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Los primeros 120 millones > Francisco Pomares

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley en la que se pide el archivo del expediente por el que se otorgan a Repsol los permisos de investigaciones petrolíferas en aguas canarias y no se den nuevas autorizaciones hasta que se apruebe y entre en vigor el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las actividades de prospección, reglamento que se encuentra actualmente en tramitación. La propuesta no implica únicamente abrir un tiempo de espera: tiene más enjundia de la que a primera vista parece: en concreto, una enjundia de unos 120 millones de euros, que es lo que le costaría a Repsol adaptar las prospecciones al decreto europeo.

Según los socialistas, que este fin de semana pasaron a la ofensiva con una multitudinaria rueda de prensa en Lanzarote, en la que participaron el diputado Chano Franquis, el senador por Fuerteventura Domingo Fuentes, y el director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, Carlos Espino (parece que la Agencia al final sí va a servir para algo), se dijo que las “prisas indecentes” que el ministro Soria ha demostrado tener en este asunto, persiguen únicamente “que sus amigos de Repsol se ahorren 120 millones de euros”.

Mientras esperamos que Soria responda (o no) a esa acusación, lo cierto es que comienza a haber un cierto acuerdo local en que las prospecciones y la consiguiente extracción de petróleo no pueden convertirse solo en un gigantesco negocio para Repsol, sin dejar ningún beneficio en Canarias. En otras comunidades autónomas (Baleares y Valencia, ambas gobernadas por el PP) al final lo que ha prevalecido ha sido el deseo de preservar la integridad de las zonas turísticas y evitarles cualquier tipo de peligro. Aquí no. Aquí el PP mantiene una posición muy próxima a la de la compañía, quizá porque el ministro de energía es el jefe local del PP en Canarias y está bien informado de lo que se puede encontrar ahí abajo.

En cualquier caso, después de los primeros días de desconcierto, se extiende por las instituciones de as islas un cierto consenso sobre el hecho de que si al final la explotación de los recursos petrolíferos es inevitable (porque su riqueza sea enorme), lo que no puede ocurrir es que esa explotación se produzca sin que Canarias participe de los beneficios que genere. Parece una reflexión absolutamente sensata. Las islas, especialmente Lanzarote y Fuerteventura que hoy viven exclusivamente del turismo, se verán expuestas a riesgos de vertidos y contaminación, que no hay que exagerar, pero tampoco desdeñar. ¿Por qué tendría Canarias que asumir esos riesgos a cambio de nada?