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Rivero refuerza su oposición a las prospecciones petrolíferas

Imagen de archivo de una plataforma petrolífera, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. / DA

EFE – D. N. M. | Madrid – Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se comprometió ayer a utilizar todas las herramientas a su alcance para paralizar las autorizaciones que permitan “la investigación, la exploración y la extracción de petróleo” en aguas próximas a las Islas, actividades que, en su opinión, “están asociadas”.

En declaraciones a los medios de comunicación tras un acto informativo en Madrid organizado por Intereconomía, Rivero reiteró su oposición frontal a las prospecciones petrolíferas y recordó que la gran mayoría de los canarios defiende la sostenibilidad. “Eso es incompatible con el petróleo al lado”, arguyó.

Según Efe, el presidente quiso dejar claro que, de acuerdo con la ley, la exploración y la investigación “está asociada” con la extracción y autorizar perforaciones a 3.500 metros de profundidad solo tiene experiencias negativas. Rivero puso como ejemplo de ello las prospecciones petrolíferas en el golfo de México, frente a la ribera maya.

Argumentó, asimismo, que en España no hay tradición, desde el punto de vista ambiental, de “rigurosidad” en el control de este tipo de situaciones y resaltó que en Noruega, donde está nacionalizada la extracción de petróleo, hay seis leyes ambientales “muy exigentes” orientadas a proteger el medio ambiente.

Por el contrario, comentó Paulino Rivero, “la autorización en España para perforar únicamente requiere de un informe de la empresa encargada [en este caso, Repsol]”.

A la pregunta de si prevé implantar un impuesto a la estación de petróleo, Rivero respondió que todas las medidas que se adopten serán disuasorias para impedir las prospecciones y que nunca perseguirán un ánimo recaudatorio.

El jefe del Ejecutivo regional insistió en que no habrá autorización sin el consenso de Lanzarote y Fuerteventura. “Basta con pulsar la opinión [en estas islas] para saber que eso no es viable en estos momentos”.

Precisamente, la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana, vigente desde 2010, faculta al presidente autonómico a convocar una consulta -método que sustituye al referéndum- para conocer si la ciudadanía es partidaria de que el Ejecutivo emita un “informe favorable” a las prospecciones. Más allá de la atribución de competencias para la autorización a una petrolera a explorar y explotar recursos en aguas próximas a las Islas, lo que sí puede hacer el Gobierno canario es pulsar la opinión pública a través de una herramienta que, de momento, solo posee esta Comunidad Autónoma. De hecho, la Generalitat catalana está elaborando un anteproyecto para incorporar esa potestad a su ordenamiento jurídico. Ni siquiera la ley valenciana, similar a la canaria, lo permite.

“Es uno de los instrumentos de participación ciudadana recogidos en la propia ley”, explicó ayer el director general de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Pedro Ramos. Esta semana ha concluido la ronda destinada a recabar propuestas para la elaboración del reglamento que desarrolla el mencionado texto legislativo.

Paulino Rivero ha afirmado en alguna otra ocasión que ley canaria de fomento a la participación “es un mecanismo ideal para canalizar las inquietudes de los ciudadanos en un Estado de derecho, donde todo lo que sea escuchar propuestas y alternativas es importante”.