El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, el grancanario Sebastián Grisaleña, ha sido extraordinariamente crítico con la amnistía al fraude fiscal aprobada el pasado viernes por el Gobierno de Mariano Rajoy. La decisión del Gobierno, dice Grisaleña, “castiga a los que tienen ética”, y recompensa “a señores que nos han tomado el pelo, que han evadido dinero fuera del país”. Grisaleña tiene toda la razón al denunciar ese doble rasero gubernamental para con los ciudadanos cumplidores y los golfos apandadotes. Es una decisión contraria a los compromisos electorales del PP, una última vuelta de tuerca en la desfachatez política y el incivismo.

Para justificar una medida injusta y moralmente inaceptable, el Gobierno esgrime que su amnistía a los defraudadores es la única forma de recuperar capitales necesarios hoy instalados en la opacidad, y que es mejor sacar el 10 por ciento -el impuesto con el que se gravará el dinero negro que sus dueños decidan regularizar- que no sacar nada por ellos.

Lo cierto es que algo está muy podrido en la conciencia de nuestros gobernantes -y a juzgar por el escaso rechazo suscitado por la medida-, también en la de una parte importante de sus gobernados, cuando en medio de esta grave crisis se plantean y asumen fórmulas que castigan cada día más a los que han cumplido con sus obligaciones, mientras que se premia a quienes defraudaron. Porque el Gobierno plantea esta amnistía fiscal al mismo tiempo que aprueba unos presupuestos en los que al reducir los servicios sociales se castiga a los más desfavorecidos, se suben los impuestos para la mayoría y se reducen las transferencias a las comunidades autónomas, obligando con ello a rebajar inevitablemente los sueldos a los funcionarios. Y esa es otra: el Gobierno no reduce los salarios públicos de forma directa en los presupuestos, pero pasa cínicamente esa pelota a las regiones -donde hoy se concentra la mayor parte de la función pública- y donde habrá que seguir el ejemplo catalán, reduciendo salarios o despidiendo personal, sí o sí.

En situaciones difíciles -y esta sin duda lo es- no basta con acertar en las decisiones económicas. Hay que garantizar la cohesión de la sociedad y mantener la legitimidad de las instituciones. La amnistía a los defraudadores es injusta, inmoral e ilegitima. No va a resolver los problemas de la economía y proyecta a la sociedad el mensaje de que -al final-, los sinvergüenzas siempre salen ganando.