TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Nos recibe en su despacho del Palacio de Justicia santacrucero. Es sábado por la mañana y, salvo los trabajadores de la seguridad, está solo en el gigantesco inmueble. Por su cargo se disculpa por no admitir preguntas sobre sumarios concretos, pero José Ramón Navarro no elude responder sobre el polémico nuevo mapa judicial.

-Reelegido por aclamación…

“Obviamente he de mostrar mi satisfacción y agradecimiento por la confianza que el Consejo General del Poder Judicial ha depositado nuevamente en mí, lo que me hace proseguir con una ilusión renovada y un aumento en la responsabilidad y en el compromiso de redoblar todos los esfuerzos para llevar a cabo el plan de actuación que presenté ante el Consejo para los próximos años”.

-¿Qué le satisface de estos cuatro años?

“Se han creado en la Audiencia dos nuevas secciones penales, lo que ha conllevado una notable mejora en el tiempo de respuesta de este órgano judicial, que mostraba importantes carencias cuando se contaba tan sólo con una, dada la importante carga de trabajo que ha de asumirse”.

-¿Y qué le resta por hacer?

“Es necesaria la creación de un cuarto magistrado en cada una de estas Secciones y una ampliación del espacio físico donde desarrollan su trabajo. La ubicación en un nuevo edificio con suficientes Salas, y con la concentración de sedes de todos los órganos de la capital ha de conllevar indudablemente mayor eficacia”.

-En esta provincia suben los litigios pero baja la pendencia. ¿Cómo lo hace?

“Es verdad que la pendencia de asuntos, pese al incremento de la litigiosidad y de los procedimientos, se ha venido reduciendo paulatinamente, pero se debe al esfuerzo tanto de los magistrados como de los fiscales, secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia, que han venido soportando una muy importante carga de trabajo”.

-Canarias es distinta al resto de España. ¿Cómo se traduce en la Justicia?

“La Justicia en Canarias tiene muchas peculiaridades que hace que se tengan que afrontar problemas que no tienen otros territorios, como son las derivadas de la existencia de una población de hecho muy superior a la de derecho, o de que el enjuiciamiento de determinados casos haya de hacerse en relación con personas extranjeras cuyos derechos han de ser amparados, y que exige la implantación de sistemas de traducción eficaces para poder ser garantizados”.

-¿Avanzan las conformidades como solución de conflictos penales y, por consiguiente, alivio de los juzgados?

“En esta Audiencia se están logrando magníficos resultados, en ese sentido, pero es necesaria esa potenciación de la solución de los conflictos por medio de las conformidades entre las partes”.

-¿Es tan importante para la modernización de la Justicia la nueva Oficina judicial?

“Sí. Frente a su anterior diseño, atomizado en torno al Juzgado o Tribunal correspondiente, la nueva estructura básica de la Oficina Judicial, que lleva consigo un plan de mejora de la Administración de Justicia, nace presidida por la idea de concentración, racionalización de los recursos existentes y proximidad a los ciudadanos”.

-¿Qué se persigue?

“Conseguir que los juzgados y tribunales respondan a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. Se trata de hacer frente al incremento de litigiosidad y dar una resolución rápida a los pleitos, acabar con un diseño absolutamente anticuado, con micro-oficinas judiciales, como eran las secretarías, organizadas de manera individual, diferentes unas de otras y sin la aplicación de ninguna técnica de gestión sobre los recursos humanos. La nueva Oficina pretende conseguir que los procesos sean más rápidos y, en consecuencia, menos costosos, rentabilizar mejor el tiempo del trabajo de los funcionarios, y evitar la diversidad de criterios y métodos en cada secretaría”.

-Loable pero…, ¿cree que funcionará?

“El éxito de la nueva Oficina Judicial depende, en gran medida, de la modernización tecnológica de la Administración de Justicia. Ha de implantarse una justicia totalmente informatizada, donde los abogados y procuradores dirijan sus demandas a los tribunales en formato electrónico, éstos se comuniquen con los profesionales por la misma vía y donde las distintas instancias de la oficina judicial se comuniquen entre ellas a través de la red informática”.

-En lo que va de desarrollo, ¿advierte la necesidad de alguna mejora?

“Creo que ha de apostarse decidida y definitivamente por la nueva oficina judicial, pero resolviendo las deficiencias que se han puesto de manifiesto en su desarrollo, así como por la implantación real y efectiva del expediente judicial electrónico”.

-¿Hasta que punto la crisis económica limita las aspiraciones una Justicia mejor y más ágil?

“La crisis supone, por un lado, un impacto en el incremento de todos los asuntos civiles en general, lo que supone un incremento en el número de asuntos de los que conoce esta jurisdicción y, a la vez, se ha de ser plenamente consciente de la imperiosa necesidad de adoptar medidas de contención del gasto público que tienen que afectar, en mayor o menor proporción a todos los ámbitos y, por ello, también, a la Justicia”.

-O sea, un freno a las mejoras…

“No necesariamente. La crisis no debe impedir las reformas que todos entendemos necesarias. Lo que sí es cierto es que precisamente las dificultades presupuestarias han de llevar a la búsqueda de soluciones posibles económicamente y la puesta en marcha de todas las medidas que, sin suponer un coste económico excesivo, puedan contribuir a mejorar el sistema. Y en esa labor debemos colaborar todas las instituciones implicadas, sin olvidar que la Justicia es un servicio público esencial y que además, es la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El presupuesto para la Administración de Justicia no ha de considerarse gasto, sino inversión, puesto que mejorar la Justicia ha de contribuir a superar la crisis económica”.

-La propuesta para cambiar el mapa judicial ha levantado ampollas. ¿Por qué se cambia?

“La propuesta en la que los órganos y Administraciones con responsabilidad en la materia están trabajando no responde a una idea o reformas aislada, sino como un elemento más, y muy importante, de la reforma estructural que necesita la Justicia. Es lo cierto que el diseño territorial existente actualmente data, en su esencia, de hace más de un siglo, por lo que parce lógico pensar que ya no responde a la realidad de una sociedad en constante y profunda trasformación. En estos momentos, el desarrollo urbanístico y turístico, las comunicaciones y las nuevas tecnologías y el modelo de oficina judicial son radicalmente diferentes a los tenidos en cuenta hace tanto tiempo para establecer el modelo de justicia. A ello, ha de añadirse, por un lado, la necesidad de prestación de una serie de servicios, como gabinetes psico-sociales de familia, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a las víctimas, y muchos otros, cuya eficacia depende de que su implantación permita dar servicio a un amplio territorio. Y, por otro, también es necesario acudir en lo posible a la separación de jurisdicciones con la consiguiente especialización judicial”.

-¿Está de acuerdo con el nuevo mapa judicial?

“Los criterios que con carácter general se adopten a nivel nacional deben tener en cuenta en Canarias las especialidades de la población y del territorio. La insularidad no puede ser soslayada, como tampoco las peculiaridades político-sociales de los partidos de esta provincia”.

-¿Desaparecerán juzgados en Canarias?

“No existe una propuesta concreta, pero la concentración de partidos judiciales no tiene que suponer la desaparición de las instalaciones ni de las dotaciones que actualmente están repartidas en varios municipios de las islas ni, desde luego, la desaparición de puestos de trabajo”.

-Por último… ¿El aumento de las tasas judiciales es un retroceso en la justicia gratuita?

“La Administración de Justicia no puede sentirse ajena a la situación de crisis económica que todos padecemos. Con el incremento de las tasas, de las que obviamente están exentos de pagar aquellos a quienes se les haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos, se debe pretender hacer más eficaz el trabajo de los tribunales y evitar que lleguen a los juzgados conflictos que pueden solucionarse a través de otras vías, como la mediación. Las tasas, desde luego, no han de vulnerar el principio de tutela judicial efectiva y se ha de garantizar el mantenimiento del principio constitucional de igualdad, de forma que tal solicitud de tutela por los ciudadanos no quede condicionada por su situación económica o posición social. Y su destino debe revertir, precisamente, en el mejor funcionamiento de la Justicia gratuita y de los propios Juzgados y Tribunales”.

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Presidentes como Sánchez Parodi, Alonso y Roldán prestigiaron esta Audiencia

No es un año cualquiera para presidir la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, ya que celebra su primer centenario “y doscientos de las Cortes de Cádiz, en las que ya se pretendió su establecimiento”, detalla José Ramón Navarro.

Recuerda el magistrado santacrucero que fueron “los diputados Santiago Key y Muñoz, Fernando de Llarena y Ruiz de Padrón quienes, ya en 1812, presentaron diversas mociones a favor de esta Audiencia. Fue la Ley de Cabildos de 1912 la que creó definitivamente este Tribunal, que se instaló en la calle de San Francisco, de donde paso, cinco años más tarde, al edificio que ocupan en la actualidad, en la plaza del mismo nombre, las Salas de lo Social y de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia”.

Metidos en faena histórica, cuestionamos a Navarro acerca de qué personajes considera fundamentales en estos cien años de historia: “En este siglo han desarrollado su labor un gran número de ilustres y prestigiosos magistrados. Quizás en este centenarios sea necesario recordar a todos ellos, y personalmente así lo hago en especial a quienes conocí y de quienes tanto aprendí jurídica y humanamente: José Luis Sánchez Parodi, José Ramón Alonso Mateo y Roberto Roldán, como presidentes, hicieron de esta Audiencia una de las más prestigiosas de España; y a Casimiro Álvarez, Manuel Díaz Sabina y Rubén Cabrera Gárate que fueron modelo de juez y de compañero”.

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