J. F. J. | La Laguna
Tras casi 20 años de vigencia, ha llegado la hora de revisar el Reglamento de Participación Ciudadana de La Laguna. Así lo han entendido los distintos partidos políticos con representación en el salón de plenos, que junto a un grupo de vecinos y la Universidad (ULL) ha comenzado a trabajar en la actualización de un documento elaborado en época de Elfidio Alonso como alcalde.
De momento, se han celebrado dos reuniones, bajo la coordinación de Justo Reyes, presidente de la Asociación de Vecinos La Atalaya y miembro de la Federación de Asociación de Vecinos (FAV) Aguere. Entre los objetivos del proceso está la posibilidad de incorporar el derecho a que los colectivos ciudadanos puedan presentar sus propuestas directamente al pleno, si bien serán los partidos políticos los que decidan sobre su aprobación.
Representación
Por parte del grupo de gobierno están acudiendo el portavoz nacionalista Juan Manuel Bethencourt y la número dos de los socialistas, Mónica Martín. La representación política la completan los tres partidos en la oposición: Agustín Miguel Guerra, del PP; Ignacio Viciana, de Coalición X Tenerife, y Juan Miguel Mena, de Sí se puede.
También están tomando parte de las reuniones Vicente Zapata y Miguel Díaz, en calidad de directores metodológicos. Ambos cuentan con amplia experiencia en el movimiento participativo. De hecho, también están involucrados en la puesta en marcha del nuevo Consejo Económico y Social del municipio, un ente de carácter consultivo que sustituirá al denominado Foro Anticrisis.
Aquellas otras personas que pudieran estar interesadas en sumarse a estos encuentros aún tienen la posibilidad de hacerlo, poniéndolo en conocimiento de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Aguere, a través del teléfono 922 225 237 o el correo favaguere@hotmail.com.
Este nuevo proceso participativo toma el testigo del culminado recientemente con la revisión de la ordenanza de consumo de alcohol en la calle, un trabajo en la que también se implicó el movimiento vecinal y que deparó, entre otras conclusiones, el incremento de las sanciones económicas.