EUROPA PRESS | Madrid
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sostiene que la “corrupción política” e “institucional” se está “revelando como un verdadero cáncer de la convivencia y del propio Estado de Derecho”, motivo por el cual se comprometió ante el Congreso a ser “absolutamente implacable” en los casos en los que apareciera.
Torres-Dulce ha garantizado que la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Fiscal estarán en “primera línea de batalla con respecto a todas formas de corrupción, no solamente la económica o la política, sino a veces incluso la denominada corrupción institucional”.
El fiscal general ha advertido de que si la corrupción institucional “no se ataja, si no se da una respuesta, acaba corroyendo los cimientos del Estado y del Estado de Derecho, que es la base de la convivencia democrática en un país”.
Torres-Dulce ha efectuado estas reflexiones en el transcurso de una rueda de prensa improvisada en Badajoz en la que ha contestado a las preguntas formuladas por los periodistas que lo aguardaban a la entrada de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde el fiscal general iba a impartir una conferencia sobre ‘Lo militar en otros géneros: el western’.
Secreto sumarial
Por otra parte, Eduardo Torres-Dulce ha calificado de “medida prudente” el acortamiento del secreto sumarial –estableciendo un mes de plazo máximo– propuesto por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, “siempre que quede abierta la posibilidad en supuestos excepcionales”.
Torres-Dulce ha abogado por que en los supuestos en los “que la complejidad de la investigación o la complejidad de los hechos merezcan una prórroga”, ésta pueda producirse “siempre motivada y acordada judicialmente, porque si no padecería la eficacia de la investigación procesal penal”.
Trenes del 11-M
Sobre su decisión de encargar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional un informe sobre los restos de los trenes de los atentados del 11 de marzo de 2004, Torres-Dulce ha subrayado que “los hechos declarados probados, los culpables declarados culpables, y los delitos sancionados por la sentencia del 11-M, en el proceso del 11-M, son cosa juzgada y no se puede reabrir” esta causa.
“Entonces hay que tener el más escrupuloso respeto y acatamiento respecto a las decisiones de los tribunales aunque cualquiera, evidentemente en términos del debido respeto y acatamiento, puede ejercer la crítica que se pueda establecer”, ha precisado.
A continuación, ha expuesto que lo que ha sucedido es que “puesto que se denunciaba la existencia, la aparición, de unos vagones y se decía que habían sido sustraídos al análisis pericial correspondiente, eso obligaba al Ministerio Fiscal a comprobar primero la entidad de los vagones, el segundo lugar asegurar la custodia y en tercer lugar comprobar si efectivamente eso que se decía era cierto o no”.
“Eso no significa en modo alguno cuestionar el 11-M, sino un hecho que aparece, vamos a decir, extramuros del proceso del 11-M; pero en modo alguno implica la revocación, la investigación, la reprobación de la sentencia del 11-M, que es cosa juzgada y que merece el respeto más absoluto”, ha sentenciado Torres-Dulce.