Con más coraje del esperado, Rajoy ha echado un pulso a los mandamases de la Unión Europea al anunciar un objetivo de déficit público para este año del 5,8% -2,7 puntos menos que en 2011-, frente al 4,4% que propuso en su día Zapatero y dio por bueno Bruselas. El presidente confía en lograr el ansiado 3% previsto en el Pacto de Estabilidad para 2013, para lo cual será necesario -que nadie lo dude- un ajuste de vértigo con recortes inversores traumáticos, pérdidas sensibles de poder adquisitivo, adelgazamientos en las distintas administraciones… De momento, el Estado predica con el ejemplo, rebaja el techo de gasto un 4,7% y a los 15.000 millones que ya ajustó en los Presupuestos apañados para estos primeros meses del año suma otros 15.000 para llevar a cabo la tarea que dejó pendiente el iluso Ejecutivo anterior, que preveía un crecimiento del PIB del 2,3% cuando en realidad va a caer un 1,5%. A las comunidades autónomas solo se les permite un desfase presupuestario del 1,5%, una muy mala noticia para Canarias tal y como se temía, y del 0,3% para los ayuntamientos, aunque unas y otros podrán recibir hasta 35.000 millones para los pagos a proveedores. Tras la inevitable privatización de las pocas empresas de participación estatal y habiendo llegado al límite en el ajuste, no habrá más remedio que recortar de las principales partidas de gasto: educación, sanidad y servicios sociales. Y una de tres, o se cercena de ahí, o se fijan copagos, o la Administración se aprieta el cinturón hasta el límite. Quiero decir que de verdad se fusionen consejerías, se supriman cargos, se liquiden empresas y fundaciones prescindibles, se vendan vehículos, se adelgacen dietas y prebendas entre la clase política y se siga con el ahorro público incluso más allá de lo razonable. Porque es lo que hay y la alternativa, de no seguir estas pautas, es Grecia. Es la intervención del país, la austeridad en estado puro, el empobrecimiento colectivo, nuevas rebajas salariales para pensionistas y funcionarios, despidos masivos en las Administraciones, etc. Todo esto lo sabe el Gobierno central y también el de Canarias. El que aquí se demande un trato justo en función de singularidades indiscutibles y de financiaciones injustificadamente menguadas es algo más que razonable, aunque las relaciones con Madrid no van a facilitar las cosas, si antes Rivero y Soria no rectifican por el bien de todos. Con todo y con eso, y con el paro bien desbocado, el Gobierno autonómico debe predicar con el ejemplo, ser exigente consigo mismo y hacer los deberes, no demorar más la necesidad imperiosa de adoptar medidas de austeridad reales, no cosméticas ni oportunistas.