Ya tenemos Presupuestos. Al menos, un avance de lo que viene detrás. Se ha dicho que son los más austeros de la democracia; “extraordinarios para un momento extraordinario”, en frase del ministro de Hacienda, Montoro, o “Presupuestos de guerra”, en opinión del ministro García Margallo. En cualquier caso, pueden completarse próximamente con medidas corregidas y aumentadas, nacidas en Bruselas o en Madrid, que tanto da a estos efectos. En Canarias no nos llega la soga al cuello, pero casi. La prueba es que durante muchas horas el hashtag #canarios aislados fue trending topic o tema de moda en Twiter. Menos mal que el ministro Soria despejó las dudas que se habían suscitado sobre el anunciado recorte de 65 millones de euros en subvenciones al transporte para canarios, baleares, ceutíes y melillenses. Si no va a afectar a los billetes aéreos, que seguirán disfrutando -y es lógico, no se puede aumentar la distancia económica con la Península- de una reducción del 50%, ¿será el transporte marítimo, de pasajeros y/o mercancías el que sufra las consecuencias, o se trata de un error de comunicación? El martes saldremos de dudas.

El Gobierno de Canarias ha anticipado que, por lo que sabe hasta ahora, el recorte presupuestario para las Islas llega ya a 140 millones de euros entre la reducción de partidas para políticas activas de empleo y carreteras. Si la cosa acaba aquí, miel sobre hojuelas, pero todo indica que los ajustes presupuestarios caerán sobre nosotros como una losa -se habla de hasta 600 millones-, a menos que Rajoy recuerde la promesa que hizo a la diputada Ana Oramas durante su discurso de investidura de que se incrementaría la inversión estatal en Canarias para ir acercándola a la media nacional. Es cierto que Bruselas aprieta, e incluso obliga, a poner en marcha recortes draconianos, y que los mercados nos miran con lupa para ver cómo cumplimos lo inevitable. Pero aun así, Canarias debe ser vista como una comunidad con singulares y especificidades que, para actuar con justicia, resulta obligado tener en cuenta. Todos debemos aportar a la solidaridad, naturalmente, para cada uno en la medida de sus posibilidades. Y de eso se trata en este caso. El recorte de las políticas activas de empleo -1.557 millones, el 21,2%- no sé si verdaderamente hará daño a las Islas teniendo en cuenta el número de parados, pero afectará a corporaciones locales, sindicatos, patronales y a la propia comunidad autónoma, que son los destinatarios de las bonificaciones para contratación y de los cursos de formación para trabajadores. El Gobierno central aduce que los fondos no se traducen en creación de empleo y que su utilización muestra cierto grado de ineficiencia y quizás no le falte razón; mas cortar de golpe ese impulso económico puede ser perjudicial si no se contemplan otras medidas que fomenten la mejor formación de los desempleados. En conjunto, los Presupuestos reducen sensiblemente la inversión, respetan el gasto social, mantienen la congelación de las plantillas de la Administración -salvo en FF.AA: y de seguridad y personal docente y sanitario e inspecciones tributaria y laboral, con tasas de reposición de vacantes al 10%-, no mueven los impuestos más destacados para no perjudicar el consumo y tratan de fomentar el empleo; pero está por ver que respondan a las expectativas recaudatorias, que las comunidades autónomas restrinjan gastos en la medida que se les exige y que sirvan para cumplir los objetivos finales previstos y exigidos por Bruselas.

La verdad es que Rajoy tiene poco margen de maniobra ya que está obligado a seguir el riguroso Pacto de Estabilidad y su larga serie de condicionantes. Pero parece difícil que sin apenas inversión pública, sin estímulos al crecimiento económico, sin completar la reforma financiera y sin que se genere liquidez en el sistema -para que el crédito llegue a familias, autónomos y empresas- va a ser muy difícil, por no decir imposible, que mejore la demanda y se anime la creación de empleo, al menos durante unos meses. Los respaldos expresos de la Unión Europea y del primer banquero del país a las grandes líneas del Presupuesto están muy bien, pero España sigue siendo la gran preocupación de nuestros socios comunitarios.

Como ejemplo, la prestigiosa revista The Economist, que en su último número alude a la huelga general del jueves pasado y señala que, tras cien días en el Gobierno, a Mariano Rajoy se le ha terminado la luna de miel. El primer ministro -añade- ha perdido unas elecciones regionales importantes, la prima de riesgo vuelve a aumentar y el pasado 29 de marzo los trabajadores españoles llevaron a cabo una huelga general para protestar contra las reformas del Gobierno y la austeridad… “España, la cuarta mayor economía de la zona euro, se convierte así, una vez más, en el mayor dolor de cabeza del Viejo Continente”. La revista termina afirmando que “los españoles se enfrentan a un año terrible” y Rajoy tendrá que “impulsar e implementar” su programa de reformas tan rápido como le sea posible.

Y precisamente rapidez es lo que demandan el Banco Central Europeo, la Comisión, los mercados y todo lo que se mueve en torno a los intereses económicos españoles. El BCE ha instado al Gobierno a que tramite los Presupuestos por vía de urgencia o “con una legislación de emergencia”. No parece por tanto que nuestros socios, aparentemente confiados en la bondad de las medidas presupuestarias, estén dispuestos a bajar la guardia y la presión sobre Rajoy; por el contrario, da la sensación de que están perdiendo la paciencia por el interminable proceso de reforma financiera, el desvío de gasto público que se ha producido en el primer bimestre del año y el retraso, por razones electorales, en la presentación de unos Presupuestos que como pronto entrarán en vigor durante el mes de junio y con vigencia para un solo semestre. De ahí la duda de que en tan escaso periodo de tiempo, y con los recortes anunciados el viernes, se pueda reducir el déficit público al 5,3% impuesto por la UE y al tiempo dar pasos hacia la salida de la crisis económica. Estas cuentas del Estado para 2012, incluidas las subidas de la luz y el gas, traen consigo más sacrificios, austeridades y apreturas para los ciudadanos. Nuestra Hacienda común recauda menos de lo necesario a causa de la crisis y necesita aportaciones extraordinarias para cuadrar las cifras, pagar las deudas y seguir atendiendo las necesidades mínimas del Estado de Bienestar, como las pensiones, la educación, la sanidad, el desempleo, las becas y las urgencias sociales. Lo lamentable es que aun así no consigue el dinero necesario y el Gobierno tiene que acudir a una especie de amnistía fiscal para profesionales y particulares que, a cambio de un 10% y de un gravamen del 8% para la repatriación de dividendos de paraísos fiscales, eximirá de responsabilidad administrativa y/o penal a los defraudadores que ocultan su dinero y no tributan por él. Es como un premio a los delincuentes que tanto criticó el PP en 2010 cuando Zapatero sondeó la posibilidad de recurrir a una regularización fiscal. Para Rajoy se trataba de “una ocurrencia” y para María Dolores de Cospedal, de una medida “injusta” y “antisocial”. Y ahora, ya se ve, toma del frasco, Carrasco.

La disposición es sin duda injusta, y revela una vez más la incapacidad de los gobiernos para perseguir a los defraudadores; pero puede servir si cumple las expectativas de aportar unos 2.500 millones de euros de recaudación. El PSOE, y con él todos los partidos de izquierda y algunos nacionalismos, la han criticado duramente. Conviene recordar que también la aplicaron los ministros Boyer y Solchaga. El alemán Schroeder aprobó una amnistía fiscal en 2003 y hasta Berlusconi autorizó dos en 2001 y 2009. Dice el ministro Montoro que se trata de una “regularización extraordinaria” que permitirá atraer unos 25.000 millones que deberían haber tributado por el IRPF o por el Impuesto de Sociedades, y añade que el próximo Consejo de Ministros aprobará un plan antifraude y contra la economía sumergida . La realidad es que, según los técnicos de Hacienda englobados en Gestha, entre 1980 y 2008 la bolsa de fraude se multiplicó por cuatro, hasta alcanzar un volumen de 245.000 millones de euros anuales, lo que representa un impago de impuestos de unos 89.000 millones al año. Es cierto que probablemente gracias a la economía sumergida y a la ayuda de las familias muchos pueden pasar la crisis aunque sea con grandes apuros, evitando así un estallido social. ¿Pero nadie tiene la firme decisión de acabar de una vez con tan escandaloso fraude?

Otro punto que ha suscitado críticas, aunque demuestra la voluntad del Ejecutivo de encarar los problemas derivados del déficit tarifario -24.000 millones nada menos- es la subida de la luz y el gas, que inevitablemente repercutirá en el consumo y en el poder adquisitivo de las familias, y el aumento de la presión fiscal sobre las grandes empresas. También se censuran los aumentos de tasas y gravámenes, aunque se reconoce que el margen de actuación es muy estrecho. En esta línea se esperan medidas, ya anunciadas o bajo sospecha, para reordenar las administraciones, recortar el número de funcionarios, introducir el copago en sanidad y, tal vez, educación, etc. Con este paquete de disposiciones, Rajoy espera obtener la confianza de los inversores y de los socios europeos y torcer el mal rumbo de nuestra economía. Lo malo es que no parece que pueda lograrlo con ayuda de buena parte de la cámara legislativa -sin la izquierda y algunos nacionalismos- ni tampoco con el de la calle, con la que amenazan de nuevo las organizaciones sindicales.