Si los sindicatos se quedaron el viernes noqueados tras conocer las medidas adoptadas por el Gobierno para llegar a los 800 millones de euros que tiene que reducir por el recorte estatal, los funcionarios canarios están en estado de shock. Y es que los alrededor de 62.000 empleados públicos de la comunidad autónoma canaria verán reducido un 5% su sueldo (un 2,4% en la paga de Navidad y otro 2,6% en la nómina de julio). El Gobierno regional pretende, así, recuperar unos 200 millones de euros y no recurrir al despido. A esta cantidad, hay que unir otros 250 millones que vendrán de la subida del IGIC del 5% al 7% y la creación de dos nuevos tributos: uno que gravará a las entidades financieras que operan en el Archipiélago, y otro que hará lo mismo con las grandes superficies. También se suprimen algunas bonificaciones fiscales entre las que destaca la establecida para la telefonía fija y móvil que pasa de estar exenta, a tributar al tipo general, y se incrementa el impuesto sobre el combustible. Los más ricos también pagarán. En las rentas superiores a 53.000 euros al año, el tipo pasa del 21,5% al 22,58%.
Sindicatos y empresarios, como no podía ser de otra manera, han puesto el grito en el cielo. Unos, los sindicatos, porque rechazan que se grave al único sector que hasta ahora reactiva la economía a través del consumo; y otros, las patronales, porque consideran que, con esta medida, no solo se retrasa la salida de Canarias de la crisis, si no que, además, el Archipiélago se coloca a la cola.
Las palabras crisis, recorte, tijeretazo y hachazo están en el trending topic de las charlas de salón. Al mismo tiempo que aumentan los impuestos y se persigue el fraude; sube el gas, la luz, el agua, la gasolina y, en consecuencia, el transporte. En lo social, aumenta la ratio de alumnos en los colegios, medida que, por otro lado, no desagrada, ya que hay profesores en los centros públicos que tienen 10 alumnos por clase, mientras que en la escuela concertada, pueden llegar a los 25.
A partir de ahora, habrá algunos servicios sanitarios y medicinas de pago. ¡Se acabó el turista fresco que venía a España a disfrutar de nuestro sistema de sanidad público gratuito!. Los universitarios, bueno, mejor dicho, los padres de los universitarios, pagarán ahora más por la matrícula de sus hijos.
Pero es que además de cargar con nuestra particular mochila de los recortes, tenemos que colgarnos a nuestras espaldas las medidas nacionales y europeas. La más reciente y sorprendente es la de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, que hace un par de semanas se mostró, públicamente, muy preocupada por el elevado nivel de vida de los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, que vivimos mucho, y eso cuesta mucho dinero. Espero que Bruselas, para ahorrar costes, no recurra a poner límites a la tercera edad y fije un tope de años de vida.