Esta semana el debate del Estado de la Nacionalidad ha marcado un importante paso en las líneas a seguir por nuestros mandatarios. Los ciudadanos piden algo claro: quieren políticas que logren sacar a las Islas de la crisis, quieren administraciones que abandonen el despilfarro y se unan a la eficiencia, desean una sincera protección del medio ambiente y el mantenimiento y la mejora de los servicios sociosanitarios y educativos de las Islas. Para ello, todas las administraciones deben estar unidas. Desde las distintas percepciones, desde los distintos partidos, desde sus distintas competencias. La responsabilidad debe primar por encima de todo. Se lo deben a los ciudadanos.

El discurso del presidente canario, Paulino Rivero, dejó claro que el entendimiento con el Gobierno estatal debe ser mejorado. Es algo que los canarios se merecen.

Rivero utilizó la tribuna parlamentaria para enviar un mensaje al jefe del Ejecutivo estatal, Mariano Rajoy. Le pidió directamemte diálogo con el Gobierno de Canarias para debatir algunas decisiones adoptadas por el gabinete estatal del Partido Popular (PP) pues son, a su juicio, una “hipoteca para nosotros”. Una petición razonable que un gobierno de mayorías absolutas puede obviar aunque no debería. Ya lo ha hecho con importantes decisiones como la autorización a Repsol para que inicie los sondeos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura para comprobar si, finalmente, existe la gran bolsa de crudo que la compañía sospecha.

Rivero coincide con los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura en que las prospecciones “no son una solución ni para Canarias ni para España” aunque “puede ser para Repsol”.
Este grave desencuentro entre ambas administraciones ha llevado al Gobierno de Canarias a presentar un recurso en el Tribunal Supremo. Rivero fue muy duro al denunciar la política de la imposición y la falta de respeto institucional practicada por Madrid, en sus tres primeros meses de gestión. El debate del Estado de la Nacionalidad se convirtió en un resumen de desencuentros con el Estado.

El presidente expuso los “tres grandes retos” que debe afrontar el Archipiélago: la transformación del modelo económico para ser más competitivo y sostenible, la reforma y fortalecimiento del estado del bienestar con menos recursos públicos y la consecución de “pactos tácitos” con Madrid sobre la financiación autonómica, la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), la revisión del estatus de Canarias en la Unión Europa y un mayor nivel competencial, incluyendo la reforma del Estatuto de Autonomía.

Rivero dedicó pocos minutos al asunto que ha copado portadas de periódicos regionales, nacionales e internacionales: retomó su propuesta de desarrollar un modelo económico sostenible, respetuoso con la biodiversidad y asentado en la sociedad del conocimiento para advertir de que este esquema “no es compatible con explotar el petróleo”. El presidente dejó muy claro que este asunto es “muy complejo” porque “choca con la línea de flotación” del modelo que “queremos desarrollar” en los próximos años.

Recordó que con respecto al petróleo, “no se nos puede hablar de la coyuntura actual, de las dificultades económicas porque, en el supuesto de que se extrajera el crudo, habrá cambiado el ciclo económico” y, según recalcó, “lo que habremos hecho hoy, si aceptamos esta decisión, es hipotecar nuestro futuro”.

El jefe del Ejecutivo consideró que “ya es hora” de que, en algunas decisiones estratégicas, el Gobierno estatal “no solo piense” en la España peninsular y en los intereses de terceros países como Marruecos.

“Es muy importante”, añadió, “que Rajoy piense en Canarias”. Rivero fue aún más contundente al decir que un estado descentralizado, como el definido en la Constitución española, “no es posible sin diálogo ni lealtad institucional”. Y aseveró que aquí “ni ha habido diálogo ni lealtad institucional”. De ahí que vaya a “impulsar todas las medidas” del Estado de derecho para hacer “inviables” las explotaciones. La primera, el recurso ante el Supremo, el mismo tribunal que, en 2004, anuló los permisos de 2001.

El ministro de Industria, Turismo y Energía, el canario José Manuel Soria, ha insistido en que no se puede engañar a la gente diciendo que va a haber extracción cuando, de momento, solo son sondeos para averiguar lo que hay en el mar canario. También incide en el argumento de que sería una gran oportunidad económica para Canarias y los canarios.

De los discursos de unos y de otros se extrae una sola conclusión: son ideas que van en paralelo, sin posibilidad de unión. Ya no hablan de acuerdos, de posibles ingresos para Canarias, de medidas preventivas en caso de contaminación, de proteger las actuaciones de Marruecos, de la propiedad o no de las aguas. El Estado ha dicho que sí, por decreto y Canarias dice no, aunque las manifestaciones de ayer no fueran masivas. Ante esto… ¿qué cabe esperar a los canarios?

Necesitamos que los políticos se entiendan. Que el presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, reconsidere su postura y -al menos- se siente a hablar con los representantes de las instituciones canarias. Se lo deben a todos los habitantes del Archipiélago.