Un 40% de los andaluces, asqueados, resignados o hastiados, prefirieron eludir las urnas: un porcentaje altísimo, aunque no el mayor de los registrados en las elecciones autonómicas. Y sin embargo ninguna de las tres fuerzas parlamentarias (PP, PSOE o Izquierda Unida) ha dedicado más de un minuto a analizar este abandono ciudadano que, por supuesto, no supone per se una crisis de legitimación del sistema político, pero que es ignorado porque supone una crítica demasiado descarnada, precisamente, a las pompas, retóricas y ofertas de los tres partidos mayoritarios. Hasta IU lanza voladores proclamando que la voz del pueblo ha decretado una mayoría de izquierdas y el freno decidido a la derecha: que cuatro de cada diez andaluces no haya querido saber nada respecto a semejante esfuerzo épico no afecta en absoluto al entusiasmo de Diego Valderas y sus compañeros. Ni tampoco a su lucidez, por supuesto.
El PP ganó las elecciones con unos resultados miserables. Perdió casi todos los apoyos cosechados en las generales entre las clases medias urbanas y no arañó prácticamente nada del voto rural. Para estrellarse -aparte de un mal candidato y un estúpido diseño de campaña- ha bastado con la traicionera subida de impuestos y la paleolítica reforma laboral de Mariano Rajoy. El PSOE se desangra bastante, pero evita la hemorragia gracias a una maquinaria político-electoral engrasada durante treinta años por la cooptación institucional, el clientelismo y la memoria histórica de una derecha canallesca. No es muy difícil comprenderlo. Lo que no puede entenderse fácilmente es que un país con más de un 31% de desempleados y la mitad de sus jóvenes en paro, económicamente desvastado, agusanado por múltiples y escandalosos casos de corrupción política y con crecientes bolsas de marginación y exclusión social, consiga en las urnas que siga gobernando la misma fuerza política -y el mismo presidente- que ha acumulado semejantes logros políticos, sociales y morales. En este sentido las elecciones autonómicas de Andalucía del pasado domingo ejemplifican perfectamente la impotencia estructural de un sistema político lastrado por un grave déficit democrático que apenas ofrece sucedáneos de alternativa porque su principal función es su autorreproducción ilimitada. El próximo viernes entrará en las Cortes un proyecto presupuestario que solo garantiza sufrimiento social, depresión económica y condena estratégica para el desarrollo español durante la próxima década. Lo apoyarán alrededor de 200 diputados. Democráticamente, es decir, desde los intereses de la mayoría popular, no será ni un acierto ni un error, sino una catástrofe.