Cuando se observa la vorágine de acontecimientos políticos y económicos que se precipitan en la actualidad, surge la impresión de que estamos viviendo cada vez más en una sociedad compartimentada, en una especie de autismo, en que cada sector se repliega sobre sí mismo, aislado de lo que sucede en el resto de la sociedad.
Ocurre mucho con las manifestaciones que las organizaciones sindicales y afines organizan día sí y día también con respecto a los recortes, en los que cada cual reclama que no les afecte a ellos, pese a que casi todos deben percibir que la situación es insostenible y que algo hay que hacer, empezando por eliminar gastos.
El concepto es que se quiten, sí, pero que sea a otros. El caso educativo es paradigmático. Hay manifestaciones y concentraciones en contra de las reformas y reclamando una estabilidad sin cambios, pese a que su entorno se está desmoronando por todos los lados.
Afirman los sindicatos que subir el número de alud nos por clase va a empeorar la enseñanza, o reclamar mayor ratio de horas trabajadas traerá menos dedicación. Seguramente será así. Pero hablar de que empeora la enseñanza cuando tenemos los mayores índices de fracaso escolar, cuando en el presupuesto de la comunidad, junto con Sanidad, otro sector reivindicativo, se llevan el ochenta por ciento del gasto y los profesores han estado entre los mejores pagados de España, parece un caso de autismo en el que se exigen los derechos de los docentes, pero se ignoran casi por completo los derechos de la sociedad para obtener a cambio una rentabilidad social cuantificada en mejores resultados en los alumnos.
Esa es una cosa que habitualmente está marginada en estas manifestaciones, salvo como instrumento para reivindicar más sindicalmente y menos, mucho menos, para responder de la responsabilidad que se supone que implica. Las valoraciones que han hecho las instituciones europeas de la enseñanza canaria son de escándalo y la respuesta ha sido o ignorarlas o afirmar que están mal hechas. Y aquí paz y el informe en la gloria.
Eso de anclarse sólo en el propio entorno tiene protagonistas de las formas más peregrinas. Como sucede con quienes reclaman en La Laguna, creo que con derecho, que el Ministerio de Fomento cumpla los proyectos de mejora de la accesibilidad de sus barrios. Pero el argumento de unos de sus dirigentes es singular. Dice que la inversión sería “el 0,0002 por ciento de lo que el Gobierno va a aportar a Bankia”. Si esa es la principal justificación, están aviados, porque la “aportación” es un crédito al 8 por ciento y no parece que este dirigente vecinal esté por la labor de que estas obras sean con un préstamo con intereses que tendría que devolver. Pero la realidad no importa, aunque no tenga nada que ver, Bankia es ya un buen argumento como unidad de medida para el ascensor que piden en La Verdellada.