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UGT y NC critican la efectividad del ‘PISA canario’

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

Fete-UGT Tenerife advirtió ayer que aplicar a rajatabla las recomendaciones del llamado PISA canario, en lo que se refiere al régimen laboral y contractual de los docentes del sistema público, equivale a implantar en él la estructura de los centros privados, que los mismos técnicos de la OCDE no defienden como la más eficaz frente al bajo rendimiento escolar.

Así, el sindicato resalta que una de las conclusiones más repetidas en el controvertido informe, dado a conocer el pasado 12 de marzo, es que la inferior situación socioeconómica de las familias canarias “justifica en gran medida la posición de desventaja de las Islas con respecto a la media nacional e internacional”. Esta misma circunstancia justifica los mejores resultados obtenidos grosso modo en la educación privada, a excepción de las competencias en matemáticas, “donde el rendimiento es similar”. Sin embargo, estableciendo las correcciones oportunas para poder evaluar objetivamente los resultados, “los alumnos de centros privados tienen peor rendimiento que los de los públicos”. Pese a esta conclusión, el informe apuesta por fomentar la inestabilidad de las plantillas, “cuestión que se ha demostrado nociva para la creación de grupos sólidos y bien coordinados, que mejoran el funcionamiento de los centros”.

En la misma línea se manifiesta la diputada de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento regional, Carmen Hernández, quien asegura que la conclusión más relevante del informe PISA es que es necesario “un consenso, un pacto por la educación que establezca que ésta es una prioridad para el Gobierno y su mejora, un reto inaplazable para la sociedad”.

En un comunicado, la formación nacionalista explica que el informe refleja que “en Canarias se destina a la educación por alumno 1.910 euros menos que la media española y 1.668 menos respecto a la media de la OCDE”. No obstante, Hernández apuntó que la diferencia debe ser mayor puesto que el informe se realizó sin tener en cuenta el recorte de 180 millones de euros que el Ejecutivo regional hizo en 2010 y 2011 a la Consejería de Educación.