J. F. JURADO | La Laguna
La asociación de pequeños y medianos comerciantes de La Laguna, Alapyme, ha querido hacer público su “preocupación” con los mensajes e indicaciones que le llegan del Ayuntamiento, “en muchos casos contradictorios”, apunta su presidente, Víctor Núñez. En su opinión, “se está colocando a la microempresa del municipio entre la espada y la pared”, olvidando que este es un “segmento que tira de la economía y el empleo”.
Núñez no se explica, por ejemplo, el motivo por el se han incrementado tanto las inspecciones técnicas en los comercios, coincidiendo, precisamente, con “una situación general a la que La Laguna no es ajena”. “Entendemos que las ordenanzas son de obligado cumplimiento, pero tiene que haber un grado de flexibilidad en función de las circunstancias. La rigidez no es buena, según qué momento. Puede resultar lesiva, ya no solo para el interés empresarial, sino también para el mantenimiento del empleo”.
El presidente de Alapyme no está en absoluto de acuerdo con la política sancionadora que está poniendo en práctica tanto el área de Patrimonio como la oficina del Plan Especial de Protección (PEP) del casco histórico. Y se queja, además, de la negativa sistemática con que se están encontrando aquellos “profesionales liberales que quieren ubicar sus negocios en las primeras plantas de edificios del casco”. “Esta es una ciudad con viviendas de características muy grandes y se ha visto, por las circunstancias actuales, que no está dando resultado cuando se destinan únicamente para uso residencial. Es cierto que hay un riesgo de una excesiva tercialización de la zona, pero no se puede poner vallas al campo”, señala.
Medidas contradictorias
Víctor Núñez considera que estas medidas “restrictivas” se “contradicen con otras”, como la reciente excepcionalidad establecida en la ordenanza que regula la ocupación de la vía pública para los artistas callejeros. “Esta decisión la aplaudimos, porque estamos de acuerdo y nos parece que será positiva, pero también es cierto que no encaja con otra que también se están adoptando”. El máximo dirigente de los comerciantes del casco lagunero dice el Ayuntamiento tampoco ha terminado de ser claro respecto a las placas distintivas que, según una orden del Gobierno de Canarias, deben tener cada establecimiento en su fachada exterior. “No sabemos qué es lo que pasa. Nos hemos dirigido por escrito a Patrimonio para que nos indique si en La Laguna es de obligado cumplimiento esta normativa. Llevamos más de un mes esperando y aún no nos han respondido”, lamenta.
“Se están enviando mensajes que crean inquietud en el empresariado, que es el que se juega los cuartos para que la ciudad esté viva. No sabemos qué esta ocurriendo. Necesitamos un mensaje único y coordinado”, afirma Núñez, que concluye: “La situación no es caótica. Aquí las cosas funcionan razonablemente bien. Pero, por este camino, podemos carganos el experimento”, avisa la misma fuente.