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El Gobierno insiste en que “no es razonable” territorializar el 0,7% del IRPF y dice que el actual sistema es “sensato”

EUROPA PRESS | Madrid

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en que “no es razonable” la territorialización del 0,7 por ciento del IRPF en la declaración de la renta, la casilla destinada a los fines sociales, puesto que el actual sistema “sirve razonablemente al interés general y asigna de manera sensata y eficaz los recursos”, que los contribuyentes destinan a los fines sociales.

El jefe del Ejecutivo ha respondido de esta manera al portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, en la sesión de control al Gobierno, sobre si piensa respetar la sentencia del Tribunal Supremo, relativa a la territorialización del 0,7 por ciento de los recursos recaudados en concepto de IRPF.

Precisamente, a finales de diciembre, el TS falló a favor de que las comunidades puedan gestionar los recursos destinados a la casilla de los fines sociales en la declaración de la renta, al estimar un recurso presentado en 2005 por la Generalitat catalana.

“Creo que el sistema actual de pactar, de acordar, entenderse y actuar en la conferencia sectorial, con lealtad institucional y respeto a las competencias de las comunidades autónomas, ha funcionado bien”, ha reiterado Rajoy, al mismo tiempo que ha puntualizado que desde 2009 se estableció un procedimiento consensuado con las comunidades autónomas, apoyado por la propia Generalitat de Cataluña.

Respeto a las sentencias

Es más, mantiene que el Gobierno “respeta, cumple y acata” las resoluciones judiciales, si bien añade que la demanda de los nacionalistas catalanes se apoya en una sentencia frente a un recurso de la Generalitat de Cataluña contra una orden del Gobierno de España de 2008, que establecía bases y subvenciones para diversos programas sociales con cargo a la asignación del IRPF.

Dicha sentencia, según ha explicado Rajoy, anula la orden del Gobierno de España aunque ha puntualizado que “no lo hace por una cuestión de fondo o competencial, sino procedimental”. “Por tanto no dice que el reparto haya que hacerse como usted dice”, ha reprochado a Duran.

Apoyado en informes de la Abogacía del Estado y de otros organismos competentes, ha señalado que la actuación del Gobierno en los últimos años “respeta el procedimiento y las sentencias del TC, en cuanto a la distribución competencial tanto en materia de asistencia social, como de actividad subvencional”.

Así, ha destacado que estos programas sociales no son sólo autonómicos, sino también servicios sociales de corporaciones locales o de entidades de ámbito nacional, que pueden actuar en varias autonomías, y con ello, dice que también tienen derecho a utilizar esas asignaciones que los contribuyentes pagan a través de esta casilla de la declaración de la renta.

Injusticia para Cataluña

Por su parte, Duran i Lleida ha defendido que la Generalitat catalana no apoya ese sistema de distribución de recursos a través del 0,7 por ciento en la declaración de la renta, establecido desde 2009, al mismo tiempo que ha resaltado que en el caso de Cataluña “se produce una gran injusticia” puesto que, a su juicio, la comunidad autónoma paga por un 16 por ciento de la población un 25 por ciento de los recursos.

Además, ha destacado que el Ejecutivo ‘popular’ no comparte la tesis de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, respecto a devolver las competencias de Sanidad y Educación a las comunidades autónomas, “acabar con el estado autonómico”, si bien ha subrayado que “hay otras maneras” de acabar con el estado autonómico, como es en su opinión no cumplir con las transferencias a las comunidades autónomas, ni tampoco las sentencias. “Es un clamor social de las asociaciones que hacen una gran labor social de esos recursos”.


Un debate que se repite

Precisamente, en febrero el Pleno del Congreso rechazó una moción de ERC en la que quería exigir al Gobierno su compromiso por acatar las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre territorializar el 0,7 por ciento del IRPF, destinado a los fines sociales.

De hecho, el propio titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, fue el que avanzó en el debate de dicha iniciativa que el Gobierno sí iba a asumir y a respetar las doctrinas del TC y del TS sobre el tema.

Eso sí, advirtió de que la sentencia del TC de noviembre de 2011, aunque otorgue la gestión de esos servicios a las corporaciones locales, precisa que es el Estado el que puede determinar el montante que le corresponde a cada comunidad autónoma. Por ello, tendió la mano a los republicanos catalanes para encontrar una solución a la hora de territorializar esos fines sociales.