
DIARIO DE AVISOS | S/C de Tenerife / Las Palmas / Madrid
El espíritu de Vilaflor, que en noviembre de 2002 sacó a la calle a 100.000 tinerfeños, planeó ayer en la manifestación celebrada, en Santa Cruz, en contra de la reforma laboral del Gobierno estatal del Partido Popular (PP). Unos 80.000 tinerfeños mostraron su rechazo a las medidas del presidente estatal, Mariano Rajoy.
Una cifra a la que hay que sumar las 90.000 personas que, con los mismos motivos, secundaron la protesta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 170.000 canarios de todos los rincones de las Islas protestaron por unas medidas calificadas de “regresivas y brutales” por la quincena de organizaciones sindicales convocantes de las movilizaciones callejeras y la huelga general en el Archipiélago.
Pero si las manifestaciones fueron un éxito en Canarias y el resto del territorio estatal, no ocurrió los mismo con el seguimiento de la huelga. La jornada , como es habitual, estuvo marcada por la disparidad de cifra ofrecidas por las partes sobre el seguimiento y valoración de la misma.
Mientras que los sindicatos calificaron de “histórica” la participación, las dos patronales canarias hablaron de “total normalidad” y “afluencia masiva” a los puestos de trabajo. Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en las Islas cifraron el alcance en un 77%, un porcentaje superior al dato de la última huelga general de 2010.
Ambas centrales sindicales destacaron además que los paros alcanzaron hasta el 100% en sectores como el transporte público y el 70% en el turismo y la hostelería.
Desde la óptica de las patronales de Santa Cruz de Tenerife (CEOE) y Las Palmas (CCE), la jornada transcurrió con “absoluta normalidad” porque las empresas pudieron desarrollar su actividad programada. Destacaron la “masiva” asistencia a los puestos de trabajo.
Una jornada sin incidentes en Canarias, que no fue así en el resto del país. A las ocho de la tarde de ayer, el Gobierno central cifraba en 176 las detenciones, especialmente, en Cataluña y el País Vasco, y en 58 los agentes de seguridad heridos, así como 46 ciudadanos. Los dos sindicatos mayoritarios a nivel nacional calificaron de “muy amplia” la participación, y pidieron al Gobierno de Mariano Rajoy que, a tenor de esta respuesta dada por la ciudadanía, abra una negociación para modificar una reforma laboral, que calificaron de “dañina”. Ofrecieron así al Ejecutivo central iniciar un camino distinto para buscar un consenso que relance la actividad económica y el empleo.
La ministra de Empleo del Gobierno de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, asumió que el Ejecutivo del PP tiene que contar con los representantes sindicales para entablar un diálogo abierto y permanente.
No obstante, la representante ministerial advirtió que la agenda de las reformas no se parará y que, durante la tramitación de la reforma laboral, como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, espera que los grupos parlamentarios hagan sus contribuciones.