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Excelencia educativa > Leopoldo Fernández

No desvela ningún misterio ni alumbra piedras filosofales milagreras. El informe preliminar dado a conocer ayer por la OCDE sobre Las orientaciones de PISA para Canarias viene a ratificar en gran parte los diagnósticos conocidos sobre los principales fallos del sistema educativo no universitario de las Islas, que precisa un cambio profundo y urgente para ponerse a tono con los tiempos. En todo caso, la apuesta por la excelencia y la eficiencia no pasa necesariamente por mayores inversiones -el Archipiélago figura entre las comunidades que más gastan, aunque se han recortado 170 millones los tres últimos ejercicios-, sino por menos burocracia, mejor organización, más autonomía de los centros y por una implicación efectiva de todos los agentes, empezando por el alumnado y el profesorado y siguiendo por las familias de los estudiantes, los sindicatos y las organizaciones sociales intermedias. Y por la formación continua del profesorado, la rebaja de la tasa de repetidores, el recorte de las vacaciones de verano, la reordenación de la jornada escolar, la modificación de los sistemas de aprendizaje y la incentivación de las retribuciones del profesorado, no porque sean bajas -la OCDE opina lo contrario-, sino más bien para establecer baremos de retos y recompensas a tono con los resultados que cosechen los alumnos. Y todo ello, dentro de la puesta en marcha de una “cultura de evaluación” que traslade a la sociedad los resultados de las políticas y programas educativos vigentes. Se dice que un pueblo instruido está mejor preparado y es más fuerte que otro ignorante, y también que ninguna actividad sistematizada y repetida influye en la vida entera tan hondamente como la rutina de enseñar. Castelar creía que la dicha de los pueblos y la tranquilidad de los gobiernos dependen de la buena formación de los jóvenes. De ahí la importancia de que este informe encargado por el Gobierno de Canarias se lleve a la práctica -en la medida en que la comunidad autónoma esté en condiciones de hacerlo por razón competencial-, como respuesta rigurosa para mejorar los resultados de la política educativa. Es preciso igualar, y aun superar cuanto antes, el rendimiento medio de los estudiantes españoles. Aunque la OCDE no entra aún en detalles, parece obvio que es preciso adoptar también medidas que potencien la cultura del mérito y el esfuerzo y rearmen la consideración del profesor como autoridad pública en el aula para protegerlo debidamente y otorgarle capacidad resolutiva en la toma de decisiones de su competencia, además de reconocimiento social. Todo, antes que seguir como ahora, hundidos en el fracaso escolar más lamentable.