YAZMINA ROZAS – BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario aprobó ayer el proyecto de ley de Medidas Administrativas y Fiscales sin apenas introducir cambios. El texto continúa su trámite manteniendo los dos nuevos impuestos sobre las entidades financieras y las grandes superficies, así como la rebaja salarial del 5% a los empleados públicos.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo regional han manifestado sus dudas legales sobre estos tres puntos pero el portavoz gubernamental, Martín Marrero, argumentó que el dictamen del Consejo Consultivo señala que las medidas se ajustan a la legalidad.

Respecto al nuevo impuesto sobre las grandes superficies, los juristas gubernamentales habían apuntado que normas similares, en cuatro comunidades autónomas, se encuentran recurridas ante el Tribunal Constitucional, por lo que estas figuras están a expensas de las correspondientes sentencias.

Marrero destacó que “no hay sentencia firme en contra”. Añadió que, en el proyecto, se ha hecho una mejora en la argumentación para establecer, de manera más clara, que ese impuesto se crea para proteger al medio ambiente.

El texto mantiene también el nuevo tributo sobre depósitos a entidades financieras, a pesar de que en dos regiones está recurrida también por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. El servicio jurídico ve, además, un conflicto competencial en la rebaja salarial del 5%. Puntualizaron que parece entenderse que esta reducción se realiza sobre los salarios básicos, sobre los que el Estado tiene la competencia exclusiva para su fijación en los presupuestos y no la Comunidad Autónoma.

El portavoz gubernamental enfatizó que no se plantea “ningún problema de legalidad”, por lo que esta medida se mantiene en el texto, tal y como estaba redactada en el anteproyecto.

La única modificación introducida se refiere a la jubilación de los empleados públicos. Se elimina la prohibición de alargar la edad de jubilación más allá de los 65 años y se prevé un sistema “excepcional” que permite la prolongación en el servicio activo, pero solo cuando para la prestación de dicho servicio sea “imprescindible” la continuidad del empleado público más allá de los 65 años.

Los juristas recordaron que es necesario un informe del Ministerio de Economía y Hacienda antes de la remisión del proyecto al Parlamento. Sin embargo, Marrero no considera que haga falta este trámite ya que, argumentó, las medidas están incluidas en el plan de ajuste presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que fue aprobado por dicho ministerio.

El proyecto de ley llegará mañana al Parlamento y se espera que se debata en pleno antes de que acabe junio, para entrar así en vigor el 1 de julio.

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El dictamen del Consultivo hace observaciones constitucionales “mas o menos duras”

Encaje. El dictamen del Consejo Consultivo de Canarias a la propuesta legislativa de medidas administrativas y fiscales no formula ninguna duda sobre el encaje constitucional de la iniciativa más polémica y cuestionada legalmente del Gobierno de nacionalistas y socialistas, según fuentes conocedoras del contenido del pronunciamiento de este organismo. Sin embargo, el Consultivo ha recogido diversas referencias a la Constitución, “unas más duras que otras”.

Ponencia.La ponencia responsable de la redacción del dictamen estuvo compuesta por los siete consejeros que componen el pleno. Un hecho inusual que pone en evidencia el poco tiempo disponible para analizar el encaje constitucional y al Estatuto de Autonomía de esta propuesta. Una semana con el texto final y 10 días con la primera versión remitida. En los 70 folios de extensión de este documento también se pone en evidencia la complejidad de un anteproyecto de ley que, a pesar de haberse justificado por la necesidad de equilibrar la pérdida de 800 millones de euros estatales, aprovecha para modificar varias leyes, que no tienen ninguna relación con el objeto de la iniciativa.

Técnicas. El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, informó que el Consejo de Gobierno debatió ayer el dictamen del Consultivo. Apuntó que solo se formulan “observaciones técnicas y legislativas” que se han tenido en cuenta, pero que no han producido ninguna modificación “sustancial”. Explicó que el dictamen plantea reparos “puntuales” que no afectan a la “esencia” de lo que se recogía en el anteproyecto de ley, sino que solo pide fundamentar o precisar más algunos de los aspectos que se regulan en el articulado. Marrero destacó que el Consultivo ha señalado que el proyecto de ley “se ajusta” a las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma en la materia, y que “no contradice, ni se opone”, al marco normativo jurídico vigente.

Legislación. Respecto a que se utilice este anteproyecto de presupuesto para modificar legislación ajena al objeto de la iniciativa, como la regulación de las parejas de hecho, la de ordenación del territorio y la ley de juegos y apuestas, el portavoz gubernamental argumentó que estos cambios suponen una “mejora” en la eficiencia de la gestión, lo que supondrá a su vez una mejor utilización de los recursos materiales y de personal.

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