Y. R. / B. A. | SANTA CRUZ DE TENERIFE

La polémica reactivación de las autorizaciones a Repsol para continuar con las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura protagonizarán hoy la agenda del Gobierno de Canarias y del Parlamento autonómico.

La jornada comenzará, a primera hora, con la reunión del jefe del Ejecutivo Paulino Rivero, con el presidente de la compañía petrolífera antes mencionada, Antonio Brufau, a quien Rivero planteará la necesidad de paralizar el expediente de las autorizaciones que elabora el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de José Manuel Soria.

A continuación, el presidente canario se trasladará al Parlamento, donde se debatirá la comunicación remitida desde su gabinete. Una iniciativa a la que los cuatro grupos parlamentarios presentarán propuestas de resolución.

Los socios del pacto de nacionalistas y socialistas concretarán la estrategia dibujada por el Gobierno. Una táctica orientada hacia tres vías de actuación con las que se pretende paralizar el expediente de convalidación de las prospecciones.

En primer, el planteamiento de un conflicto competencial en el Tribunal Constitucional (TC) contra el Ejecutivo estatal del Partido Popular (PP). En segundo lugar, la interposición de un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional y, en tercer lugar, la aprobación de un tributo a este tipo de actividades industriales.

Socialistas y nacionalistas suman los votos necesarios para aprobar sus propuestas de resolución aunque es previsible que se queden solos.

El grupo Mixto de Nueva Canarias discrepa de los argumentos defendidos por el Gobierno. Aunque coincide en que es necesario paralizar el expediente, su portavoz Román Rodríguez consideró ridícula la estrategia de aprobar un impuesto para frenar las prospecciones hasta que la justicia resuelva la administración competente para conceder esa autorización que, a su juicio, corresponde a Madrid. La oposición del PP defenderá los planteamientos de su líder y ministro Soria que ahora ve la posibilidad de ralentizar la reactivación de las autorizaciones aunque defiende la conveniencia de las mismas.

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El proyecto ‘sísmico’ en aguas de las Islas

El presidente Rivero decía ayer que el Gobierno de Canarias va a estar “en contra pero no caprichosamente”. El jefe del Ejecutivo recalcaba que “estamos hablando de un modelo de sostenibilidad, de un territorio que tiene en su cielo, mar y recursos naturales, su principal valor”. Rivero insistió en que la zona de las prospecciones es un ecosistema afectado por la Red Natura 200 y un área marítima de especial sensibilidad por la biodiversidad existente.

La coyuntura, continuó, “no nos debe arrastrar” porque “una cosa para un poquito tiempo nos puede hipotecar todo nuestro futuro”. Rivero aseguró que “hay razones político-sociales, hay razones económicas y ambientales, hay razones jurídico competenciales que nos hacen que la posición nuestra sea no”. Tras recordar que este asunto “no se puede ver desde Gran Canaria, Tenerife o La Palma porque Lanzarote y Fuerteventura lo tienen al lado y lo ven de otra manera”. El jefe del Ejecutivo recalcó que es “mucho más importante la unidad de Canarias que todo el petróleo del mundo”.

En el proyecto sísmico en aguas de Canarias, según consta en la web de la compañía presidida por Brufau y refiriendo las autorizaciones de 2001 anuladas en 2004 por deficiencias medioambientales, se dice que “cualquier actividad en esta zona se llevará a cabo con el máximo respeto al entorno natural, de acuerdo con la normativa nacional e internacional aplicables”.

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