FRAN DOMÍNGUEZ | Santa Cruz de Tenerife
La Universidad de La Laguna (ULL) ha cumplido finalmente su amenaza de llevar a los tribunales al Gobierno autonómico por cuestiones de financiación. A finales del pasado mes de diciembre, la institución docente presentó ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una demanda contra el Ejecutivo regional por incumplir el contrato-programa suscrito con la ULL, algo que en términos económicos se traduce en unos 40 millones de euros -sin contar el presente año 2012, que aún no se ha cuantificado-, repartidos en capítulos como infraestructuras, financiación básica y objetivos.
Este asunto, que no había trascendido a la luz pública hasta ahora, fue ayer dado a conocer por el propio rector de la ULL, Eduardo Doménech, en el marco de la rueda de prensa en la que se habló de las resoluciones contra los 11 alumnos expedientados del grupo estudiantil AMEC. El máximo responsable universitario vinculó el hecho de que el Gobierno canario estuviera demandado con la actitud del vicepresidente regional y consejero de Educación, José Miguel Pérez, en relación al caso AMEC, de quien dijo que “no le ha gustado su comportamiento” en esta controversia. “Se reunió (Pérez) con miembros de AMEC y está en su derecho, pero nos ha preocupado el hecho de indagar cuál era el motivo del inicio del expediente”, apostilló.
La denuncia contra el Gobierno de Canarias en el TSJC sigue su curso y ahora queda la fase de alegaciones del Ejecutivo canario, las conclusiones y la posterior sentencia, según señalaron fuentes de la ULL.
En este mismo contexto, Doménech sacó a colación el tema de las becas que concede el Gobierno regional a estudiantes universitarios y que aún no se han hechos efectivas, algo que, a su juicio, “debería preocuparle más” a Pérez. El rector comentó que a fecha de hoy (por ayer) ningún estudiante que ha solicitado ese tipo de ayudas ha recibido la cuantía que le permitiría abonar, por ejemplo, la matrícula correspondiente al presente curso. Fuentes universitarias precisaron que son unos 4.000 alumnos los afectados en el caso de la ULL, y el plazo para pagar se termina en mayo, por lo que la Universidad está estudiando establecer un “periodo de gracia”hasta que se resuelva este inconveniente. Estas mismas fuentes apuntan que el problema se ha generado por la inoperatividad de la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación (formalmente cerrada), entidad que se había encargado de gestionar las becas. Desde la Consejería de Educación se apunta al respecto que “se están tramitando todas las ayudas” para que lleguen a sus beneficiarios en el menor tiempo posible.
[apunte]“Ha habido una injerencia de los portavoces de Educación en la autonomía universitaria”
Eduardo Doménech convocó ayer a los medios de comunicación para hablar del caso AMEC, proceso por el cual 11 alumnos han sido sancionados con la perdida de convocatorias (dos para dos de ellos -la de junio y julio-, y una para el resto -la de junio-) por acusar al equipo decanal de la Facultad de Psicología de la “tramitación negligente” de 300 becas. El rector hizo referencia a la carta enviada por los cuatro portavoces parlamentarios de Educación en las que se le pedía que “reconsiderara este expediente”, que podía acarrear expulsiones, afirmando que se se trata de una “clara injerencia en la autonomía universitaria”.
A Doménech le sorprendió esta misiva, sobre todo cuando días antes había tenido una comparecencia en el mismo Parlamento en la que nadie de estos portavoces le “dijo nada”, y recalcó que tampoco nadie se ha dirigido al Rectorado para “contrastar la información sobre este caso ni para cotejar su opinión”. También sostuvo que parlamentarios de CC y PP le han trasmitido que no comparten la opinión de sus portavoces. Sobre el proceso contra alumnos de AMEC, el rector admitió que “no ha sido fácil tomar las decisiones” que ha emprendido, y afirmó que ha tenido que soportar “fuertes insultos”, con calificativos como “fascista y autoritario”. Tras explicar cómo ha sido la hoja de ruta de este procedimiento, iniciado hace ya un año, Doménech remarcó que a los alumnos no se les sanciona por ejercer el derecho a la información, sino por “faltar a la verdad”, a sabiendas de que los datos que denunciaban eran falsos y de reiterarse en ellos.
El rector mostró un documento de la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación, encargada de la gestión de becas, en el que se “viene a desmentir” que Psicología tramitase de manera negligente 300 ayudas a alumnos del centro, y que sólo habían quedado más de 100 becas pendientes de tramitación definitiva, a expensas que los estudiantes presentasen la documentación o se subsanasen alguna deficiencia formal. Doménech subrayó que optó por una “sanción atenuada” frente a las expulsiones que proponía el instructor, y quiso puntualizar que no habrá pérdida de un curso académico para los expedientados (quedaría la convocatoria de diciembre), y que tampoco afectaría a su condición de claustrales y al uso de los servicios de la ULL. [/apunte]