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La fiscalía recurre el archivo de la causa contra expresidente de cortes de Castilla y León

EFE | Valladolid

La Fiscalía ha recurrido el sobreseimiento provisional de las actuaciones abiertas contra el expresidente de las Cortes de Castilla y León José Manuel Fernández Santiago, quien fue imputado por supuesta prevaricación en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León) en 2002, relacionada con la trama Gürtel.

El recurso de apelación de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al que ha tenido acceso EFE, explica que discrepa del sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto del delito de prevaricación.

Se muestra también en desacuerdo con la prescripción del delito de cohecho atribuido a Fernández Santiago, también exvicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico -entre 1999 y 2001- y exconsejero de Fomento -de 2001 a 2003-.

El recurso se refiere además a la decisión de dejar sin efecto la imputación respecto a Rafael Martínez Molinero, José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, responsables de la empresa Teconsa.

La resolución judicial ahora recurrida optó además por la remisión por testimonio al Juzgado Central de Instrucción número 5 de las actuaciones relativas a los hechos imputados en el procedimiento a Francisco Correa, Luis Bárcenas, José Gerardo Galeote, Jesús Merino, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Andrés Bernabé y Domingo Magariños.

El auto de 10 de abril pasado del TSJCyL contra el que se dirige el recurso del Fiscal sobreseyó “parcial y provisionalmente” las actuaciones respecto a Fernández Santiago y otros once funcionarios y técnicos imputados, entre los que se encuentra el director general de Carreteras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís.

Al exponer los motivos por los que discrepa del auto, el fiscal considera que, para poder dar por concluida la instrucción sería necesaria la práctica de diversas diligencias, parte de ellas inicialmente acordadas por el instructor y después dejadas sin efecto, “sin que conste en el procedimiento el motivo por el que ya no sean precisas”.

Para el fiscal, “la decisión del Instructor de no practicar diligencias indispensables para la investigación ha impedido comprobar (o descartar) la comisión de los delitos objeto del procedimiento”.

Entre las diligencias que el fiscal califica de “necesarias” para la comprobación de los hechos objeto del procedimiento “destaca una por su extraordinaria relevancia”, el informe del Interventor General del Estado nombrado en funciones de auxilio judicial, que en su día había emitido dictámenes relativos a la adjudicación de la Variante de Olleros de Alba a petición del TSJ de Madrid.

Tras referirse a las comprobaciones “que eran precisas por parte de la Intervención General”, el fiscal sostiene que “han sido impedidas por el instructor. Unas por la vía de dejar sin efecto lo acordado por él mismo meses antes y otras por la vía de no adoptar resolución expresa al respecto”.

Una vez expuesta una serie de argumentos, el fiscal interesa que se tenga por “interpuesto el recurso de apelación contra el auto de 10 de abril de 2012 y se revoque el mismo, dejando sin efecto el sobreseimiento, acordando la continuación de la instrucción al entender que no está concluida, y, sin perjuicio de lo que de la misma pudiera resultar”.