumbre. También hay soluciones parciales que ayudarían a evitar esto, como la clarificación de cuál es el devenir del presupuesto actual. Si el presupuesto del Estado se presenta en marzo, tras su tramitación parlamentaria, éste entrará en vigor no antes de junio próximo, y estaríamos hablando de un presupuesto para siete meses de 2012. Hay otros cinco meses en el ejercicio de 2012 en los que hace falta clarificar qué actuaciones se van a llevar a cabo. Por lo tanto, hay dos fases”.

-El PP ha activado toda su artillería de manera que se vaya asumiendo que habrá grandes recortes presupuestarios y que éstos son necesarios. Si esto es así, que parece que sí, Canarias lo tiene feo. ¿No lo cree usted?

“Aquí tenemos por un lado la disminución del sistema de financiación; en definitiva, el dinero del Estado que va a la Comunidad Autónoma de Canarias, y que ésta lo que hace es destinarlo preferentemente a la financiación de los servicios públicos esenciales. En esta parte, se tiene que definir qué cantidad es la que va a destinar el Estado a las distintas comunidades autónomas, entre ellas Canarias, dentro del sistema de financiación de 2012. Ya hay algunas informaciones sobre determinados recortes. Luego hay otro capítulo, que es el de los recortes en inversiones que financia o cofinancia el Estado en las Islas. Éstas son las dos cuestiones fundamentales relacionadas con la financiación del Estado en Canarias. No tiene mucho sentido que hoy el Estado plantee que las comunidades autónomas son las principales culpables del problema de déficit público en el conjunto del país y luego se disminuyan los pagos a éstas y sigamos con las mismas cargas básicas en las comunidades autónomas. De esta forma, es imposible que las comunidades autónomas logren cumplir los objetivos de estabilidad, si incluso disminuyen más los ingresos. En Canarias, y esto no debemos olvidarlo, llevamos un largo trecho recorrido en cuanto a ahorro público y a ganar en eficiencia. Siempre se puede hacer algo más en eficiencia, pero es que en Canarias se han hecho muchas cosas. Gracias al esfuerzo realizado, en Canarias hemos ahorrado 2.380 millones de euros desde que empezó la crisis; es decir, hemos hecho un esfuerzo ímprobo. Hemos tenido que elegir, y por tanto destinar la mayor parte de los recursos a los servicios públicos esenciales, y ello ha forzado que hayamos tenido que dejar otras cosas por hacer. Ahora se hace más necesario que nunca una política de dinamización económica, que no sólo con ajustes saldremos de la crisis. Sí, controlemos las finanzas, pero así no vamos a reactivar la economía. Si eso no ocurre, no generaremos empleo, y si no generamos empleo, volvemos a seguir teniendo dificultades en el ámbito de las cuentas públicas. Es un círculo vicioso”.

-En el seno del PP hay una obsesión por el control del déficit público y por cumplir los objetivos definidos por la Comisión en esta materia. Pero no sólo será esto, como usted comenta. También está el modelo de Obama, con buenos resultados.

“Es que el objetivo de control del déficit público no puede ser nunca el único objetivo, sino una acción que se debe realizar. El objetivo debe ser generar crecimiento económico, y para poder generarlo hay que extender políticas de dinamización económica. Éstas son las que generan empleo. El objetivo de control del déficit es necesario y fundamental, pero no debe ser el objetivo único, específico, que, si no, estaríamos abandonando la otra vertiente, y estoy hablando desde un punto de vista puro de política económica. Luego están las acciones de los gobiernos, como el de Canarias, que ha tomado la decisión, en un momento como el actual, de reforzar los servicios públicos esenciales, porque ello garantiza mayor cohesión social y territorial en una comunidad autónoma como la nuestra. Por esto creo que esa obsesión está bien, pero, si no se establecen medidas de dinamización económica, el círculo vicioso no se va a romper y eso llevará exclusivamente a más paro. Hay que trabajar en esa línea y no establecer los mismos condicionamientos a todas las comunidades autónomos, que unas están muy por encima de los objetivos de déficit público porque a lo largo de los últimos años han tenido otras políticas. Luego hay otras, como la canaria, que está haciendo un esfuerzo ímprobo en ese sentido, con una tasa de desempleo muy alta. Tenemos que buscar mecanismos que corrijan esa circunstancia en el ámbito del Estado. Para eso hay que aplicar una función esencial del Gobierno del país que es la cohesión social y territorial de todos sus espacios, y Canarias es uno de ellos”.

-¿Ha pensado el Gobierno de Canarias, si el Estado incrementa el esfuerzo fiscal indirecto vía IVA, hacer lo mismo, aunque manteniendo el diferencial impositivo, con el IGIC?

“Vamos a ver… Las medidas que vaya a tomar el Gobierno de España nosotros las hemos ido reclamando para saber cuáles son, para poder ir adaptándonos nosotros. Nuestro presupuesto hoy en día está equilibrado, en función de nuestro objetivo de estabilidad, en función de los ingresos del sistema de financiación, en función de los ingresos propios de Canarias… Cualquier ajuste que haga el Estado en esas partidas, en gastos o en ingresos, tiene que estar equilibrado. ¿Va a haber una subida del IVA? Pues no lo sé. Va a haber un planteamiento de rebajas salariales en el ámbito funcionarial, pues no lo sabemos. No han dicho nada”.

-¿Usted no cree que en la actual coyuntura, con la recesión económica que pronto se confirmará y con recortes casi seguros en los fondos del Estado, quizás sólo quede ahorrar más o bien incrementar el esfuerzo fiscal…?

“ Sí, pero… Está claro. Esto es una regla de tres. En este aspecto, no hay discusión. También pensábamos que el Gobierno iba a subir el IVA en diciembre pasado y no lo hizo. El Gobierno nacional tiene que definirse porque el gasto esencial en los servicios públicos básicos está en manos de las comunidades autónomas. Son las que desarrollan las políticas en materias sanitaria, educativa y servicios sociales. Éstas son las que garantizan la prestación de esos servicios públicos, y además el Estado es el que establece una serie de obligaciones básicas. Las comunidades autónomas, muchas de ellas, han tomado medidas en determinados ámbitos que han sido recurridas por el Estado en función de su competencia básica. Por lo tanto, no caben muchas acciones por parte de las comunidades autónomas para eliminar determinados gastos porque éstos son competencia del ámbito estatal. Debemos tener en cuenta que el Estado se ha comido una posibilidad importante de las comunidades autónomas con su incremento impositivo directo, del IRPF, que lo ha llevado a límites de difícil subida con los porcentajes actuales. Si el problema está en las comunidades autónomas, cómo lo arreglamos. Hay cierta incoherencia en las medidas tomadas en el ámbito estatal”.

-¿El Gobierno de Canarias se ha planteado hacer más ajustes en el capítulo uno? ¿Existe la posibilidad de echar a la calle a funcionarios interinos o a laborales?

“Canarias lleva haciendo un esfuerzo ingente, con 2.380 millones de euros ahorrados, en el que hay una parte importante de capítulo uno, a través de trabajar las tasas de reposición y de que no haya nuevas contrataciones… Se trataba de controlar el capítulo uno. Mire, no es legal despedir a funcionarios…”

-A un interino sí se le puede despedir…

“No, no… Un interino es el que ocupa una plaza…”

-Pero se puede anular el servicio y entonces…

“¿Y cuál anulas…?”

-¿No es más fácil echar a un interino que a un indefinido laboral?

“No, no, vamos a ver… Esto está clarísimo. Qué servicio anulas, en función de donde estés. Si es una obligación que tiene esta Comunidad Autónoma en virtud de una norma estatal básica… Esa es la trampa…, y por eso digo que es fundamental entender que el Estado tiene una capacidad y por eso hemos hablado siempre en el marco de la nueva ley de estabilidad presupuestaria de algo que parece fundamental: la lealtad institucional, es decir, que ninguna administración pública legisle dando obligaciones a otra. Por qué. Porque si yo legislo y traslado obligaciones a otras instituciones siempre habrá que trasladar recursos financieros para poder pagar los nuevos servicios o atenciones”.

-Es lo que ha pasado con la Ley de Dependencia, por ejemplo…

“Sí… Esta es una ley estatal que cumple objetivos esenciales, pero en el caso de Canarias obvia el camino recorrido en el ámbito de los servicios esenciales. Hay cosas que se hacen en el ámbito del Estado y parece fundamental que no se puede seguir así. Ahora se habla de reformas educativas. Pero seamos conscientes de que si se habla de cargas financieras hacia las comunidades autónomas, que son las que tienen que prestar los servicios, volvemos a agrandar el problema. En un complejo sistema administrativo público, como el que tiene España, entendiendo la capacidad de la legislación básica por parte del Estado, se debe ser consciente de que la traslación de obligaciones financieras puede provocar un efecto en el que se traslada una obligación y no los recursos financieros, y con esto lo que se logra es desequilibrar las cuentas de las comunidades autónomas”.

-¿Qué objetivos tiene su departamento para la racionalización del ámbito público empresarial dependiente de la Comunidad Autónoma?

“Hay un paquete de entidades del sector público de la administración autonómica, empresas, fundaciones y otros entes, que requiere racionalización, y el plan que ha aprobado el Gobierno de Canarias es una continuación de lo que se ha hecho. Canarias es de las comunidades que menos empresas públicas tiene en el conjunto del país. Nosotros nos negamos en este asunto al debate del número, porque no ataca el problema, y no lo hace por la siguiente reflexión: la importancia no es si hay 10, 12 o 25, sino si son o no eficientes”.

-Pero este plan de racionalización, como usted lo llama, implicará ahorro público y también tendrá impacto en el empleo. ¿No es así?

“Esa parte que hemos hecho de ahorro en el ámbito de la administración pública también la hemos hecho en el ámbito de las empresas públicas vinculadas a la Comunidad Autónoma. Y ahora hemos dado un paso más, tanto en las cuentas del año pasado como en las de 2012, para así tener menores gastos en la administración de la Comunidad Autónoma y también en las empresas públicas. Las medidas que aprobó el Consejo de Gobierno en una reunión reciente tienen como objetivo reducir en 20 millones de euros el gasto estructural de las empresas públicas, disminuir en 40 millones su endeudamiento y desprenderse de un número determinado de activos, en torno a 40 millones. Estos son los objetivos fundamentales, aparte de eliminar las tres empresas que ya estaban en ese proceso, y en torno a 15 empresas participadas, públicas o privadas. El fin esencial es hacer a estas empresas más eficientes”.

-También usted ha anunciado un plan para reactivar la actividad de pymes y autónomos en las Islas. ¿Tiene que ver con el comité de expertos?

“Sí, una parte importante tiene que ver con el comité, pero otra no tanto. El comité de expertos lo que pretende es analizar el entramado competencial conjunto de las administraciones públicas radicadas en Canarias. Para la eliminación de trabas administrativas a las empresas, estamos hablando de cuestiones mucho más sencillas, más simples, y muchas de ellas han pasado por el comité de expertos. Éste tiene que ver en una parte sustancial, y otras medidas son más simples. Tratamos de identificar una batería de procesos que afecta a las empresas en su relación con la Administración canaria y de ver cómo podemos simplificarlos de la forma más rápida posible”.

-Ahora que toca reforma del REF, ¿cómo han pensado redirigir el ahorro fiscal de las empresas? ¿Qué pasará con la RIC? ¿En qué se trabaja para potenciar la diversificación de la economía canaria, que queda poco tiempo?

“Por mucho que corramos, no debemos olvidar que la Comisión Europea no va a evaluar ninguna medida del nuevo REF hasta que no tenga aprobadas las directrices de ayudas de Estado con finalidad regional; aquellas que tengan que pasar por ese filtro, que no son todas. Las medidas fiscales más potentes que hoy conocemos, los artículos 25, 26, 27 y siguientes, incluida la ZEC, hasta que no estén aprobadas las directrices que he señalado no se van a evaluar. Lo digo porque cuando se habla de ir deprisa no es así, que ya lo vivimos en la etapa anterior, en la que me tocó trabajar en esta materia, hace ahora unos cuantos años. Hay dos cosas distintas. Lo importante es ponernos de acuerdo aquí en qué cosas vamos a hacer. Y sobre la pregunta en qué trabaja el Gobierno de Canarias, debo decir que se trabaja en algunas líneas, pero, en el momento actual, yo ayudaría poco a la participación si definiese algunas de las medidas en que se trabaja. Hemos hecho un proceso de negociación y de discusión con las organizaciones empresariales, y participativo con la sociedad, a través de la página web del Gobierno de Canarias. Hasta el mes de marzo, a través de un cuestionario en la web, recibiremos información del conjunto de la ciudadanía que quiera aportar opiniones sobre esta materia, aunque ya hay trabajo realizado. Ya conocemos algunos de los defectos y de los incentivos fiscales que hasta la fecha no han funcionado, y también que muchos aspectos de la parte económica del REF no han sido siquiera desarrollados. Esto es fácil, por ejemplo, el asunto del ICO y la línea de financiación específica para Canarias en la medida que los niveles de desarrollo estén por debajo de la media nacional. Aquí hay déficit de desarrollo de algo que ya estaba escrito. Y hay análisis sobre determinadas figuras que antes han servido y ahora ofrecen más dificultades, y también se ha avanzado, para conseguir la diversificación económica, en cuáles son los instrumentos que hay dentro del REF, que la RIC no se pensó para esto, mientras que la ZEC sí. Hay camino que recorrer en el ámbito de la ZEC. En el artículo 26, el de las bonificaciones a la producción, que ha tenido grandes efectos y muy positivos, igual hoy se deben incluir otros sectores como beneficiarios. Y luego hay que unir a todo el proceso algo clave, que es el mantenimiento del diferencial fiscal entre el conjunto del país y Canarias, y esto está muy al hilo de las decisiones que pueda adoptar el Estado en cuanto al sistema impositivo español. Las modificaciones en el ámbito de sociedades [el impuesto] pueden reducir ese diferencial fiscal, y podemos actuar en ese sentido. Ya hay cuestiones que hemos trabajado y algunas están incluidas en la última reforma, como ligar cada vez más todo el gasto fiscal a la creación de empleo. Coincidimos todos en que para incrementar la competitividad hay que intentar reducir los costes, y aquí tenemos la ayuda al transporte, el AIEM y el REA. También hay que apuntar a las menores cotizaciones a la Seguridad Social para empresas radicadas en Canarias, siempre atendiendo a la creación de empleo. Hay amplio recorrido de medidas. Es básica la participación social para no cometer errores del pasado, y para que la población conozca cuáles son los beneficios del REF en electricidad, el agua, el transporte”.

-¿Cómo ha visto la decisión de eliminar las primas a las energías renovables?

“Pues resulta que la producción de energía con renovables y con primas en Canarias es más barata que la tradicional. Es un contrasentido, si el objetivo es el ahorro, que se eliminen las primas para la generación de energía limpia en las Islas, sobre todo porque en Canarias, cuanto más se introduzcan energías renovables con primas, más se ahorra. O el objetivo no es el ahorro, o la medida se ha tomado sin tener en cuenta las peculiaridades de Canarias”.

-¿Cree que al final habrá primas?

“Como es un compromiso del ministro Soria, imagino que lo cumplirá. No tengo por qué dudarlo”.

-Todo esto ha generado una situación bastante alarmante en el sector empresarial, ¿no?

“Pero por qué… Porque es un contrasentido. Mire usted. Yo quiero ahorrar, pues bien tomamos medidas de ahorro, pero la medida de ahorro que usted ha adoptado en el caso de Canarias lo que hace es provocar más gasto. El motivo por el que se toma la medida no puede ser el ahorro, porque no se ahorra. El que ha llegado a ese planteamiento [el ministro Soria] debe dar respuestas, desde la más absoluta racionalidad, para conseguir el objetivo planteado, que es el del ahorro”.

-¿Cuál es el coste de esto para AENA?

“Nos gustaría saberlo…”

-El PP ha hablado de unos millones de euros de gasto fiscal de AENA, ¿no?

“No, no, el gasto sería mucho más, pero el gasto final no. Este es un claro ejemplo de que bajando los costes de determinadas tasas aéreas el saldo final para AENA ha sido positivo. Equiparar a todos los aeropuertos de Canarias y bonificar a las compañías nos ha permitido crecer en otros mercados emisores. Todo el mundo coincide en que es fundamental abrir mercados. El resultado para AENA, incluidas todas las rebajas, ha sido al final, con los descuentos, de saldo positivo”.

Lo de Cabrera Pérez-Camacho con el REF fue algo “lamentable”

-¿Cuál es su opinión acerca de lo que dijo el diputado autonómico del PP Miguel Cabrera Pérez-Camacho sobre la reforma del REF en la Cámara regional?

“Lamentable… Lo más preocupante es que un parlamentario diga que la opinión del Parlamento no le importa. A mí lo que me preocupa es que se produzca una falta de respeto institucional. Evidentemente, la aprobación de una ley estatal corresponde a las Cortes, pero estamos en un Estado de las autonomías, y lo que no creo que vaya a hacer el Gobierno estatal es legislar contra una comunidad autónoma. La ventaja de los procesos que ya hemos recorrido en el ámbito del REF y de Europa siempre ha tenido que ver con que se ha ido conformando una voluntad única en el ámbito de Canarias, a través de pronunciamientos unánimes del Parlamento, y a partir de ahí se ha ido negociando con el Gobierno español. Luego todos a una en las negociaciones europeas. Éste es el proceso normal, habitual, como se llevan estas cosas. Me parece grave que un parlamentario diga que le importa muy poco la postura del Gobierno de Canarias porque el que legisla es el Estado. Creo que esto, estoy convencido, el señor Miguel Cabrera Pérez-Camacho se ha arrepentido 20 veces de haberlo dicho. Lo demás hay que entenderlo en el debate normal, pero aquella expresión, no”.