TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Un viernes de marzo cedió un pilar, el puñetero pilar 26, y hubo que desalojar todo el edificio. Al día siguiente, 19 de marzo de 1994, se hundió y arrastró consigo parte del interior del edificio. Sus moradores nunca volvieron a vivir allí, porque los estudios e inspecciones realizadas rechazaron de plano tal posibilidad debido a su altísimo coste. Ahora, justo después de 18 años de espera, todo apunta a que una jueza que lleva desde diciembre pasado deliberando decidirá sobre la millonaria indemnización solicitada a constructores, aparejadores y arquitectos.

El motivo de tanto retraso tiene que ver con la lentitud de la Justicia (mucho mayor en la década de los noventa que en la actualidad), pero también con lo complejo de un pleito de estas características. Eso sí, las partes agradecen a la actual jueza, María del Mar Sánchez Hierro, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, el impulso dado al procedimiento en cuanto a eficacia y diligencia.

A pesar del tiempo transcurrido, el caso permanece en la memoria de los santacruceros. No en balde, el edificio Imperial era una majestuosa torre que daba tanto a la calle de La Marina como a la calle de San Francisco,y entre sus moradores se incluía, por citar un ejemplo, la sede de una compañía estatal como era entonces Transmediterránea.

Descartadas responsabilidades penales, la vía civil (que es la que nos ocupa) arrancó desde el principio con la demanda de los afectados pero el emplazamiento de los demandados (aún hay dos que se encuentran en rebeldía) y los distintos fallecimientos postergaron la celebración del juicio hasta 2004.

Fue tal el retraso que una reforma procesal hizo que el juzgado que entendía del asunto pasara a ser únicamente penal y, aunque tenía la obligación de finalizar los temas civiles que le ocupasen antes de la reforma, el titular halló un resquicio legal para desentenderse del asunto.

Concretamente, alegó que el proceso era de Mayor Cuantía y no de menor cuantía, obviando que si no estaba determinada la misma (como era el caso) sí que procedía. Sea como fuere, doce años después del colapso del edificio hubo que empezar de nuevo el proceso de nuevo, ya como juicio ordinario, aunque los demandantes se redujeron a la Comunidad de propietarios, Transmediterránea y catorce vecinos (o sus herederos). En total su representación jurídica, dirigida por el Bufete de La Vega, solicita una cantidad que supera los tres millones y medio de euros, a los herederos de los constructores y de los arquitectos, así como a los cuatro aparejadores, de los cuales Vallejo Íñiguez de Cipriano, Miguel Hernández Rodríguez y Celestino Amador Melián han sido declarados en rebeldía.

La reclamación contra todos ellos se realiza en base a la única pericial que se realizó in situ, la del arquitecto Nicolás Marrero, quien apreció deformaciones en forjados y guías que formaron grietas en los tabiques, así como una bajísima calidad en el hormigón destinado a los pilares.

Para Marrero, la improvisación en la obra fue altísima como demostrarían los numerosos cambios detectados entre lo planificado y lo finalmente ejecutado. Su informe es de tal rotundidad que el arquitecto sostiene que el edificio presentaba un nivel de seguridad tan bajo que, sencillamente, no era habitable.

Por contra, los peritos de la parte contraria apuntan hacia el dichoso pilar 26, que habría sido manipulado días antes por orden del presidente de la comunidad, así como la retirada de otro que fue sustituido por un pórtico metálico.

Además, los arquitectos también se defienden señalando a que se construyó un ático y un sobreático no previstos, así como destacando lo que entienden falta de mantenimiento.

Tal día como hoy, hace dieciocho años, cedió el pilar 26 que provocó la evacuación.

Tal día como mañana se colapsó el Imperial.

Un coloso caído

El edificio Imperial se construyó entre 1971 y 1973, según un primer proyecto realizado por los arquitectos Félix Sáenz Marrero y Francisco Aznar Ortiz, luego reformulado por los mismos profesionales. Levantado sobre un solar rectangular, presentaba fachada hacia la calle de La Marina, la de San Martín y la de San Francisco, con una superficie de 1.130,67 metros cuadrados.

Constaba de dos sótanos, seis plantas y dos más destinadas a áticos. En los sótanos se ubicaron aparcamientos, y en la primera planta habían dos locales comerciales, uno a La Marina y otro a San Francisco.

La planta segunda de La Marina (que es la primera por San Francisco) se reservó para oficinas (nueve). El resto (tres plantas) se destino a viviendas (seis por cada).