JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Miembro activo de los movimientos estudiantiles y sociales desde que era adolescente, el uruguayo José Morales Brum llegó en 2002 a Lanzarote tras aceptar una oferta de trabajo como técnico en estructuras metálicas. Con su permiso de trabajo y residencia en vigor, así como una relación sentimental fruto de la cual nació una hija, Morales no podía imaginar el calvario en el que se convertiría su apacible vida en nuestro país.
Todo empezó el pasado mes de febrero, a raíz de su participación en una concentración “espontánea y pacífica” frente a la sede del Partido Popular (PP) de Lanzarote, donde Morales y una decena de personas expresaron su rechazo por las prospecciones petrolíferas en aguas canarias.
A pesar de que el inmigrante charrúa aparece en varios documentos gráficos captados durante la protesta, ajeno a cualquier tipo de comportamiento violento, fue identificado por la Policía Nacional y acusado de alterar el orden público, aunque ninguna persona ni tampoco el mobiliario urbano sufrió daños durante la acción, que coincidía con una visita del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a la isla conejera.
Dos meses después, el 3 de abril, a Morales se le notificó un expediente de expulsión, el segundo en apenas seis meses, ya que en julio de 2011 le habían incoado otro tras unos incidentes durante una concentración de apoyo al pueblo saharaui en Arrecife, en la que un agente de policía de paisano sacó su pistola en medio de la calle. Dicho expediente, que se le incoó por poner en riesgo la seguridad nacional y las relaciones de España con otros países, se suspendió en enero, hasta que se resuelva la denuncia. “Soy un chivo expiatorio, una cabeza de turco, porque siempre he tenido un compromiso muy activo con los movimientos sociales”, explica a este periódico Morales Brum, que asegura que las denuncias que le han llevado a esta situación son “falsas” y están condicionadas por una causa que su expareja abrió contra él por una presunta agresión, denuncia que fue sobreseída en octubre de 2009. “Al estar apoyando los procesos de asociacionismo y la defensa de los derechos de los trabajadores, y ser migrante, puedo constituir una amenaza para los cuerpos de seguridad y el propio Gobierno”, incide el inmigrante uruguayo, cuyo caso ha llegado al Congreso e incluso a la Comisión Europea.
Ecos en Bruselas
De hecho, el eurodiputado de Izquierda Unida (IU), Willy Meyer, exigió la semana pasada a Bruselas que investigue la orden de expulsión de Morales Brum, por lo que, según Meyer, supone “una clara violación del derecho a la presunción de inocencia”, ya que, matizó el eurodiputado, la orden de repatriación se basa en la imputación en un presunto delito de alteración de la seguridad ciudadana y de atentando a la autoridad pública que “no ha sido resuelta con ninguna sentencia en firme”. En la misma línea se han manifestado otros colectivos sociales del Archipiélago, como el Movimiento Ciudadano de Lanzarote, la Plataforma Canarias dice no a las petroleras o la Asociación en Defensa de los Derechos del Pueblo Saharaui, que siempre han negado que Morales participase en actos violentos ni que atentase contra la integridad de las personas o la seguridad ciudadana.
En base a estos testimonios y otras pruebas documentales, el ciudadano uruguayo recurrirá en el juzgado de lo contencioso-administrativo este segundo procedimiento de expulsión.
Además, ha presentado una denuncia contra el subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, por los presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad. “Estoy dispuesto a llegar hasta el final en esto, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias o el Supremo si hace falta”, denota José Morales Brum, quien considera que el Estado ha iniciado una “campaña de desprestigio personal y una persecución” contra él. “No se trata de un caso particular, sino de una persecución contra todos los movimientos sociales, porque el Gobierno pretende castigar el ejercicio de la libre manifestación y participación”, arguye Morales, que cree que “esta situación le puede ocurrir a cualquiera, especialmente a aquellas personas que integran los colectivos migrantes”.
A la espera de la presentación del recurso, José Morales vive “angustiado” y con “miedo”, a pesar de que su abogado deja claro que mientras el proceso esté abierto no tiene problemas para moverse por el territorio español, “porque todavía no se ha tomado en cuenta este extremo de dejarme sin papeles”, concluye Morales.
Su proceso, en caso de ser expulsado, marcaría un antes y un después en materia migratoria, ya que sería la primera vez en la historia reciente de España que una persona en situación regular es repatriada sin que pese sobre ella ninguna condena ni antecedente penal.