EFE | Alicante

La Policía Nacional ha detenido a 27 personas, la mayoría de ellas en la provincia de Alicante, por un presunto fraude de más de 685.000 euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo a través de una empresa murciana.

Los supuestos delitos económicos consistían en simular contratos de trabajo para obtener de forma fraudulenta prestaciones públicas y autorizaciones de trabajo y residencia, según han explicado fuentes policiales en una nota de prensa.

En la operación, denominada “Salao”, han sido arrestadas 27 personas por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa a las instituciones públicas de empleo y a la Seguridad Social, y favorecimiento de la inmigración ilegal.

La investigación se inició en noviembre de 2011, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que el gerente de una empresa constructora, ubicada en Sucina (Murcia), no había efectuado ningún ingreso de cuotas en la Seguridad Social desde su creación.
La cuantía de esta deuda ha sido cifrada en más de 400.000 euros, según han añadido las mismas fuentes.

A través de numerosas indagaciones, los agentes determinaron que esta empresa había sido creada para “permitir el acceso indebido a autorizaciones de trabajo y residencia de ciudadanos extranjeros y el disfrute de prestaciones públicas”.

Para ello, se simulaban contrataciones laborales “con numerosos movimientos de altas y bajas de trabajadores, por los que no se abonaban las correspondientes cuotas a la Seguridad Social”.

Una vez se obtenían los contratos, los interesados tramitaban sus peticiones de permiso por residencia y prestaciones por desempleo en la provincia de Alicante con el fin de “pasar más desapercibidos y evitar que se detectase el fraude”, han añadido las citadas fuentes.

Los 285.000 euros restantes del presunto fraude han sido detectados en prestaciones por desempleo, también derivadas de las contrataciones de trabajo simuladas.

De hecho, la investigación ha descubierto que 54 personas que habían sido dadas de alta por la empresa habían disfrutado, tras la extinción del contrato, de prestaciones por desempleo en cantidades que oscilaban entre 4.000 y 15.000 euros.

Un elevado número de solicitantes de estas prestaciones se habían marchado a sus países de origen, principalmente Marruecos y Argelia, tras obtener el derecho a las mismas.

El fraude, aunque en menor medida, también se extendió al cobro de prestaciones de incapacidad laboral por maternidad, pues este tipo de contratos fueron realizados cuando las mujeres ya presentaban un avanzado estado de gestación.