La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha reunido en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la salida del encuentro ha declarado a los medios que ha propuesto al presidente “revisar en profundidad” la configuración del Estado de las Autonomías, ya que, ha subrayado, el desarrollo de nuestro modelo de descentralización política “no ha servido para lo que se diseñó: para integrar a los partidos nacionalistas catalanes y vascos”. “En realidad”, añadió, “ha complicado el funcionamiento de las otras 15 Comunidades Autónomas”. Al mismo tiempo, la dirigente madrileña propuso que las comunidades autónomas devuelvan al Estado sus competencias en educación, sanidad y justicia, y que los Ayuntamientos asuman las competencias de transportes y servicios sociales, con lo que asegura se podría generar un ahorro de 48.000 millones de euros, aunque no explicó en qué forma se haría. La presidenta de Madrid fue también tajante en otra cuestión: “Hay que dejar de sostener a partidos, patronales y sindicatos”.
Dejando al margen este último y conflictivo asunto, Esperanza Aguirre se ha hecho eco de un debate teórico y político que se viene planteando desde hace años, y que se ha incrementado notablemente desde el inicio de la crisis. El debate se refiere a la sostenibilidad, eficiencia y coste de las comunidades autónomas en su actual configuración. Así, por ejemplo, en enero del pasado año, el expresidente José María Aznar afirmaba en una intervención pública que “el Estado tal y como está configurado en la actualidad no es políticamente viable y es financieramente absolutamente inviable”. Nuestro modelo autonómico sigue -imperfectamente- el modelo federal cooperativo alemán, y en Alemania esta cuestión es de una relevancia máxima: se está debatiendo con intensidad sobre la devolución de competencias de los Länder a la Federación y se han dado algunos pasos en este sentido. Aunque, por supuesto, se trata de un asunto eminentemente polémico, y las palabras de la presidenta madrileña dibujan un escenario inaplazable para unos e innecesario para otros.
Como era de esperar, Rajoy aprovechó su comparecencia en la Sesión de control en el Senado para dejar claro que “ni se plantea” un debate sobre el modelo de Estado, un “sistema” del que se confiesa “a favor” y que considera “consagrado” en la Constitución de 1978. Después de anunciar que recortará 10.000 millones en sanidad y educación, con una huelga general reciente, el Partido Socialista haciendo oposición en la calle tras las pancartas y los piquetes, unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 severamente restrictivos y una reforma laboral contestada, incluso, por un sector de sus votantes, no están los tiempos políticos como para incluir una cuestión semejante en la agenda. Precisamente los populares, con el apoyo de Convergència y Unió, acaban de impedir en el Congreso de los Diputados, por 194 votos en contra, 137 a favor y ninguna abstención, que prosperen las cinco enmiendas a la totalidad a la reforma laboral presentadas por los Grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Plural, Unión, Progreso y Democracia, Esquerra Republicana de Catalunya y Bloque Nacionalista Galego.
Como era de esperar también, el presidente de la Generalitat no ha puesto objeciones a que en España se inicie un proceso de recentralización de competencias, si afecta solo a las Comunidades Autónomas que él considera creadas “artificialmente” y no a territorios como el País Vasco o Cataluña, con una “secular voluntad de autogobierno”. En la sesión de control al presidente de la Generalitat en el Parlament, Artur Mas evitó darse por aludido por las reflexiones de Esperanza Aguirre e invitó a aquellas Comunidades creadas durante la transición que completaron el Estado de las Autonomías, y que quieran devolver competencias al Estado, a que lo hagan “sin ningún complejo, siempre que se permita una descentralización asimétrica”. En otras palabras, siempre que así se ponga fin a lo que fue llamado en su día “café para todos”.
Por su parte, Duran i Lleida se apresuró a manifestar que el Gobierno “no es quién para recortar” en sanidad y educación. Y el País Vasco anuncia que irá a los tribunales “si se invaden” competencias transferidas.
Revisar en profundidad el Estado Autonómico es una urgente necesidad política agravada por la necesidad económica impuesta por la crisis. Tiene razón la presidenta madrileña al denunciar que no ha servido para el fin que se diseñó: integrar a los nacionalismos catalán y vasco, los cuales, añadimos nosotros, lo utilizan como herramienta de usar y tirar al servicio del objetivo final de la independencia. A pesar de ello, tampoco le falta razón a Artur Mas cuando señala que el “café para todos” autonómico inventó comunidades autónomas sin fundamento histórico ni político alguno, fuentes de derroche y disfunciones. Sin embargo, el Partido Popular no puede permitirse entrar ahora en ese debate, con el que abriría un nuevo y peligroso frente en el que sería muy vulnerable. No anda perdida Esperanza Aguirre con su propuesta.
Pero su lucidez no va a tener ninguna traducción práctica: se quedará en una esperanza perdida en el camino de la corrección política. Y ojalá sea lo último que se pierda en ese camino.