EUROPA PRESS | Madrid

Los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Interior, Jorge Fernández Díaz; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; además del fiscal general de Estado, Eduardo Torres-Dulce, recibirán el próximo día 12 de abril a asociaciones de niños robados.

El Ministerio de Justicia ha informado de que Ruiz-Gallardón otorga la “máxima relevancia” a esta cuestión y ha decidido convocar para ese día la primera reunión de trabajo con todos los operadores implicados en atender las demandas de los colectivos de víctimas.

El responsable de Justicia aludió hace unos días en el Senado a la cooperación de las Fuerzas de Seguridad en la investigación de las denuncias, así como a la implicación de Sanidad para acceder a los datos que obran en clínicas y hospitales.

Mar Soriano, portavoz de la ‘Plataforma afectados clínicas de toda España. Causa de los niños robados’, ha explicado que trasladarán a los titulares ministeriales que “lo prioritario” radica en abrir los archivos. “Si interviene el Estado, la Ley de Protección de Datos no le impide buscar los datos”, ha añadido.

Pedimos que el Estado tome la batuta y haga de gestor en la lectura de los archivos”, ha indicado Soriano, que ha subrayado también la necesidad de crear Oficinas de atención a las víctimas en cada comunidad autónoma para “gestionar las actuaciones” derivadas de la causa.

Las familias afectadas piden igualmente una base de datos que recopile las muestras de ADN y que dependa del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, según ha explicado Soriano.

Criterio “uniforme” de los fiscales

La primera toma de contacto entre las asociaciones y el Ministerio de Justicia tuvo lugar el pasado 10 de febrero. En ella, el secretario de Estado, Fernando Román, quiso conocer las inquietudes y la postura de las organizaciones, y transmitirles el apoyo de la Administración.

Entre las reivindicaciones trasladadas el pasado ese día por la Plataforma Nacional de Niños Robados, la Asociación andaluza de Bebés Robados, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), el Colectivo Sin Identidad de las Islas Canarias y SOS Bebés Robados figuraba el reclamo a mantener actuaciones uniformes por parte de los fiscales provinciales.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados instó hace una semana por unanimidad al Gobierno a continuar impulsando “las vías de actuación” y la investigación de los casos de niños robados con el fin de “hacer justicia” y “facilitar los reencuentros” entre las familias.