El próximo jueves, 29 de marzo, se ha convocado una jornada de huelga general. No se trata de una fiesta. Se trata de darle a la sociedad un instrumento democrático y constitucional a la hora de habilitar la potencia máxima del binomio negociación-presión.
Tampoco se trata de escenificar un descontento sindical. Realmente se deberá mostrar la honda preocupación por parte de la sociedad, de la continua pérdida sustancial del valor del sistema de convivencia y negociación que nos ha traído hasta aquí y por los sacrificios que se han tenido que llevar a cabo para poder disfrutar de la escala de derechos y obligaciones que tenemos. Pero antes de decidir, analice la reforma laboral y compruebe cómo le afecta. Intente identificar la exposición de motivos con el resto del articulado. No se deje manipular. Configure su propia opinión a través del contraste de la información. Olvídese de quién convoca qué. Actúe con total libertad.
Cambiar no es malo. Es necesario, diría más. Oxigenar los entornos, adaptándolos a los nuevos tiempos es justo. Pero a cambio de algo. No por un interés crematístico, sino por el pleno convencimiento de que lo que se nos está planteando sea útil, indispensable o imprescindible. Algunos pensamos que sólo servirá para unos pocos, pero su ganancia no podrá compensar nunca la pérdida experimentada por el resto de la sociedad. Con la reciente reforma laboral, verá que las condiciones de razonabilidad a la hora de argumentar un despido estarán sujetas a criterios subjetivos en materia mercantil. Modificar trimestralmente una contabilidad es fácil sin caer en la ilegalidad. Obviamente antes del despido tienes la posibilidad de aceptar cambios en tu salario, en tu jornada o en tu funcionalidad dentro de la empresa. Puedes aceptar la movilidad geográfica. Si no aceptas, ya sabes dónde acabarás. También puedes utilizar tu prestación por desempleo para financiar la bonificación de tu contrato. Ahora bien, como tu edad se encuentre entre los 30 y 45 años y no tengas prestación por desempleo, no tienes ningún tipo de incentivo para ser contratado. Pero, si al final de todo, se te contrata a través de un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, dudo mucho que sigas contratado. No porque no crea que estés preparado, sino por que te puedo tener 359 días trabajando y decirte que “no has superado el periodo de prueba legalmente establecido”. Para la empresa, más barato imposible, porque no tendrás indemnización. Pero vamos a suponer que sigues. Pues bien, si durante dos meses faltas nueve días (justificados), se te puede despedir de forma procedente.
En resumen, el hijo ha de irse a trabajar porque en el sofá hay que dejarle sitio al padre, que lo van a despedir. Hay que estar de acuerdo con aquellos que dicen que solo podemos tener lo que nos podemos permitir. Y yo me pregunto, ¿nos podemos permitir una corona, cuyo presupuesto anual asciende a casi quince millones de euros?; ¿podemos permitirnos el transferir más de 13 millones de euros al mes a la iglesia?; ¿podemos permitirnos un Senado, cuyo coste es de 50 millones de euros al año?; ¿por qué no ajustamos el Parlamento a su número mínimo de 300 diputados?, y así podríamos continuar demagógicamente con determinadas diputaciones, ayuntamientos, televisiones públicas, policías autonómicas, el ejército y hasta aeropuertos sin aviones. Pero no. En definitiva, se está apostando por un modelo social en el que se prima la filosofía del “sálvese quien pueda”. El problema radica en que al final, probablemente, nadie se salvará.
José Miguel González Hernández es Director del Gabinete Técnico de CC.OO. de Canarias