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Cuatro detenidos, entre ellos el exalcalde de Casares, por blanqueo de capitales y delitos urbanísticos

EFE | Málaga

El exalcalde de Casares (Málaga) Juan Sánchez (IU); su esposa; un abogado de Estepona (Málaga) y una cuarta persona han sido detenidas en una operación contra el blanqueo de capitales coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y que ha bloqueado 236 casas, 165 cuentas de 19 bancos y 19 vehículos.

El caso -aún abierto y en el que han registrado 14 inmuebles, entre ellos el Ayuntamiento de Casares y la casa del exalcalde- destapa una trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística en la Costa del Sol relacionada con organizaciones criminales.

Los arrestados son considerados responsables de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, ha informado la Guardia Civil, que ha intervenido junto al Cuerpo Nacional de Policía.

Este caso, que está bajo secreto de sumario, comenzó a investigarse a final del 2010 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona, ante cuyo titular han comparecido ya el exalcalde, que llegó a la sede judicial a las 17.00 horas y seguía allí tres horas después, y una mujer.

Sánchez, actual concejal de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda, fue elegido alcalde de Casares (5.300 habitantes) en las elecciones de 1979 y estuvo hasta el 2009 con un paréntesis de cinco años, de 1995 a 2000, cuando gobernó el Grupo Independiente Liberal (GIL) fundado por el fallecido Jesús Gil.

También presidió la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental entre el 2003 y el 2011.

Desde esta mañana el Ayuntamiento permanece custodiado por la Guardia Civil y cerrado al público para poder inspeccionar documentación, para lo que se ha recabado la colaboración de la alcaldesa, Antonia Morera (IU), que sucedió en el 2009 a Sánchez cuando éste dimitió del cargo.

Entre los documentos que han pedido los investigadores hay actas de pleno y archivos informáticos, y el Ayuntamiento ha entregado la información requerida por un supuesto delito urbanístico en el proyecto Majestic, relacionado con una urbanización en Casares Costa, han informado a Efe fuentes municipales.

En el 2007 el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos del Ayuntamiento, presidido entonces por Juan Sánchez.

El consistorio supuestamente aprobó el 14 de diciembre del 2004 la adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas públicas sin la correspondiente subasta a la promotora Majestic Construction and Development.

Según los cálculos efectuados entonces por el PSOE, se habría producido un fraude al patrimonio público equivalente a 3,3 millones de euros, al tasarse el metro cuadrado de techo por un valor cinco veces por debajo del real para este sector municipal.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó además en el 2003 y el 2004 dos construcciones sin licencia y en suelo no urbanizable y denunció a Sánchez y al edil de Urbanismo por delitos contra la ordenación del territorio.

En el 2006, tras destaparse la operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, Juan Sánchez manifestó que aquel caso contribuía a generar “desconfianza” en la clase política, hasta el punto de que “decir que uno es concejal en la Costa equivale a que uno es un delincuente”.

IULV-CA aplicará el código ético de la coalición en función de lo que arroje la investigación que se lleva a cabo en Casares, así como los extremos y responsabilidades que se deriven de la misma.

La formación, dispuesta a mantener la máxima colaboración con la investigación, señala que siempre apostó por indagar a fondo cualquier caso, “y en este caso no podía ser de otra forma”.

Por su parte, el presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol y de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, ha señalado que este registro en Casares no es una “noticia positiva” para la Costa del Sol porque da “mala imagen”