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“Las administraciones deben extremar la protección de los más vulnerables”

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"Es urgente la creación de un reglamento claro y transparente sobre la dependencia”, afirma Cava de Llano. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, María Luisa Cava de Llano y Carrió (Barcelona, 1948), lleva más de una década trabajando en la Oficina del Defensor del Pueblo. En 2005 fue nombrada adjunta primera de la Institución, y a partir del 1 de julio de 2010, tras el cese del que era su titular, Enrique Múgica, asumió este cargo en funciones. Desde entonces, ha tenido que lidiar con los peores momentos de la crisis, que ha disparado el número de quejas y denuncias de los ciudadanos. La mayor parte de ellas se sitúan en el ámbito de la economía, la sanidad y la justicia, como reconoce en esta entrevista con DIARIO DE AVISOS.

-La crisis ha disparado las quejas al Defensor del Pueblo en los dos últimos años. ¿Cuáles son las áreas donde el ciudadano muestra más su actual descontento?

“La crisis afecta a todos, y lógicamente hace aumentar las quejas relacionadas con asuntos económicos, como son las malas prácticas bancarias, las relativas a impuestos y tributos y, por supuesto, los problemas de acceso a la vivienda. Como también ha aumentado la litigiosidad en materia de administración de Justicia y hay más reclamaciones judiciales porque se producen más dilaciones y, consecuentemente, más quejas por la lentitud de la Justicia, debida a la falta de medios personales y materiales. La sanidad, en particular la atención a desplazados, también ha suscitado numerosas quejas; y en el ámbito educativo las personas se dirigen a la Institución criticando la falta de centros, la utilización de aulas prefabricadas o la falta de mantenimiento de los edificios. En la mayoría de las quejas subyace la carencia de medios económicos para solucionar los problemas”.

-¿Tienen en cuenta las administraciones las resoluciones que emite la Institución?

“Las administraciones públicas colaboran, en su mayoría, y se muestran receptivas con los criterios de la Institución. Sirva de ejemplo que en el año 2011 se formularon 546 resoluciones, entre recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes legales y advertencias. El 31 de diciembre ya se había recibido respuesta a 72 de las 154 recomendaciones, con una aceptación de más del 70% de los argumentos de la Defensoría, y las sugerencias tuvieron un porcentaje de aceptación parecido (69,83%). Son datos al cierre del informe anual, pero continúan llegando respuestas y aceptaciones. Es frecuente que pasado el tiempo desde que emitimos una recomendación nuestros argumentos aparezcan recogidos en disposiciones de la Administración”.

-Hace poco más de un año se puso en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención, mediante el cual el Defensor del Pueblo realiza visitas de supervisión preventiva a centros de detención y de privación de libertad en todo el territorio nacional. ¿Qué conclusiones más destacadas ha sacado en todo este tiempo?

“La Institución quiso realizar en ese tiempo un significativo número de visitas, alrededor de 300, para obtener una visión de conjunto sobre los lugares de privación de libertad y en nuestro primer informe detallamos las debilidades detectadas, que deben ser corregidas. Nos preocupa la exposición mediática de los actos de detención, que pueda contarse con un abogado desde el inicio de la privación de libertad, que se revise la regulación del régimen de detención incomunicada, que se generalice la videovigilancia y videograbación y, sobre todo, que las denuncias por tortura o maltrato sean investigadas hasta sus últimas consecuencias, que se investiguen y resuelvan por un juez. En el segundo año de trabajo de la Institución como MNP (estamos a punto de presentar el informe relativo a 2011) se ha rebajado el número de visitas, la visión de conjunto ya la tenemos, y se ha apostado por dar aún más voz a los internos en los diferentes lugares de privación de libertad. Además, se han reforzado los equipos que realizan las visitas con expertos en psiquiatría y medicina forense”.

-Un reciente informe del Consejo General de la Abogacía Española estima que la mitad de los internamientos de inmigrantes en los CIE no tiene fundamento legal. ¿Qué opinión le merece?

“No se puede decir que no sean legales, ya que estos internamientos están autorizados por un juez. No obstante, a la vista de las quejas que, de manera incesante, seguimos recibiendo, en el informe anual correspondiente a 2011 hemos considerado conveniente recordar dos pronunciamientos de la sentencia 115/1987, de 7 de julio, del Tribunal Constitucional. En primer lugar, el Tribunal Constitucional estableció que la medida de internamiento tiene un carácter excepcional, de modo que serán las propias circunstancias del caso las que justificarán el internamiento que será controlado por un juez. Por otra parte, el tribunal señala que la referencia que realiza la norma a que el internamiento ha de tener lugar en centros que no tengan carácter penitenciario, constituye una garantía adicional que trata de evitar que el extranjero sea sometido al tratamiento propio de los centros penitenciarios. Pero, a estas alturas, se puede decir que esta doctrina del tribunal no ha sido aplicada con la debida claridad por parte de los distintos organismos con competencias en el internamiento de extranjeros”.

-¿Cuál es la actual situación de los centros de internamiento de Canarias?

“Hemos visitado los centros de internamiento canarios en diversas ocasiones. La última vez, en 2011, cuando estuvimos en los centros de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Desde finales de 2009 la oficina del Defensor del Pueblo fue designada Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Las últimas visitas realizadas a los centros canarios las hemos realizado bajo esa condición, por lo que será en el informe anual del MNP, que haremos público antes de verano, donde daremos cuenta de estas inspecciones. Puedo adelantarle que hemos constatado que algunas de nuestras sugerencias, fruto de estas visitas, ya han sido aceptadas”.

-El Diputado del Común del Archipiélago ha elevado varias causas al Defensor del Pueblo, muchas de ellas referentes al ámbito sanitario, como es el caso de las listas de espera y presuntas negligencias y mala praxis médica. ¿Tiene constancia de que se haya emitido alguna resolución al respecto?

“Claro que sí. Por ejemplo, en 20011 finalizamos una investigación en relación con la intimidad de los pacientes y la confidencialidad de los datos clínicos. La atención dispensada a dos pacientes en centros dependientes del Servicio Canario de Salud, permitió que terceras personas pudieran conocer los procesos de enfermedad que les afectaban (VIH/Sida). Y dado el carácter estigmatizante creado en torno a esta enfermedad y por la mayor posibilidad de discriminación de la que pueden ser objeto quienes la padecen, hubiera sido necesario cuidar especialmente la confidencialidad. Este hecho motivó que hiciéramos una recomendación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias para que se dictaran las instrucciones oportunas para extremar, en los centros de atención a pacientes seropositivos, las medidas respecto al derecho a la intimidad como derecho fundamental. En su contestación, la Consejería informó de la implantación de diferentes medidas sobre el tratamiento de datos de carácter personal, subrayando que se había trasladado la recomendación a todos los centros sanitarios”.

-Otra cuestión que preocupa mucho en las Islas y en todo el territorio nacional es el asunto de los niños robados. ¿En qué medida puede su institución colaborar con los procesos abiertos? ¿Lo está haciendo ya?

“Es un asunto realmente terrible. A la Institución acudieron representantes de diversas asociaciones de afectados, les escuchamos y pusimos en marcha una investigación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Estado de Justicia para conocer el alcance de estas denuncias, cerca de 1.500, y su instrucción procesal. La Fiscalía nos envió datos a finales del año pasado y estamos a la espera recibir una actualización y conocer las medidas que puedan adoptarse”.

-Los recortes están poniendo en peligro muchos servicios sociales básicos, y leyes como las de Dependencia, que han generado miles de quejas a su institución, están en una situación muy complicada. ¿Qué ocurriría si se derogan o suprimen recursos y prestaciones ya comprometidas? ¿Cómo puede actuar el Defensor del Pueblo en estos casos?

“Insistimos permanentemente en que se extremen las garantías para la atención de la tercera edad y la dependencia, en la necesidad de que se unifiquen los criterios entre las comunidades, y consideramos urgente la aprobación de un reglamento que determine la participación de los beneficiarios en el coste de los servicios y prestaciones, informando de forma clara y transparente a los ciudadanos. Hasta ahora, las quejas que llegaban eran por retrasos en la tramitación de las solicitudes de valoración y en la notificación de la resolución del grado y nivel de dependencia; o por tardanza en aprobar el programa individual de atención. Pese a las dificultades de financiación no deberían suprimirse las prestaciones ya concedidas. Los colectivos formados por dependientes, menores e integrantes de la tercera edad son los eslabones más vulnerables de la sociedad y por ello han de ser protegidos en situaciones de riesgo”.

-¿Sigue siendo la violencia de género una de las cuestiones que genera más quejas y denuncias a la institución que usted dirige?

“Este es un asunto que nos preocupa enormemente, independientemente del número de casos. La violencia de género es una vergonzosa lacra social que, por desgracia, sigue mostrando su existencia con frecuencia, aunque desde hace años las administraciones públicas y los sucesivos gobiernos luchan contra ella. La sociedad ha tomado conciencia y la rechaza pero no ha desaparecido y no se puede bajar la guardia, porque en esta situación de crisis económica generalizada sí que se ha notado la menor disposición de recursos para combatirla; se producen dilaciones en los procedimientos judiciales especiales, hay falta de medios para los equipos psicosociales en los juzgados de violencia de género, en la dotación para casas de acogida y en la satisfacción de las necesidades de las víctimas”.