JUAN CARLOS SÁNCHEZ | LA OROTAVA

El ingeniero técnico industrial orotavense Eduardo Sánchez García muestra su disconformidad con una sentencia del Tribual Superior de Justicia de Canarias que no es recurrible y que le obliga a pagar los impuestos que un grupo de empresarios retuvieron y que además no han abanado a cuenta del IRFP a la Agencia Tributaria, durante los ejercicios 2002 y 2003.

La sentencia ha desestimado el recurso que el afectado presentó en 2008 ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra una resolución de Hacienda en la que los magistrados, por falta de pruebas fehacientes, han dado la razón a la Agencia Tributaria, en detrimento de este profesional que, además de no haber cobrado íntegramente su trabajo, se ha visto obligado a pagar la cantidad que un grupo de empresarios debió abonar a Hacienda durante este período.

Al ingeniero técnico Sánchez García le sorprende el hecho de que los funcionarios de la administración tributaria no hayan comprobado que las empresas implicadas en este caso hayan o no ingresado el dinero que se les exige, ya que en su opinión “les sobra medios para hacerlo. Tras realizar cada proyecto, en cada factura se le detallaba a cada cliente el impuesto del IRPF que tenía que pagarle a Hacienda. Sin embargo, hubo una serie de empresas que nunca pagaron las retenciones que ellos habían hecho”, señala Sánchez.

El afectado considera también que la decisión del Tribunal ha sido unilateral, en tanto no solo “ha marginado la documentación presentada, sino también que ha eximido a Hacienda de presentar la documentación acreditativa que justifique el ingreso de dichas retenciones, a la vista del proceso”.

Sánchez García, que está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le devuelva toda la documentación para localizar por su “propia cuenta” a las empresas que no cumplieron con sus obligaciones, considera que sus derechos han sido hurtados por parte de la Administración y pide a las autoridades competentes que adopten las medidas correctoras oportunas. Y es que además de abonar la cantidad correspondiente por la sanción de Hacienda, ha tenido que pagar intereses tanto por la demora del proceso judicial, como por un aval bancario que solicitó para poder hacer frente al proceso.

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“Impresentable”

Sobre el desinterés de Hacienda en conocer las causas que llevaron a estas empresas a no pagar sus retenciones, Eduardo Sánchez García califica de “impresentable que los profesionales que cumplen con sus obligaciones tributarias tengan que pagar las negligencias de otros, sin que este organismo público muestre preocupación alguna por revisar a fondo donde está el problema”. Lamenta que en Canarias sucedan aún este tipo de injusticias, que podrían generar desconfianza y poner en peligro la supervivencia de pequeños y medianos empresarios, ante determinados funcionarios de la administración que al parecer no están haciendo bien sus deberes. Por ello, este ingeniero técnico quiere manifestar ante la opinión pública que casos como el suyo confirman que hay un déficit de justicia en la sociedad, por lo que considera que el Gobierno o las autoridades competentes deberían hacen determinadas reformas en el régimen de ordenamiento tributario con el fin de luchar contra este tipo de personas o empresas que cometen fraude, incumpliendo sus obligaciones fiscales, en perjuicio de otros profesionales. “Creo que se debería proteger más los derechos de aquellos que generan riqueza y puestos de trabajo y que cumplen rigurosamente sus obligaciones”.

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