NORBERTO CHIJEB | Güímar
Hay pocas cosas en Güímar donde ciudadanos y partidos políticos, casi sin excepción, estén de acuerdo. Esa no es otra que el final de las extracciones de áridos en el barranco de Badajoz, un “atentado ecológico”, como se refieren mayoritariamente los políticos, que ha durado cuarenta años y del que han sacado fruto varios empresarios areneros y constructores a los que ahora se pretende “cobrar” el que denomina la clase política como “atentado” con el pago de la rehabilitación de esos millones de metros cuadrados para el uso agrícola.
Esa unidad de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Güímar quedó reflejada ayer en dos actos, el pleno municipal a primera hora de la mañana y el posterior traslado al Cabildo para presentar allí -en otra sesión plenaria- el acuerdo unánime de los cinco partidos políticos güimareros, en el sentido de instar al Cabildo a dar cumplimiento del acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 2008, que determina “llevar a efecto lo solicitado por el Pleno del Ayuntamiento de Güímar, consistente en la modificación de las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Tenerife, en lo que afecta a las infraestructuras y gestión de la explotación de los recursos mineros existentes en el Valle de Güímar establecido, al objeto de cambiar la calificación de los suelos afectados por dichas actividades, de rústico de protección minera a rústico general, en cualquiera de las categorías que procediera para dicho suelo”.
Sin embargo, el pleno del Cabildo no trató ayer el asunto de los áridos y lo dejó para marzo mientras trata de crear una iniciativa legislativa que retrase su procedimiento en el Parlamento de Canarias.
Caducidad
En el último de los cinco puntos del orden del día que fueron aprobados por unanimidad, también se solicitó al Cabildo “que requiera a la Dirección General de Industria de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias a iniciar los expedientes que procedan en orden a declarar las caducidades de las autorizaciones de explotación otorgadas y que hayan incumplido la normativa minera en los barrancos de Güímar; así como a la incautación de los avales y la iniciación de los expedientes sancionadores que igualmente procedieran”.