EUROPA PRESS | Madrid

El Congreso de los Diputados debatirá este martes la primera proposición de ley de esta legislatura a instancias del PSOE, que pedirá aumentar la transparencia y regular el acceso a la información pública, adelantándose así a la promesa del Gobierno de Mariano Rajoy de presentar una norma en este sentido a finales de marzo.

Si bien el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero prometió en su día impulsar la citada ley, ésta nunca llegó a ver la luz. Ya en la oposición, el pasado mes de diciembre, los socialistas registraron una propuesta en este sentido que será debatida este martes para su toma en consideración.

De esta forma, el Grupo Socialista consigue anticiparse a la pretensión del Gobierno ‘popular’, anunciada por su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de que la prometida Ley de Transparencia y Buen Gobierno llegue a finales de este mes al Consejo de Ministros para que la norma esté aprobada antes del verano.

Los socialistas dejan claro que su iniciativa pretende completar “una tarea pendiente”, la de la configuración legal del derecho de acceso a la información pública, porque, según arguyen, la transparencia constituye “una eficaz salvaguarda” frente a la mala administración que posibilita a los ciudadanos “conocer mejor y vigilar” la prestación de servicios y el empleo de los recursos públicos.

Poderes públicos eficientes

Pero, además, según apuntan en la proposición de ley recogida por Europa Press, estimula a los poderes públicos a funcionar de un modo “eficiente”. “Un Gobierno transparente es, por ello, un Gobierno que pretende rendir un mejor servicio a la sociedad”, enfatizan.

Así, la propuesta del PSOE busca mejorar la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común con el fin de facilitar el derecho de acceso a los documentos relacionados con procedimientos terminados y archivados y que su consulta no dependa en la práctica de una decisión discrecional de la Administración.

Los socialistas pretenden conjugar las exigencias del principio de transparencia con el debido respeto del derecho a la protección de datos personales.

Para ello, plantean cerrar el acceso a la información pública que contiene datos especialmente protegidos -salvo que el afectado lo consienta expresamente-, pero a la vez disponen, como regla general, la apertura del acceso a aquellas informaciones que, aun conteniendo datos personales, estén directamente vinculadas con la organización, funcionamiento y actividad públicas.

También podrá accederse a aquellas informaciones que contengan datos personales no especialmente protegidos ni relativos a la vida privada, pero cuya divulgación no perjudique ningún derecho constitucional del afectado.