Para los nacionalistas es irrenunciable políticamente entender que cualquier recurso natural en aguas que circundan el archipiélago es nuestro; y de los canarios es, pues, la decisión de explotarlo o no.
La pertenencia de Canarias al Estado español supone que todas las aguas canarias sean españolas y viceversa, que todas las aguas españolas sean canarias. De la misma manera que el Teide o el Roque Nublo o el de los Muchachos son canarios y, por ende, españoles, ello ocurre con los espacios marítimos de soberanía o jurisdicción española por esta parte del mundo, esto es, que son canarios. Dicho de otra manera, no hay aguas españolas que no sean a la vez canarias.
Como se habrá advertido, esto viene a cuento de la polémica suscitada por la voluntad del Gobierno español de dar autorizaciones para investigar la existencia de hidrocarburos en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Que sean españolas -y canarias- no es una cuestión discutida internacionalmente, prueba de ello es que Marruecos (único que pudiera verse perjudicada) no solo no se ha opuesto al reconocimiento de las aguas realizado por las distintas leyes españolas aprobadas hasta el momento -la última precisamente la Ley de Aguas Canarias, aprobada en 2010-, sino que tampoco se opuso a las autorizaciones que el Estado español dio en 2001 (luego anuladas por el Tribunal Supremo y retomadas ahora por el Gobierno de Rajoy) y, lo que es más importante, lleva más de 15 años negociando con España la delimitación de la mediana.
Por eso no tiene ningún fundamento político, y mucho menos jurídico, que no haya una línea más o menos equidistante que separa las aguas de jurisdicción o soberanía de ambos países como algunos de manera maliciosa o mal informados quieren dar a entender: las aguas hasta la mediana son españolas y canarias y es un asunto interno, de cómo se distribuye el poder político en el Estado español, a quién compete autorizar la exploración o explotación de los recursos naturales en esa zona.
Precisamente porque tenemos la firme convicción de que esas aguas son canarias es por lo que los nacionalistas de CC siempre hemos buscado mecanismos jurídico-constitucionales para que se reconociera que eso fuera así, y solventar los conflictos provocados por las continuas negativas de los gobiernos españoles de turno, fueran del PP o del PSOE, aunque su postura fuera distinta, en apoyo de nuestras tesis, cuando estaban en la oposición.
No hay que perder de vista que el tema de las aguas siempre se ha reivindicado desde Canarias (se intentó incluir en el primer Estatuto, a lo que se negó UCD), y que en 1996, no sin gran esfuerzo, se logró introducir el principio archipielágico que viene a reconocer implícitamente que el territorio de Canarias está compuesto por espacios marítimos y terrestres. Y es precisamente la Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de aguas canarias la que, en desarrollo del Estatuto, reconoce expresamente que eso es así, a lo que añade -y esa es la otra gran consecuencia de la Ley- que el ejercicio de las competencias en cualquier espacio marítimo de soberanía o competencia española se adecuará a la distribución de competencias establecida constitucional y estatutariamente; pues bien, la Constitución y el Estatuto de Autonomía (artículos 149.1.25ª CE y 32.9 EAC) establecen que es la Comunidad Autónoma de Canarias la competente para el desarrollo normativo y la ejecución en materia de energía, materia en la que se engloban las prospecciones petrolíferas.
Sin embargo, la ley de hidrocarburos, de 1988, modificada en 2007, dispone que si las prospecciones son en tierra la administración competente es la Comunidad Autónoma, mientras que si es en mar, es el Estado. Es precisamente esa distinción entre espacios terrestres y marítimos la que entendemos inconstitucional, antiestatutaria e ilegal, por lo que el Gobierno de Canarias ha recurrido la ley de hidrocarburos al Tribunal Constitucional (decisión avalada por el Consejo Consultivo, máximo órgano jurídico de la Comunidad Autónoma y nada sospechosa de veleidades nacionalistas), razón fundamental por la que nos hemos opuesto a las autorizaciones retomadas ahora por el Estado con el entusiasta apoyo del Partido Popular desde que ganaron las recientes elecciones generales.
Nos oponemos por eso y porque, además, el procedimiento administrativo no se ajusta a Derecho, ya que no solo está caducado, sino porque las actividades a realizar en aguas canarias carecen de las más elementales medidas medioambientales que eviten una catástrofe en caso de vertidos.
Canarias no puede permitirse el lujo de poner en peligro su medio natural que es la base, junto al clima, de su principal industria, el turismo. Tenemos una de las más importantes biodiversidades del planeta y un gran número de espacios naturales que debemos preservar. Como tampoco es razonable que, en caso de que se decida extraer, Canarias asuma todos los riesgos (medio ambientales y de cambio de modelo productivo) y no tenga beneficio alguno, ni en forma de puestos de trabajo, ni de creación de nuevas industrias e ingresos tributarios. En definitiva, son nuestras aguas, es nuestro petróleo. Canarias decide.
*Miembro del CPN de Coalición Canaria