SUBIDA DEL IGIC >

El CES avisa que el IGIC puede contraer el consumo y afectar a toda actividad

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo Económico y Social (CES) ha advertido al Gobierno de Canarias de que su decisión de subir el IGIC puede “retraer aún más el consumo”, al encarecer todo tipo de bienes y servicios, “con repercusiones en la actividad de todos los sectores” del tejido productivo del archipiélago.

El CES emplaza, además, al Ejecutivo regional a que avance en la reforma del sector público, con “medidas auténticamente eficaces y de calado, profundizando así en la necesaria, inaplazable y urgente reforma de nuestra administración, que no acaba de acometerse en un contexto de clara y preocupante desactivación económica”.

El Consejo hace estas consideraciones en su informe al anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales que el Gobierno canario va a llevar al Parlamento dentro de sus planes de reequilibrio financiero de la comunidad, con medidas que incluyen recortes en el salario de los empleados públicos y subidas de impuestos que el propio Ejecutivo valora en 250 millones de euros.

En ese informe, hecho público hoy, el CES se queja “de la ausencia total de análisis y estudios económicos que permitan, razonablemente, determinar los previsibles efectos” que tendrán las medidas de carácter fiscal, como la subida del IGIC, la creación de nuevos impuestos sobre las grandes superficies o los depósitos bancarios y el aumento del número e importe de tasas públicas.

De hecho, hace una recomendación expresa para que, en adelante, el Gobierno canario acompañe este tipo de iniciativas “de un informe o memoria en torno a los previsibles efectos de la norma propuesta sobre el funcionamiento de la libre competencia en los mercados, la libertad de empresa y el bienestar de los consumidores, así como la calidad y productividad de los servicios públicos”.

Este dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales ha sido aprobado por unanimidad, pero contiene además un voto particular en el que las patronales CCE y CEOE Tenerife y la Cámara de Comercio de Gran Canaria exponen críticas aún más severas respecto al efecto de la subida fiscal.

En el Plan de Reequilibrio de Canarias al que el Consejo de Política Fiscal y Financiera dio el visto bueno la semana pasada, el Gobierno de Rivero precisa que pretende recaudar este año casi 138 millones de euros adicionales a través del IGIC, subiendo sus tipos y eliminando algunas exenciones, y otros 90 millones de euros con la elevación del impuesto sobre combustibles.

En el dictamen compartido por todo el CES, empresarios, sindicatos y el resto de miembros de este órgano consultivo llaman la atención al Ejecutivo sobre “los previsibles efectos” que ese aumento de la presión fiscal “podría tener sobre la actividad económica y el consumo en las islas y, como consecuencia de todo ello, en la competitividad” de la economía de la comunidad autónoma.

En el caso concreto del IGIC, el Consejo Económico y Social avisa de que subirlo “afectaría a la mayoría de bienes y servicios de consumo, con repercusiones en la actividad económica de todos los sectores, muy castigados por la contracción de la demanda y la pérdida de poder adquisitivo de las familias”, lo que implica riesgos “para el desarrollo económico y la cohesión social”.

Advierte, asimismo, de que el alza del IGIC “puede arrastrar tras de sí el de los precios de los alimentos básicos, en una región con menor nivel de renta y mayor tasa de desempleo” que la media nacional.

“Medidas de este tipo, a expensas de una mejor fundamentación económica, podrían determinar retraer más el consumo, y no por propia voluntad, sino por incapacidad económica”, añade.

Respecto al otro tipo de medidas de contención del gasto público, el CES dice que no tiene “nada que objetar a los criterios de austeridad, ahorro y mejora de la gestión pública inspiradores del anteproyecto de ley”, pero también subraya que percibe en él “escasos avances en una auténtica reforma estructural”.

También critica que una medida como la reducción de las retribuciones de los empleados públicos se haga vía ley y no por medio de una negociación con los órganos de representación del personal al servicio de la administración pública, porque ello produce, “de facto, una deslegitimación de los mismos”.

En su voto particular, los representantes de los empresarios sostienen que algunos impuestos de nueva creación pueden resultar inconstitucionales o vulnerar la legislación europea.