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La estructura pública se tambalea

Imagen de trabajadores públicos protestando frente a la sede de Presidencia del Gobierno, el pasado viernes. / EFE

YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife

Los fuertes recortes decididos por el Gobierno de Mariano Rajoy han empujado al Ejecutivo canario a una situación económica límite, que ha llevado al presidente regional, Paulino Rivero, a meter mano a una administración, que ve tambalear su actual estructura. Una reforma de la que se ha hablado en las tres últimas legislaturas sin que ningún responsable autonómico tuviera el valor de acometer seriamente hasta ahora, cuando ya no ha habido más opción.

El solapamiento de competencias entre el Gobierno canario, los cabildos y ayuntamientos es un problema enquistado del sector público de la Comunidad Autónoma. Algo que ha provocado un sobredimensionamiento de la estructura y un aumento de gastos y personal para realizar las mismas funciones, pero que no ha redundado en una mejora de la eficiencia y la eficacia del sector público.

Nunca se ha decidido abordar la reforma de la administración básicamente por dos motivos: la pérdida de financiación que supondría el traspaso de competencias y, a su vez, de influencia electoral.

La crisis económica ha puesto al descubierto muchos problemas estructurales de la economía. Ahora de forma virulenta en el sector público. La recesión ha evidenciado la urgente necesidad de poner en marcha la reforma de la instituciones.

No ha sido, sin embargo, hasta que el nuevo Ejecutivo central del Partido Popular (PP) ha comenzado a adoptar las duras medidas de ajuste y recorte, para cumplir con los objetivos de déficit marcados por Europa, que el Gobierno regional ha iniciado seriamente la modificación de la administración.

La reducción en más de 800 millones de euros en las partidas estatales destinadas al Archipiélago para este año ha empujado al Ejecutivo canario a una situación económica límite.

El gabinete de Paulino Rivero ha diseñado todo un conjunto de nuevas iniciativas para hacer frente a este tijeretazo, que pasa por un alza impositiva, recorte del gasto, ajustes en la administración y una reducción salarial para los empleados públicos de las Islas, entre otros. La subida de impuestos, con la que el Ejecutivo espera ingresar unos 250 millones, no es suficiente para contrarrestar la reducción estatal, por lo que Rivero se ha visto obligado a meter mano al sector público.

Respecto a la estructura de la comunidad, por ahora, se concentrarán los tres organismos públicos dedicados a la formación de empleados, se extinguen además nueve órganos de consulta, se cierra el segundo canal de la televisión pública y se prevé una reducción del 20% de los gastos externos de la Radiotelevisión Canaria.

Desde el PP han calificado de tímido y ridículo este ajuste, por lo que creen que el Gobierno no está dispuesto a podar el chiringuito público.

La oposición ha expresado, en reiteradas ocasiones, que aún hay margen para recortar más en la administración y que, por ahí, deben ir los ajustes.

El pacto de gobernabilidad ha reiterado su compromiso con la reforma del sector público. Desde principios de año se ha materializado en la creación de un comité de expertos.

Pero las medidas también afectan a los 62.000 empleados públicos. Se les rebajará el sueldo un 5%. La respuesta, una huelga general, que el próximo jueves empezará a tomar cuerpo.

El Ejecutivo ha pedido a los ayuntamientos y cabildos que bajen también las retribuciones de sus empleados. Sin embargo, no hay un criterio homogéneo. Cada corporación actuará conforme a su criterio y sus cuentas.

Además falta por resolver otro conflictivo entre las tres administraciones. Se trata del reparto de los ingresos extras que se obtendrán por el alza del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

El Gobierno pretende quedarse con la totalidad de los fondos para destinarlos a sanidad y educación. Las corporaciones están dispuestas a ceder parcialmente su cuota. Todavía no hay acuerdo y el tiempo corre en contra del Ejecutivo.

El Gobierno ha dicho que se ha visto obligado a subir los impuestos y realizar estos recortes para mantener los servicios esenciales y el empleo público.

Sin embargo, el Ejecutivo de nacionalistas y socialistas está atado a las decisiones que deriven de Madrid, desde donde cada semana se anuncian nuevos recortes y ajustes, y al objetivo de tener que cumplir con el déficit marcado a las comunidades para este año, del 1,5%.

Como consecuencia, el Gobierno no se atreve a asegurar que no tengan que realizar despidos. En algunas empresas públicas ya han comenzado a prescindir de personal.

Tanto el sector privado como el público han expresado su malestar por las medidas que ya ha anunciado el Ejecutivo canario. Mañana uno de mayo, Día del Trabajador, será el escenario en el que se visualice, por primera vez, el descontento mayoritario de los trabajadores. Y esto es solo el comienzo.