DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno regional y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) volverán a reunirse el próximo martes para seguir avanzando hacia el consenso sobre la reforma de la ley 3/1999, del Fondo Canario de Financiación Municipal.

Una vez que se ha garantizado la continuidad de esta “herramienta de supervivencia” de los 88 ayuntamientos de las Islas y el reparto de los 203 millones previstos para 2012, la intención es actualizar a partir de 2013 el mecanismo de revisión anual del importe que reciben las corporaciones.

Hasta ahora se viene haciendo en la cuantía que resulte de aplicar el índice que experimente mayor crecimiento del último ejercicio; es decir, el Producto Interior Bruto (PIB), en términos nominales, y el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Después de una reunión de tres horas, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y de Economía y Hacienda, Francisco Hernández Spínola, y la vicepresidenta de la Fecam, Elena Luis Domínguez, coincidieron en rueda de prensa en que la actual fórmula es “insostenible”, porque el fondo “no puede estar” por encima de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Spínola explicó que se trata de fijar una cláusula “a través de la cual se asegure un mínimo de ingresos para los municipios sin comprometer otras partidas”. Eso significa en la práctica que los ayuntamientos recibirán menos al menos mientras persista la crisis económica.

Spínola (PSOE) y Domínguez (CC) aprovecharon su comparecencia para arremeter contra los recortes acometidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que han trasladado a Canarias un déficit de 800 millones de euros. A modo de compensación, la delegación de la Fecam planteó suavizar el indicador de endeudamiento a largo plazo. El Ejecutivo ya había anunciado una rebaja de los criterios de saneamiento económico-financiero al constatar que solo tres municipios alcanzaron en 2010-11 los niveles mínimos exigidos en los cinco indicadores. El año pasado, el Gobierno canario distribuyó 223 millones de euros, de los que la mitad han de destinarse a inversión o a financiar acciones de saneamiento.

Frente a la fusión de ayuntamientos, “eficacia”

El Ejecutivo canario y la Fecam invocaron ayer la “singularidad” de las Islas para rechazar las fusiones de municipios de menos de 5.000 habitantes, tal como pretende el Gobierno de la nación.

A su juicio, las peculiaridades de Canarias hacen “innecesaria” esa iniciativa. “La fórmula no es quitar ayuntamientos, sino definir las competencias de las administraciones para evitar duplicidades o triplicidades”, manifestó la vicepresidenta primera de la Fecam, Elena Luis Domínguez. Por su parte, el consejero Francisco Hernández Spínola argumentó que en el Archipiélago hay un ayuntamiento por cada 20.000 habitantes y en la Península uno por cada 5.000 mil. Ambos abogaron por mancomunar servicios para ser más eficientes.

En un informe remitido al Ministerio de Hacienda, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propone la asociación voluntaria mediante “distritos de interés comunitario”. En cualquier caso, recalca que los ayuntamientos deben ser “respetados” como institución política básica de participación de los ciudadanos.

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis de Guindos, adelantó que el Gobierno acometerá una “racionalización” del número de ayuntamientos españoles, informó Efe. “Es necesario reducir un gasto público que a veces no es eficiente”, apostilló.

Recurso

En otro momento de la rueda de prensa posterior a la reunión bilateral sobre el Fondo Canario de Financiación Municipal, Spínola recordó que los servicios jurídicos del Ejecutivo de Paulino Rivero estudian la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos generales del Estado.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos, ya había hablado en el Parlamento de la posibilidad de presentar una demanda en ese sentido si no se arregla el recorte lineal de los fondos destinados a inserción, formación y empleo. En opinión de Ramos, esa práctica genera “más desigualdad entre los ciudadanos”.

Durante una comparecencia en comisión, la consejera Ramos dio cuenta de su pretensión de reunirse con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un último intento de reconducir la situación.

Ayer, el lehendakari, Patxi López, comunicó que el Ejecutivo vasco recurrirá algunas de las medidas de ajuste en materia de sanidad y educación impulsadas por Mariano Rajoy.