El argumento del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y ayer político madrileño para reformar la Ley de Intervención Voluntaria del Embarazo (IVE) sorprende a aquellos que hayan seguido el lento proceso histórico que llevó al Estado español a regularizar una práctica que era más que habitual entre las mujeres españolas.

El debate de estos últimos veinte años ha sido siempre el mismo. Qué derecho debe tener más prelación, si el derecho del no nacido o el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su propia gestación.

Cierto es que la última modificación en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo rompía un cierto consenso con respecto a la regularización del aborto en nuestros país, con la incorporación del eximente del derecho parental para la interrupción del embarazo en las menores de 16 años.

El caso de las menores fue utilizado por determinadas opciones políticas como arma arrojadiza sobre los antiguos legisladores, y cierto es que la ley del aborto ha sido siempre utilizada torticeramente por los partidos políticos, evitando un consenso sólido para eludir la incertidumbres en la aplicación de un derecho muy relevante para la salud reproductiva.

Aunque vista la reforma que se nos propone, queda perfectamente demostrado que lo de menos eran las menores, y que lo de más es que las mujeres entrarán en un proceso de mayor vulneración legal.

Con la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón el aborto volverá a ser penado salvo en determinadas circunstancias que deberán ser contrastadas por los profesionales de la medicina, es decir, las mujeres volverán a recorrer un periplo para poder realizar su deseo de no ser gestante.

El argumento fundamental para el cambio es preservar el sacrosanto derecho del no nacido. El asunto a dilucidar es quién es el no nacido; para ello podemos enredarnos en largos debates metafísicos o recurrir a nuestro marco comunitario más inmediato, es decir, liberalizar por completo el aborto en las 12 primeras semanas e ir a una ley de plazos en los sucesivos supuestos.

No parece ser el caso que nos ocupa. El ministro Ruiz-Gallardón ha dejado claro que no desea ir a una ley de plazos, sino a una regulación de excepciones que deberán ser correctamente demostradas.

La prelación del derecho de los no nacidos frente a los derechos de mujeres adultas a decidir sobre lo que les es propio hubiese parecido un debate superado por nuestra sociedad hace escasos meses, y el hecho de reabrir el debate sobre estos supuestos parece más bien demostrar que la influencia de los sectores confesionales de nuestro país no está por la labor de dejar ninguna línea sin batir.

Está por ver el manejo del Ejecutivo del país sobre este sector de sus filas que aún no ha llegado a asumir la modernidad ni el Estado aconfesional que se define en la Constitución española.

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