EUROPA PRESS | Santa Cruz

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, anunció hoy que este año el ejecutivo regional no podrá cubrir el recorte del Estado en la financiación del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales, como hizo en 2011.

En una comparecencia en comisión parlamentaria, Inés Rojas dijo que el recorte del Estado en 2011 fue de 400.000 euros, que fueron compensados por la aportación del Gobierno de Canarias, pero este año no se podrá hacer lo mismo porque la bajada es en torno a los 1,7 millones, según los datos aportados por la consejera.

Inés Rojas garantizó que la parte correspondiente al Gobierno de Canarias no se reducirá y señaló que confía en que antes de junio, cuando se aprueban definitivamente los presupuestos del Estado, se corrija la financiación.

“El Estado lo tiene que entender, si el Estado no nos entiende es que ha dejado de entendernos y entonces Canarias tiene que hablar alto y claro”, dijo Inés Rojas.

La consejera explicó que el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales asciende a unos 70 millones de euros, de los que el Gobierno de Canarias aporta unos 22 millones, el Estado cuatro millones -menos la rebaja anunciada del 43 por ciento (unos 1,7 millones inferior si se mantiene el recorte)- y el resto los ayuntamientos.

El Gobierno de Canarias, subrayó, ha tenido que recortar en otras áreas, pero en esta no solamente ha mantenido el presupuesto sino que ha incorporado otras prestaciones básica como la atención a la infancia.

La consejera dijo que los ayuntamientos están preocupados por el recorte estatal, porque se han dotado de puestos de trabajo especializados en el campo de lo social para atender las prestaciones, así que habrá que esperar a ver si “se reconduce” la situación antes de junio.

Detalló que en 2010 y 2011, unas 481.000 personas han sido atendidas en estos servicios para personas en riesgo de exclusión social.
“Lo último que se debe tocar es la red de servicios sociales de Canarias”, insistió Inés Rojas, quien afirmó que se niega a asumir que el dinero no va a venir del Estado, porque “tiene que venir”.

Inés Rojas dijo que en el conjunto de áreas que cubre su consejería -Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda- el recorte de la financiación del Estado es de 21,55 millones de euros.

La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, que había pedido la comparecencia de la consejera, consideró necesario mantener la financiación del plan concertado de prestaciones básicas para mantener la atención municipal a los ciudadanos en situación de exclusión y pobreza.

Se trata de “un pacto entre instituciones” y por tanto el Estado debe garantizar su parte en la prestación de los servicios básicos a la población, dijo Carmen Hernández.

Denunció que como consecuencia de los recortes, hay municipios que están aportando el 60 por ciento de la financiación del plan, cuando sólo les corresponde el 50 por ciento.

“En el peor momento, en las perores situaciones de pobreza y exclusión, el Estado nos anima es a desmantelar los servicios sociales, eso es a lo que están abocando a los municipios canarios”, denunció Carmen Hernández.

Para la representante de Nueva Canarias el Gobierno central “maltrata y discrimina al territorio canario sin ninguna justificación”.