EUROPA PRESS | Madrid
El Congreso debatirá este martes sobre la conveniencia de que se continúe investigando los casos de las denuncias sobre bebés robados y adopciones ilegales realizadas en España entre los años 1940 y 1990. Y lo hará a instancias del PSOE, que quiere que el Ejecutivo apoye y dé continuidad al esclarecimiento de este “escándalo” social que se inició en la pasada legislatura con el objetivo de que se “haga justicia”.
Así, los socialistas defenderán en la Comisión de Justicia del Congreso una proposición no de ley en la que instan al Gobierno a seguir colaborando con la Fiscalía y con los órganos judiciales, así como con las demás instituciones competentes, para la investigación de los supuestos casos de robo y adopción irregular de niños.
Se desconoce la disposición del gobierno
En la iniciativa, firmada por el diputado vasco y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, el PSOE también reclama al Ejecutivo del PP a que dé cuenta a la Comisión de Justicia de la información sobre el grado de cumplimiento de las medidas impulsadas por la Administración Zapatero.
Entre estas medidas destaca las relativas a la realización de pruebas de ADN, la evolución de la colaboración prestada a las familias para facilitar su acceso a los datos del Registro Civil y los resultados de las comunicación con el enlace del Ministerio de Justicia establecido como vía institucional de interlocución con los afectados.
Y es que, según Elorza, a día de hoy se desconoce cuál es la disposición y el apoyo del titular de Justicia y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para atender las demandas de las asociaciones de afectados y continuar con la labor iniciada en este
sentido por el Gobierno anterior.
Las pesquisas, muy complicadas
En este punto, el parlamentario socialista informa que las asociaciones de afectados Anadir, SOS Bebés Robados y Aberoa, han anunciado recientemente que van a enviar un documento al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, solicitándole el cese de archivos de denuncias sin haber practicado las mínimas actuaciones y la apertura de nuevas investigaciones por la Policía Judicial.
Y es que su antecesor en el cargo, Cándido Conde Pumpido, ya informó en noviembre de 2011 que la Fiscalía estaba investigando cerca de mil casos de niños robados reconociendo, eso sí, que las pesquisas estaban resultando “muy complicadas” debido a la antigüedad de las pruebas, a la falta de las misma en algunos casos, a las prescripciones o a la desaparición de archivos.