En su declaración como imputado ante el juez instructor del caso Palma Arena, Iñaki Urdangarin ha admitido que la infanta Cristina, su esposa, sí firmaba cuentas de la sociedad mercantil Aizoon, SL, de propiedad conjunta de los dos por mitades, y de la que es secretaria del Consejo de Administración, aunque ha matizado que lo hacía por imperativo legal, porque siempre estuvo al margen de su actividad. A su vez, el juez pidió a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la hija del rey, como había exigido Manos Limpias. Y la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a esa imputación. En el escrito remitido al juez, el fiscal esgrime varios argumentos para fundamentar su oposición. Afirma que “no hay indicios de que la infanta conociera la acción ilícita de su cónyuge”; razona que no debe responder por los actos de su marido porque “pasó el tiempo en que se respondía por el cónyuge”; destaca que no existen indicios documentales ni testificales contra ella; insiste en que la responsabilidad penal en España es de carácter personal; constata que no figuraba en el Comité de Dirección del Instituto Nóos, y apunta que no ostenta ningún cargo ejecutivo en la sociedad Aizoon. La abogacía de Baleares también se opone a la imputación.

Ya la Fiscalía General del Estado había rechazado investigar la denuncia presentada por el abogado Fernando Pamos contra la infanta por su papel en la sociedad Aizoon, al considerar que no ha quedado demostrado que tuviera conocimiento de las actividades irregulares de la entidad. “La hipótesis no se acompaña de la más mínima concreción”, dice el Ministerio Público en un escrito remitido al letrado. En definitiva, la Fiscalía desestima la denuncia al alegar que el conocimiento de la duquesa de Palma sobre el funcionamiento de la sociedad es una mera “hipótesis”. Una hipótesis que habría que investigar, diría cualquiera.

Esta cuestión es opinable, evidentemente, pero, a la vista de los hechos, sí parece muy razonable -y obligada- alguna declaración formal de la infanta, aunque no se realizase en sede judicial. Ya advertíamos hace varias semanas que, dadas las implicaciones políticas al más alto nivel de este asunto, se está dejando al margen con especial cuidado a la esposa de Urdangarin. Todo indica que ocurra lo que ocurra con el duque consorte de Palma, ella no va a ser ni siquiera llamada a declarar, aunque su posición pueda despertar presuntamente dudas razonables. Primero, porque, como decíamos antes, es copropietaria al cincuenta por ciento y secretaria del Consejo de Administración de la sociedad mercantil Aizoon, SL, que preside su marido y que también está siendo investigada. Y, como no podía dejar de ocurrir, su firma aparece en actas y documentos, en cumplimiento de las obligaciones que a los titulares de la propiedad y de su cargo impone la legislación mercantil. Y segundo, porque su ignorancia significaría una situación conyugal muy alejada y contradictoria con el cuento de hadas que nos venden los programas y las revistas del corazón. Al margen de fáciles demagogias y alusiones a la crisis, recordemos que el matrimonio se gastó unos seis millones de euros en la adquisición de un palacete en la exclusiva zona de Pedralbes, en Barcelona, que fue sede de Aizoon, y un millón más en su reforma y acondicionamiento.

Y la infanta tendría, al menos, que haber inquirido el origen de esa fortuna.

Otra circunstancia relevante es que en la declaración de la renta de la infanta correspondiente al ejercicio de 2006, incluida en el sumario, se reconocen unas plusvalías de 571.000 euros generadas en Aizoon, SL, una sociedad mercantil que su marido y ella crearon con una inversión inicial de 1.500 euros cada uno. Los ingresos de esta sociedad proceden casi exclusivamente del Instituto Nóos.
Los argumentos que esgrime el duque consorte de Palma para defenderse son de la misma clase que los invocados para exonerar a su esposa y no llamarla ni siquiera a declarar: Urdangarin culpa a su socio y a los políticos implicados en los contratos y encargos de servicios a su Instituto Nóos, una entidad supuestamente benéfica y sin ánimo de lucro. En su declaración como imputado no contestó a 150 cuestiones, en relación a las cuales alegó desconocimiento, ignorancia o no haber sido informado en su día respecto de numerosos asuntos. Eso es sinónimo de sostener que, siguiendo instrucciones de su socio y gerente Diego Torres, también imputado, y por indicación o iniciativa de los políticos, firmó documentos, participó en reuniones y realizó gestiones presenciales, telefónicas e informáticas sin conocer su auténtico alcance, contenido y finalidades. Un comportamiento presuntamente rayano en la irresponsabilidad o propio de una mente muy poco privilegiada, lo que no parece ser el caso de ninguno de los dos miembros de la pareja.

En su mensaje de Navidad, el rey aseguró que “cualquier actuación censurable debe ser sancionada” y que “la justicia es igual para todos”. Sin embargo, como George Orwell dejó escrito en Rebelión en la granja, algunos son más iguales que otros. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho sobre Urdangarin que “no todos los imputados son iguales”. Su portavoz, Gabriela Bravo, criticó la existencia de un “juicio paralelo”, pidió que no se estigmatice la imagen del duque consorte, y defendió que su declaración no fuese grabada en vídeo, un privilegio que luego se hizo extensivo a los demás imputados.

Urdangarin ha reconocido en su declaración que, por indicaciones de la Casa Real -del rey-, en 2006 dimitió de su cargo de presidente del Instituto Nóos, siendo sustituido por su socio. Precisamente en 2006 comenzaron las investigaciones sobre el Instituto. Es decir, que, aunque el escándalo haya estallado ahora, la Casa Real sabía de sus actividades.

También desde hace cinco o seis años se venían gestando unos más que rumores sobre las prácticas irregulares del yerno del rey, unos más que rumores que eran conocidos por La Zarzuela, hasta el punto de que determinaron el intencionado alejamiento norteamericano de la pareja. Muchos se preguntan si desde esas instancias no se podía haber hecho algo más para impedir o atajar tales actividades. ¿Se ha estado jugando a la prescripción? Porque si, al final, se concluyera que los presuntos delitos -o la mayoría de ellos- han prescrito por el paso del tiempo, la opinión pública no lo entendería y sería aún peor que una eventual condena.