VICENTE PÉREZ | El Rosario
Los vecinos de El Rosario deberán pagar más por servicios públicos como el agua, la guardería, cementerios e instalaciones deportivas, además de por el IBI, en este caso por imperativo legal. Son solo algunas de las consecuencias del “duro” (como lo califica el propio gobierno local) plan de ajuste económico-financiero para el periodo 2012-2022 aprobado la pasada semana en el pleno del Ayuntamiento sólo con los nueve votos del PSOE, pues los tres ediles de IR-Verdes y el de Sí Se Puede votaron en contra, mientras que los tres del PP se abstuvieron.
El plan obedece a la necesidad de cumplir con el real decreto promulgado por el Gobierno de Rajoy en febrero que establece mecanismos de financiación para el pago de proveedores de las corporaciones locales.
Unas medidas que, a juicio de la portavoz socialista, Ana Lupe Mora, “a pesar de su dureza logran mantener a toda la plantilla municipal, por lo que no se destruye empleo público, y se pueden afrontar todas las partidas de Servicios Sociales, actividades deportivas y todas las prestaciones para el vecino que son necesarias para mantener el estado de bienestar municipal”, según informó el Consistorio.
La primera teniente de alcalde añadió que “este plan lleva aparejada una serie de medidas fiscales que pueden sanear las arcas municipales y que vienen impuestas por el Gobierno central”. De ahí que al equipo gobernante en El Rosario le extrañara la abstención del PP en el pleno.
Tal como adelantó este periódico, se prevé además eliminar desde el próximo curso escolar las cuotas subvencionadas en las escuelas infantiles, donde la matrícula pasará de 40 a 100 euros y todos los usuarios pagarían 270 euros mensuales. El ajuste contempla también una nueva ordenanza fiscal de vados, con una subida de tarifas.
Unas propuestas que no gustaron al principal partido de la oposición, IR-Verdes, cuyo portavoz, Escolástico Gil, advirtió, en declaraciones a este diario, que “muchos vecinos no soportarán esta presión fiscal por su maltrecha situación económica, y, por tanto, no van a poder pagar al Ayuntamiento”, máxime cuando ya el Gobierno central ha subido el IRPF y a partir de este año también deben pagar más por el IBI.
“Nos oponemos a este ataque drástico a los bolsillos de los ciudadanos en un momento como este, pues, aunque entendemos la situación crítica que pasan las arcas municipales, no puede ser que todo el esfuerzo recaiga sobre los vecinos”, con las subidas previstas en impuestos, tasas y precios públicos.
Gil no olvidó en sus críticas al Gobierno de Rajoy y sus “medidas neoliberales”, y reconoció que con el citado real decreto “queda demostrado que se trata igual a todos los municipios, pues solo se ha mirado la deuda de cada ayuntamiento y su capacidad de respuesta”.
Asimismo, en el pleno se aprobó una dación de cuenta de la relación certificada de obligaciones pendientes de pago remitida al Ministerio de Hacienda de conformidad con el real decreto mencionado, que es en realidad la lista de facturas que se deben para que sean abonadas por el Estado. También se trató un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, uno de modificación presupuestaria y finalmente la recepción del servicio de suministro de agua y saneamiento de la urbanización de Radazul, según informa el Ayuntamiento rosariero.
Con el plan aprobado, la inversión en la etapa 2014-2022 no podrá superar el millón y medio anual, lo cual no quiere decir que el anexo de inversiones del presupuesto sea de esa cuantía, pues el límite incluye todas las inversiones en curso cada año.