NICOLÁS DORTA | Arona
Daniel Álamo González es magistrado juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en el Palacio de Justicia de Arona. Nació en Las Palmas de Gran Canaria y ha desarrollado su labor profesional en el Juzgado de Santa María de Guía y en el partido judicial de Güímar. Aparte del trabajo diario para tratar los casos de violencia machista, el magistrado ocupa su tiempo en los asuntos relacionados con el consumo, el papel de los bancos y los derechos del ciudadano en esta sociedad de mercado. Así, cree en la figura fundamental del juez para poner freno a las cláusulas abusivas de las entidades bancarias frente a sus deudores.
Álamo ha recibido el Premio del Foro Canario del Colegio de Abogados de Las Palmas, edición 2011, al escribir sobre El control judicial sobre el interés de demora en la actividad de las entidades de crédito.
El auge de las hipotecas, en plena efervescencia de la construcción, hacía que muchos de los ciudadanos adquiriesen una casa u otro bien sin mirar la “letra pequeña” del contrato. A esas cláusulas no se le daba tanta importancia y la gente que no podía pagar eran todavía casos aislados. Pero la realidad ahora es bien distinta. “El ciudadano ha visto unas cláusulas excesivas por deuda o impago, en ocasiones diez veces más altas”, sostiene.
En este sentido el papel de la Justicia, del juez de oficio, “es clave”, indica, independientemente de la voluntad y los medios que tenga en consumidor para oponerse a dichas cláusulas. Esta es la tesis por la que Álamo recibió el premio.
Actualmente, Daniel Álamo, prepara otro trabajo, del que publicará un libro en la editorial Tirant Lo Blanch, llamado La dación en pago en las ejecuciones hipotecarias. Viene a ser una continuación de su premiada labor anterior aunque se aborda en profundidad la dación de pago, que es la entrega voluntaria de la propiedad al acreedor en cambio del saldo de la deuda. Se utiliza por ejemplo como recurso de los deudores para evitar una ejecución de hipoteca.
En esta dirección, este magistrado demuestra que según su tesis jurídica, la dación en pago, entendida como limitación de la responsabilidad del deudor al bien inmueble, sin continuar después con la ejecución, contra el resto de su patrimonio, “no es que se pueda aplicar, se debe aplicar”.
Jurisprudencia europea
Mediante su trabajo en los Juzgados de Güímar, Daniel Álamo percibió que en las daciones bancarias había reclamaciones excesivas, que no había de equilibrio, demasiados desfases de los intereses ordinarios que había en el contrato y la cantidad que luego los deudores se veían obligados a pagar en caso de impago.
“Empecé a investigar y comprobé que había una jurisprudencia europea, que no sólo protegía al consumidor, sino que obligaba al juez de oficio a hacer un control de las clausulas abusivas para que no se produzcan estas situaciones en contra del consumidor”, relata.
Papel del juez
A juicio de Álamo, el juez “tiene que velar por el que no se produzcan estas situaciones en contra del consumidor, lo dice la jurisprudencia europea para todos los jueces”. El derecho europeo “prevalece sobre el nuestro” afirma. Por lo tanto, para el joven Álamo, la figura del letrado “tiene que ser activa”, tiene que “velar por que no se produzcan abusos en los derechos del consumidor”.
La legislación concursal, a juicio del letrado, adolece de un régimen especial para atender las deudas pendientes de estas personas, las casas que no se pueden pagar, y tampoco existe leyes de sobre endeudamiento. “Digamos que hay una falta de legislación específica en esa materia, a diferencia de otros países, donde sí existen leyes para regular estas deficiencias entre el acreedor y el deudor”, explica el magistrado. “No se puede dejar en manos del deudor la oposición, insiste Álamo, tiene que ser el juez el que intervenga de oficio en estos casos”.
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Trabajo en Arona
El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer en Arona funciona con el personal adecuado. Lleva toda la violencia del Partido Judicial, casos penales y de familia. De enero a marzo se han tratado aproximadamente entre 180 y 200 asuntos penales de este tipo. La materia habitual son juicios rápidos que incoa la Policía tras denuncia de las víctimas por golpes, amenazas y faltas, insultos. Moderadamente las cifras de violencia machista “han bajado”, sobre todo “de residentes, “dice el juez, pues la mayor parte de los casos de violencia que existen son de personas extranjeras , que están de vacaciones, en torno a un 80%”, resalta. Arona es un Partido Judicial muy amplio y “es pura lógica al llevar toda la zona turística, dice. Generalmente responden a peleas en hoteles, pubs o por denuncia de la víctima a través de la Policía. Los peores casos a los que se tiene que enfrentar el juez son los crímenes. Afortunadamente el año pasado sólo hubo uno en el Partido Judicial de Arona que está “bien dotado de medios en esta dirección”, explica el magistrado.
Güímar tiene su propio juzgado de Violencia, así como Granadilla. En Arona se hace guardia 24 horas, salvo fines de semana y festivos. “Lo bueno que tenemos es que como no llevamos otras materias y esto nos permite agilizar los procedimientos con rapidez y total dedicación con el personal actual”, subraya Daniel Álamo. Para el juez, la violencia de género se produce por la mentalidad “errónea e histórica de tener a la mujer en una escala inferior, con determinado papel en la sociedad”. La Ley de violencia de la mujer se ciñe a un ámbito, concretamente por parte de su pareja, el doméstico, familiar. El magistrado-juez de Arona afirma que los medios han aumentado para atajar esta lacra y que se debe seguir trabajando duro. Pone como ejemplo los últimos sistemas vía satélite GPS de localización junto al trabajo conjunto entre Policía y Justicia.
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