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Justicia: Camps, Garzón, Marta e Isabel > Ángel Llanos Castro

Cada vez que alguien plantea endurecer las penas contra determinados crímenes en los días posteriores a perpetrarse uno los detractores de estas medidas plantean que no hay que tomar decisiones en caliente. Y cuando el tiempo pasa, el argumento se transmuta apelando al equilibrio dentro del Estado de derecho. Tras anunciar el ministro Gallardón la puesta en marcha de la cadena perpetua en España, así como que los menores que delincan junto a adultos serán juzgados con ellos, el padre de la niña de 17 años violada y asesinada Marta del Castillo dijo que “han sido de las poquitas cosas que me han hecho sonreír últimamente”; cualquier padre pensaría lo mismo, si la mayoría de los implicados en el tormento de su hija quedan en libertad y sólo uno es condenado a 20 años de prisión, por lo que con 40 años de edad quedará en libertad. Es de suponer que los seres queridos de la conductora de Titsa asesinada y ocultada en una fosa séptica, Isabel Canino, sintieran algo parecido, pues no en vano su asesino fue condenado a tan sólo 19 años de cárcel.

Los miembros de la Justicia cuentan con un amplio respeto por el conjunto de la ciudadanía, independientemente de sentencias puntuales que asombren y de los escasos recursos con los que cuentan para trabajar. Sin duda, que los integrantes del Consejo del Poder Judicial sean elegidos por los jueces y no por políticos, como ha anunciado el ministro, dotará a nuestra democracia de un poco más de independencia entre los tres poderes.

La Justicia ha ganado en credibilidad con sus dos últimas decisiones de repercusión nacional. La primera, declarar inocente a Francisco Camps de la condena que los políticos y periodistas de la izquierda le habían impuesto sin juzgarle; son ridículas ahora las críticas progres a los juicios con jurado, ya que habrían pedido este sistema si la absolución hubiera partido de un juez “valenciano”. Consiguieron con la calumnia lo que las urnas les negó. La segunda, demostrar que ni siquiera los jueces están por encima de la ley procesando a Baltasar Garzón por sus múltiples y “presuntos” dislates, ya sean procesales (escuchas ilegales), sociales (dividir a España investigando el franquismo) o económicos (soborno impropio para sus cursos en Estados Unidos).

Si además se mantiene el criterio de ‘0’ beneficios penitenciarios para los miembros de ETA y sus socios, estaremos por la buena senda.

* Exportavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz