GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

El pleno de Puerto de la Cruz aprobó ayer con el voto en contra de los socialistas (PSC- PSOE) y la abstención de Vecinos por el Puerto e Izquierda Unida Canaria, proceder al cobro de los recibos pendientes de la tasa de depuración de aguas residuales desde el año 2006. El grupo de gobierno había decidido su suspensión tras el recurso interpuesto por la patronal hotelera Ashotel. Una vez que éste fue desestimado íntegramente en octubre de 2009 y que se confirma la legalidad de la tasa, la empresa Aqualia, responsable de la gestión del agua en el municipio, cobrará los recibos pendientes desde el año 2006 y sucesivos.

El concejal de IUC, Jonás González, se mostró en contra de esta decisión del grupo de gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) debido a que Aqualia “no está habilitada para cobrar directamente” y, por lo tanto, se podría incurrir en una “ilegalidad”. En la misma línea se pronunció David Bernat (PSOE), quien además consideró que no era “el momento oportuno” de hacerlo dada la difícil situación económica actual y le cuestionó a CC-PP si hubo algún motivo “electoralista” para no hacerlo en el momento oportuno, dado que la sentencia es de octubre de 2009.

La concejal de Vecinos Yaiza González Febles, defendió que los ciudadanos “no tienen porqué pagar mensualidades atrasadas” y le solicitó al grupo de gobierno que elaborara una nota “de forma sencilla en la que se explique qué es lo que se tiene que pagar y de qué manera”.

El alcalde, Marcos Brito, aclaró en “que no era adecuado” cobrar esta tasa hasta que la Justicia no se pronunciara sobre este asunto y, una vez resuelto, se vuelve a hacer dado que, además, “es obligatorio”. Además, le advirtió a la oposición que “hará uso de los votos negativos para defender los intereses necesarios de Puerto de la Cruz”.

Otro de los asuntos que generó un gran debate en la sesión de ayer fue la fijación del horario del personal funcionario y la prórroga en el plazo de la negociación de un acuerdo.

El concejal de Personal y Empleo, Luis Miguel Rodríguez, defendió la implementación de la jornada de trabajo de 37 horas y media semanales, a partir del 1 de marzo, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 20/201, que permitirá al consistorio abrir sus puertas los jueves de 16.00 a 18.30 horas.

Horas extras

Los tres grupos de la oposición criticaron duramente esta medida “porque no se negoció previamente con los trabajadores” y avisaron de las consecuencias que podría traer la “imposición” de este real decreto y el “grave perjuicio” para las arcas municipales si esta medida se revierte. En ese caso, recalcaron, el Ayuntamiento se verá obligado a pagar las horas extras realizadas de forma indebida o a descontarlas de trabajo futuro.

En una sesión plenaria que se extendió por más de seis horas, la oposición también pidió que no se estableciera un plazo en la negociación con el personal funcionario con el fin de llegar a un acuerdo “sin presiones”. Un requerimiento que no fue aceptado por CC-PP, quedando como plazo el 30 de abril de 2012.