DIARIO DE AVISOS | Santa cruz de Tenerife

La Sección Sindical en el Ayuntamiento de Santa Cruz del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha interpuesto un recurso de alzada ante el alcalde y efectuado dos requerimientos, uno a la Subdelegación del Gobierno y otro al Gobierno de Canarias, para que anulen el decreto que ordena aplicar cuantía máxima en las sanciones.

A juicio de esta organización sindical, el apartado tercero del decreto constituye un ejemplo de “desviación de poder”, tal y como se define la misma en el artículo 70.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según el cual se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.

Instructores

Según la organización sindical, la Administración “viene a reconocer de manera grosera y evidente en el propio texto del decreto que los instructores de los procedimientos sancionadores municipales deben valorar en su máxima graduación las posibles faltas cometidas por los ciudadanos a fin de ingresar en las arcas municipales mayores ingresos, y todo ello como consecuencia de la precaria situación económica municipal”.

Además, denuncian que “queda claro que se obliga a los instructores de los procedimientos sancionadores a ejercer dicha potestad, no como un mecanismo de corrección de los ciudadanos antes las conductas antijurídicas que desarrollen (debiendo imponérseles la sanción que corresponda en atención al criterio legal de tipicidad y proporcionalidad), sino como un instrumento financiero movido claramente con afán recaudatorio”.

“No se contenta el Ayuntamiento santacrucero con imponer el gravamen económico que corresponda en atención a la falta cometida y a las circunstancias agravantes o atenuantes que concurran, sino que pretende imponer el máximo castigo dinerario posible en atención al estado deficiente de su tesorería”, aseveraron por último desde el Sepca.