JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
La crisis continúa azotando con virulencia a las entidades que prestan servicios sociales en el Archipiélago. Muchas de ellas están al borde del abismo, no sólo por el dinero que se les adeuda del pasado ejercicio, sino por la incertidumbre de no saber en qué condiciones y con qué presupuesto podrán contar para este año. Por ello, las cerca de medio centenar de asociaciones que prestan servicios al colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y enfermedad mental de las Islas, han dado un ultimátum al Ejecutivo, para que éste defina ya los convenios que regulan el sector para el presente 2012.
Las entidades, que asisten a más de 2.300 discapacitados intelectuales de Canarias, reclaman al Gobierno autonómico “participar de forma activa” en la redacción de los citados convenios, ya que si no cumplen unos mínimos no los suscribirán.
Según explica a este periódico una de las portavoces de la plataforma, Natalia Cañeque, “desde el mes de febrero la Consejería de Cultura, Deportes, Política Social y Vivienda viene sosteniendo reuniones con los distintos cabildos en las que se establecen las bases de los convenios que regularán el funcionamiento y la financiación de los servicios que se prestan a las personas con discapacidad intelectual. Dichos convenios establecerán el marco base, que a su vez firmarán los cabildos insulares con las entidades prestadoras de servicios”. “Llevamos casi cinco meses prestando un servicio en precario, ya que no sabemos las condiciones ni hay nada regulado”, denota Cañeque, quien alerta del riesgo que supone, por ejemplo, que los convenios no incluyan el pago de las plazas que no están ocupadas, cuyo mantenimiento tendrían que costear las asociaciones. Éstas, a través de esta plataforma, enviaron en enero al Gobierno de Canarias y a los cabildos de Gran Canaria y Tenerife propuestas para incluir en el convenio, que iban en la línea de no incluir cláusulas que por motivos económicos o legales no pudieran asumir dichas entidades.
“A día de hoy, no hemos recibido contestación de ninguna de las administraciones”, subraya Natalia Cañeque, quien recalca que “en este marco de incertidumbre total es imposible prestar servicios dignos y de calidad a las personas que atendemos, con la consiguiente vulneración de sus derechos y detrimento en su calidad de vida”.
En la actualidad, el coste por persona y día en los centros concertados oscila entre los 22 y los 66 euros, que asumen el Ejecutivo y las corporaciones cabildicias. “Muchas asociaciones han tenido que hacer recortes de personal y ajustar al máximo sus presupuestos, porque están corriendo un riesgo muy importante prestando un servicio sin saber las condiciones”, sostienen desde la plataforma, donde insisten en que “si en los convenios se establecen cláusulas que dinamiten la sostenibilidad y continuidad de los servicios que actualmente prestamos, nos veremos obligados a tomar medidas”.
“Se trata de una postura que no debe interpretarse como una presión o amenaza, sino que es fruto de una responsable meditación basada en el carácter colaborador e imprescindible que hoy por hoy tienen las asociaciones; además, por encima de todo, está el derecho sustancial y la respuesta de calidad que demandan los beneficiarios”, concluye Natalia Cañeque.
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Inés Rojas busca desbloquear la situación
Con el objetivo de desbloquear la actual situación y tratar de buscar una solución, los portavoces de la plataforma se reúnen en el día de hoy con la consejera de Cultura, Deportes, Política Social y Vivienda del Ejecutivo autonómico, Inés Rojas, a la que expondrán la “precaria situación” e “incertidumbre” con la que se está trabajando actualmente en los centros para discapacitados intelectuales del Archipiélago. De igual modo, las asociaciones solicitaron una entrevista con el presidente autonómico, Paulino Rivero, al que piden que vele por los intereses del denominado Tercer Sector. Rivero, en cambio, no ha respondido aún a las organizaciones.
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