Con el indudable éxito de participación popular en las manifestaciones de ayer, a la cabeza Lanzarote y Fuerteventura, contra las prospecciones de petróleo en aguas jurisdiccionales españolas próximas a Canarias, se cumple la hoja de ruta marcada por el Gobierno autonómico. El Ejecutivo de Rajoy puede así visualizar el respaldo social de que disfruta esta postura, que sin embargo no cuenta con muchos seguidores en cinco islas, a juzgar por las encuestas de opinión pública, las declaraciones de dirigentes sociales y empresariales y las concentraciones del sábado en distintas capitales.
Las manifestaciones refuerzan el liderazgo de Paulino Rivero ante el próximo congreso de Coalición Canaria (CC), al garantizarse el apoyo determinante de majoreros y conejeros- que disponen de 8 de los 21 diputados nacionalistas-, así como de las organizaciones de jóvenes y de toda la ralea independentista, hasta ahora de escasa significación. Pero mucho me temo que, en otro plano, las declaraciones altisonantes del jefe del Gobierno debilitan su imagen presidencial al haber llevado a los canarios a una grave división sobre un asunto que despierta opiniones encontradas en amplios sectores de la sociedad. Rivero ha preferido envolver la cuestión del petróleo con un manto político de populismo y demagogia -no se puede decir sin faltar a la verdad que petróleo y turismo son incompatibles- cuando ni siquiera se han resuelto los más elementales problemas técnicos previos sobre el alcance real del posible yacimiento y los posibles beneficios que puede reportar a Canarias.
Además de reunirse a bombo y platillo con Greenpeace, hasta ayer enemigo acérrimo del Gobierno y primer denunciador de sus reiterados atentados en la costa y otros lugares de las Islas, el gran error de Paulino Rivero ha sido llevar el tema al Parlamento sin que existiera el deseable consenso, en una huida hacia adelante que ni él mismo sabe dónde va a terminar, y menos aún en qué medida va a afectar a las relaciones con el Gobierno del Estado. Los asuntos de envergadura -y el del petróleo lo es, como el REF, el Estatuto de Autonomía y la financiación de las Islas- o se apoyan por todos o acaban mal, como prueban actuaciones recientes. Aun actuando de buena fe en lo que considera defensa de los legítimos intereses de Canarias, Rivero es el principal beneficiario de una actuación que presenta innegables perfiles partidarios y coyunturalmente favorables a los intereses del nacionalismo. Así lo reflejan sus múltiples declaraciones de estos días, sus intervenciones en el Parlamento durante el debate sobre el estado de la nacionalidad, e incluso las amenazas de radicalización del portavoz nacionalista, José Miguel Barragán.
Vamos a ver hasta dónde le acompaña en esta aventura el PSOE canario porque si bien es cierto que a su debilitado líder autonómico le viene bien alinearse con los nacionalistas, sobre todo pensando en el congreso regional del próximo otoño, y unirse al coro del ‘enfrentamiento con Madrid’, puede llegar un punto en que sea impelido por Rubalcaba y compañía a frenar en seco, según evolucionen los acontecimientos, o sea, la deriva soberanista que ya propician dirigentes de Coalición. Lo peor de todo es que los máximos responsables de CC y PSOE eran hasta hace cuatro días incondicionales partidarios de las prospecciones, pero al colocarse delante el muñeco del PP, los intereses conjuntos del pim, pam, pum se dispararon como por ensalmo y con ellos el inexplicable cambio de parecer.
En este asunto del petróleo los errores y los intentos de manipulación han sido moneda común a lo largo de todo el proceso. Empezaron con Aznar, en cuyo mandato se aprobaron precipitadamente las prospecciones, anuladas en seguida por un defecto de forma en la actuación de Repsol, y siguieron con Zapatero y su ministro Sebastián, que dejó el real decreto preparado dando por sentado -lo que era falso- que existía consenso ciudadano en torno al tema. Sospecho que Soria no se creería semejante broma, pero tan pronto supo que Repsol quería reactivar la cosa, abrió el periodo de alegaciones para diez días, lo prorrogó por otros diez y acabó metiendo prisa al Consejo de Ministros hasta sacar el tema adelante.
Desconozco qué informes, qué datos, qué intereses se aportaron para que el Gobierno tomara tan rápidamente la decisión de autorizar las prospecciones, no dudo que en uso legítimo de la soberanía española sobre las aguas canarias y los recursos marinos en ellas existentes. Lo cierto es que ha faltado sensibilidad, tacto político; las prospecciones podían y debían autorizarse, pero previamente tenían que haberse establecido contactos formales con el Gobierno de Canarias, y no sólo para cubrir las apariencias sino con el deliberado propósito de tender puentes y amarras para evitar suspicacias, malos entendidos y eventuales dificultades.
Pero los dos principales protagonistas del encontronazo bilateral, Rivero y Soria, Soria y Rivero, hace tiempo que no se entienden; es más, se odian, y sus diferencias y el orgullo y cierta soberbia que ambos utilizan pueden llevar a las Islas a un conflicto de envergadura, del que el principal perjudicado puede ser el propio pueblo canario. ¿Qué pasó para que se produjera un cambio de estrategia y de opinión tan radical por parte de Rivero, tras la entrevista que ambos mantuvieron el 2 de enero pasado en la sede de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas? Porque los dos dejaron bien claro que coincidían en la conveniencia de las prospecciones con tal de que se cumpliera escrupulosamente la legislación medioambiental y Canarias recibiera una parte razonable de los beneficios. Sospecho que el cambio del presidente ha venido determinado por las presiones de majoreros y conejeros y también por la opinión de algunos de sus asesores de que con este asunto podía sacar tajada política para consolidar sus posiciones en CC y reforzar su autoridad en el Gobierno.
Lo cierto es que Rivero y Soria se fueron hacia posiciones extremas. Los dos hicieron declaraciones interesadas, inoportunas, de verdades a medias, confrontadoras, desafiantes y hasta con pasajes chulescos. El jefe del Gobierno le dijo al presidente de Repsol, que lo visitó en su despacho en Tenerife, lo mismo que a Soria. Pero, acto seguido decidió buscar el fácil apoyo del Parlamento, donde soltó demagogia a raudales. Entre tanto, el operador petrolero desplazaba a varios técnicos hasta Canarias, para que hablaran con autoridades y periodistas sobre las bondades de su proyecto, y el ministro acudía al Boletín Oficial del Estado y remataba la faena con unas largas manifestaciones a la cadena SER absolutamente inadmisibles y provocadoras. Otro presidente menos contemporizador que Rajoy lo habría destituido de manera fulminante. Porque no se puede vilipendiar tan insensatamente al presidente de la comunidad autónoma, ni dejarlo en ridículo al llamarle incompetente, ni tampoco tratar de desestabilizar a un Gobierno legítimo ofreciendo el oro y el moro a los socialistas para que rompan con CC y pacten con el PP.
Bastante enredó Soria antes de la formación de las corporaciones locales y del Ejecutivo como para seguir a estas alturas con una política rastrera, impropia no solo del presidente de un partido, sino también de un ministro de España. Un ministro debe saber guardar la compostura, ofrecer lealtad y mantener un respeto a prueba de bomba hacia los dirigentes y las instituciones que representan a todos los canarios. Soria y su partido no pueden presentarse tampoco como salvadores de nada ya que son corresponsables de muchos de los desaguisados que hoy padece Canarias, no en vano han venido apoyando a CC en el Gobierno regional, dentro o fuera del mismo, durante los últimos años. Incluso el propio Soria, siendo vicepresidente, dio el visto bueno a un recurso presentado por el Ejecutivo canario ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Hidrocarburos, reclamando para las Islas los recursos marinos que ahora se otorgan en concesión, para descubrir si existen, a Repsol. Así que en todo este asunto debería actuar con prudencia y mesura para no complicar más las cosas.
Con este panorama y tras los loables intentos de González Santiago de sentar en la misma mesa a Soria y Rivero -ambos dijeron inicialmente que sí, pero luego se echaron atrás en una actitud mezquina-, ha entrado en liza Marruecos a través de su ministro de Industria, quien ha sugerido, tras entrevistarse con su colega Soria, que Rabat y Madrid deberían establecer algún tipo de “concertación” para un “tema difícil de abordar” como es el de los sondeos petroleros en aguas canarias. Como el país magrebí no da puntada sin hilo, su ministro añadió que en caso contrario, “no sería un buen comienzo”. Y es que al no estar trazada la mediana que separa las aguas españolas de las marroquíes, Rabat podría abrir un conflicto ante los organismos internacionales para que se acuerde su trazado con arreglo a la Convención del Mar, los derechos históricos del Reino alauita y su mar territorial (que ha extendido hasta las 200 millas).
Oficiosamente España y Marruecos aceptan una mediana teórica y en la concesión de los sondeos petrolíferos cada parte ha respetado a la otra. Si hubiera una bolsa conjunta de petróleo o gas, la concertación sería más que recomendable, pero, en contra de lo que dijo la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, no se da en este caso, al menos con los datos que ha difundido Repsol. No obstante, ¿por qué Marruecos no ofreció concertación antes de iniciar sus propias prospecciones tan cercanas a Canarias? ¿Tiene algo que ver con la situación del Sahara Occidental? Lo que sí existe en la zona son unos vientos y unas corrientes dominantes que, según noticias oficiosas, traerían hacia Canarias los eventuales vertidos que pudieran producirse en aguas marroquíes -donde ya se han aprobado 45 sondeos y esperan otros tantos para próximos meses- y también, aunque con efectos más limitados, en el caso de que Repsol sufriera un accidente en la parte española.
Las cosas se han puesto más serias al abrirse el frente judicial con el recurso al Supremo acordado por el Gobierno canario. Añádase el dislate, propuesto por la diputada socialista Dolores Padrón, de celebrar un referéndum sobre el tema del petróleo, un asunto para el que Canarias no está legitimada ni es competente -pese a lo cual el presidente Rivero dice contemplarlo como posibilidad- y se tendrá un panorama desolador de adónde hemos llegado, con la consiguiente pérdida de confianza en la clase política dirigente y las dudas sobre el inmediato futuro de Canarias.
Esta semana se celebró el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria. Sus señorías lo pasaron muy bien, se dijeron de todo -especialmente dura estuvo la popular María Australia Navarro con un Rivero que aguantó estoicamente insultos y descalificaciones- y supongo que cobrarán sus dietas por el trabajo. Pero no acordaron nada sustancial sobre la crisis económica, el paro, la pobreza, las listas de espera sanitarias, el fracaso escolar, las energías renovables y tantas otras cuestiones que interesan a los ciudadanos. La cortina de humo del petróleo les oscureció el desolador panorama que existe allende la cámara legislativa.